Procesamiento, embargo millonario, y pedido al Congreso para evaluar intervención de la UNCAUS
SAENZ PEÑA (Agencia).- El juez federal de Primera Instancia de Sáenz Peña, Aldo Alurralde ordenó el procesamiento de la cúpula de la Universidad Nacional del Chaco Austral, trabando un embargo de 100 millones de pesos, y un pedido al Congreso de la Nación para intervenir la mencionada universidad.
La resolución del magistrado condenó a Omar Vicente Judis, por encontrarlo autor jurídicamente responsable de los hechos imputados y que fueran calificados “prima facie” como encuadrados en la figura negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en diecisiete hechos; abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público; fraude en perjuicio de alguna Administración Pública reiterada en seis hechos, peculado en cincuenta y nueve hechos y cohecho en tres hechos, todos en concurso real, manteniendo las condiciones de libertad que oportunamente se le concediera.
También, resolvió el juez procesar a Enzo Gabriel Judis, por encontrarlo autor jurídicamente responsable de los hechos imputados y que fueran calificados “prima facie” como encuadrados en la figura de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones en un hecho; fraude en perjuicio de alguna Administración Pública en seis hechos y partícipe necesario de peculado reiterados en cincuenta y nueve hechos, todos en concurso real, manteniendo las condiciones de libertad que oportunamente se le concediera.
A la par, procesó a Walter Gustavo Lopez, por encontrarlo coautor jurídicamente responsable de los hechos imputados y que fueran calificados “prima facie” como encuadrados en la figura de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en tres hechos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de alguna Administración Pública reiterada en seis hechos como asimismo coautor de peculado en cincuenta y nueve hechos, todos en concurso real, manteniendo las condiciones de libertad que oportunamente se le concediera.
Otro de los procesamientos fue para Luis Sebastián Pugacz por encontrarlo coautor jurídicamente responsable de los hechos imputados y que fueran calificados “prima facie” como encuadrados en la figura de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, coautor de Fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada en seis hechos y coautor de peculado en cincuenta y nueve hechos todos en concurso real, manteniendo las condiciones de libertad que oportunamente se le concediera, y finalmente a Juan Carlos Tymkiw, por encontrarlo coautor jurídicamente responsable de los hechos imputados y que fueran calificados “prima facie” como encuadrados en la figura de fraude contra una Administración Pública en seis hechos y por cohecho activo en dos hechos, todos en concurso real, manteniendo las condiciones de libertad que oportunamente se le concediera.
Alurralde dispuso la prohibición de la salida del país de los procesados e imponerle la obligación de concurrir al juzgado Federal de Sáenz Peña, el primer día hábil de cada mes.
Pedido de intervención
El Juzgado Federal de Sáenz Peña resolvió librar Oficio al Honorable Senado de la Nación Argentina, a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación y al Ministerio de Educación de la Nación a efectos de que evalúen, en el marco de las atribuciones que le son propias, la pertinencia de adoptar medidas en orden a las Leyes 24.156 y 24.521, es decir, pidiendo la intervención de la Uncaus.
