Un contrato que fue denunciado en 2015 por asociaciones y diputados del frente oficialista

“Apuntan a la contratación de la empresa PIMP para el servicio de recolección de residuos no tradicionales por un monto de 269 millones de pesos por cuatro años. No solo tiene un contrato millonario con la gestión de Aida Ayala, sino dos”, aseguró en su momento el Centro Mandela contra esta empresa que fue denunciada en 2015.

Esa investigación surgió luego de que se estallara que la empresa ganó una millonaria licitación para tratar los residuos sólidos durante la gestión de la intendenta Aída Ayala.

“La empresa PIMP S.A. está en funcionamiento desde el año 2013. No coincide, entonces, con los tiempos que la intendenta Aida Ayala sostiene que viene prestando un servicio que ahora se renueva. Efectivamente, PIMP S.A. fue creada a través de la Escritura Pública N° 94, del 30 de julio de 2013. Le siguió la Escritura Nº 139, del 11 de octubre de 2013, que es complementaria y rectificatoria de la primera”, agregaron.

“La empresa no tuvo empleados hasta septiembre de 2014, según se desprende de la inscripción registrada ante la Administración Tributaria Provincial (ATP). Se dio de alta el 5 de septiembre de 2013, y recién el 1 de septiembre de 2014 comenzó a aportar al Fondo de Salud Pública”, relataron.

“De acuerdo a la Inspección General de Personas Jurídicas y al Registro Público de Comercio, PIMP S.A. está integrada por dos socias, que son la joven y bella modelo Fátima Jessica Rigassio, que actualmente tendría 27 años o un poquito más y la estadígrafa jubilada Nidia Mabel Juárez. Por sus edades y por sus ocupaciones ninguna de las dos cuenta con antecedentes en la recolección de residuos. Al Municipio eso pareció no importarle”, mencionaron.

Más denuncias

En mayo de 2015 “vecinos de Resistencia presentaron una denuncia contra la municipalidad y la intendenta Aída Ayala ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, conducida por Eitor Lagos, por la contratación de la empresa Pimp por 8 años para recolectar, transportar y hacer la disposición de residuos sólidos no tradiciones por un monto cercano a los 270 millones de pesos, casi 34 millones por año”.

Esa denuncia fue presentada por Alicia Medina que buscó que el organismo de contralor investigue la licitación y contratación de esta empresa, una operación que afectará a futuras administraciones. 

“Entiende mi parte que la adjudicación a la mencionada empresa, sus plazos y el monto de la misma, su oportunidad y conveniencia deviene en arbitraria, ilegal, inconstitucional e Denunciaron la contratación de Pimp ante la fiscalía de Investigaciones Administrativas infundada y constituye una extralimitación en las atribuciones del Ejecutivo Comunal”, expresó en ese momento la denunciante.

También determinó que “la Comuna omitió realizar una audiencia pública pese a que se comprometen recursos y a futuras administraciones. Además de que se trata de un bien jurídico protegido: la salud de los ciudadanos y el derecho de gozar de un medio ambiente sano. En ese sentido explicó que el 2 de marzo se autorizó la licitación sin decir nada sobre el vencimiento del actual contrato en vigencia, un requisito esencial para realizar un nuevo llamado y posterior adjudicación. Se sobreentiende, porque así lo dice la resolución que el servicio cuenta en la actualidad con una partida mensual de 2.500.000 pesos, es decir que la contratación está presupuestada”.

En esa época el Bloque Justicialista, bloque Nepar y otros integrantes del Frente Chaco Merece Más, expresaron una denuncia pública sobre este convenio para llamar a la intervención de los organismos de contralor, tanto internos como externos.

“Consideramos que esta licitación y la resolución municipal es violatoria de la Constitución Provincial y de la Nacional. Por eso hacemos un llamado a todos los órganos de contralor internos y externos”, habían manifestado.