Cuenta regresiva para el debate por el aborto
Al menos cuatro proyectos sobre la despenalización del aborto están puestos en discusión desde ayer en el Congreso Nacional, organizado en un plenario de comisiones, que es la modalidad que tendrá el debate legislativo. Se trata de uno de los temas más polémicos que tendrá este año la discusión parlamentaria nacional y que tiene como telón de fondo las alarmantes cifras que, aún parciales o incompletas, revelan la gravedad de un tema tan dramático como tabú para la sociedad argentina.
A fines de febrero pasado, el reclamo frente al Congreso de la Nación por la aprobación de un proyecto de ley que garantice el aborto seguro, legal y gratuito en todo el país, que se replicó en distintas ciudades del interior, volvió a instalar en la agenda pública la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo. Días atrás, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, dijo ante los legisladores que cada año cerca de 50.000 mujeres deben ser internadas en todo el país por complicaciones derivadas de abortos. Pero ese número, incluso, puede quedar corto. Es que esa cifra refleja la cantidad de mujeres que tienen complicaciones y son internadas en centros de salud y hospitales como consecuencia de la interrupción de un embarazo, pero no están incluidas en ella las mujeres que se someten a prácticas que se hacen en la clandestinidad. Según datos oficiales elaborados a partir de los egresos de hospitales por aborto, Buenos Aires y Salta son las dos provincias con mayor cantidad de prácticas, y el Chaco figura entre las diez jurisdicciones con más casos, junto a Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy. Del informe que brindó el jefe de Gabinete de la Nación en el Congreso se desprende también que el 42 por ciento de las mujeres que sufrieron un aborto son menores de 24 años, y que 46 mujeres mueren cada año como consecuencia de abortos inseguros. Cabe señalar que en los casos en los que el aborto es legal, sólo diez provincias ponen en práctica los protocolos previstos para estas situaciones, mientras que todo lo que queda por fuera de ese marco, es decir en las intervenciones clandestinas, no quedan registros y por lo tanto no hay estadísticas fiables, salvo el de las mujeres que tienen complicaciones y son derivadas a un hospital o sanatorio, en cuyos casos sí son informados por los nosocomios.
Para las organizaciones que participan de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, que se puso en marcha a partir del XVIII Encuentro Nacional de Mujeres que se celebró en la ciudad de Rosario en el año 2003, las cifras son mucho más dramáticas que lo que reflejan los números oficiales: aseguran que cada año medio millón de argentinas interrumpe en forma voluntaria un embarazo.
El gobierno nacional, que habilitó el debate sobre este controvertido asunto, sostiene que entre las principales medidas que impulsa el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable está la que busca garantizar la atención de la interrupción legal del embarazo, o aborto no punible. Al menos eso es lo que señaló el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el último informe que brindó en el Congreso. Palabras más, palabras menos, el funcionario explicó que ese programa de salud considera que la interrupción legal del embarazo debe ser brindada bajo los mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, es decir, “respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada”.
Datos del Ministerio de Salud que son de 2016, los últimos disponibles en este tema, indican que ese año murieron en el país 245 mujeres que estaban gestando un embarazo y, como se señala aquí en unos párrafos más arriba, de ese total 43 defunciones fueron muertes por aborto, lo que lo convierte en la primera causa de mortalidad materna en la Argentina.
Es de esperar que en el marco de las discusiones que tendrán lugar en el Congreso, cuya función primordial es la de legislar, surjan propuestas que permitan abordar y dar respuestas a una cuestión que es extremadamente sensible. Se trata de un tema que ha sido tabú en la Argentina y que ahora deberá ser debatido con seriedad y sin golpes bajos en una institución que es clave para la consolidación de la democracia, porque en ella reside la soberanía popular en la representación que ejercen los legisladores.
