La investigación judicial sobre irregularidades en el Estado anticipa otra semana de impacto
Los dos carriles por los que avanzan sendas investigaciones –con fuertes puntos de contacto- sobre irregularidades cometidas por funcionarios provinciales en el manejo de fondos públicos podrían convertir a esta semana en otra de tanto o más impacto que la anterior, cuando algunos de los implicados fueron detenidos para ser alojados en dependencias policiales.
Para empezar, hoy por la tarde serán llevados al edificio de tribunales de la avenida 9 de Julio las cuatro personas que fueron arrestadas por la justicia provincial entre el jueves y el viernes pasados: el ahora exsecretario general de la gobernación, Horacio Rey; el exsubsecretario Roberto Lugo; Susana Fernández (esposa de Rey e integrante de la secretaría de la gobernación); e Ismael Fernández (hermano de Susana, cuñado de Rey).
Sobre ellos pesan sospechas por la posible comisión de una amplia variedad de delitos: fraude contra la administración pública, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Esta última es la figura más grave de todas, porque prevé penas de hasta 15 años de prisión.
Pero fuera de ese trámite, los próximos días podrían aportar otras noticias relevantes. Desde el vamos, se esperan nuevos operativos, tanto de la justicia provincial como de la federal (el fuero que inició las investigaciones e hizo estallar el escándalo) que incluirían allanamientos, el secuestro de más elementos probatorias e incluso la posibilidad de que los requerimientos alcancen a más personas, algunas de ellas también ocupantes de cargos públicos.
¿Se abstendrán?
En cuanto a las indagatorias de hoy, en el ambiente judicial se considera altamente probable que Rey, Lugo y los hermanos Fernández se acojan a su derecho de abstenerse de declarar. Un recurso muy común para aguardar a que los abogados defensores tengan más tiempo de ver qué elementos tiene y va sumando la causa contra sus clientes.
Como se recordará, el caso se inició cuando el fiscal federal Patricio Sabadini decidió verificar qué había de cierto en una carpeta que recibió de manera anónima en su despacho, y en la cual se daban detalles muy precisos sobre maniobras, operaciones y transacciones que involucraban a Lugo, Rey y otros.
En el entorno del fiscal se afirma que hasta ahora todos los procedimientos llevados a cabo y las declaraciones testimoniales recibidas ratifican los datos suministrados por el denunciante desconocido. “Por las características de la información que aportó da la impresión de que tenía un acceso privilegiado a los registros de ciertas transacciones, o que la carpeta fue armada con varias fuentes distintas que venían acopiando datos”, dijo a NORTE una fuente que tiene contacto con la pesquisa federal.
En la oficina de Sabadini, a la vez, persiste el malestar con el equipo de fiscales provinciales que la semana pasada apareció en escena con las detenciones mencionadas, sin dar aviso al equipo federal, pese a que ambos grupos venían hablando de “coordinar acciones” por el hecho de que el escándalo contiene delitos de orden provincial pero otros que competen al fuero nacional, básicamente en lo atinente a lavado de activos y evasión fiscal.
Más allá de esas rispideces, la realidad es que hoy los mismos hechos son examinados bajo dos lupas: la del equipo provincial que armó el procurador Jorge Canteros, y el federal que tiene como caras visibles a Sabadini y a la jueza Zunilda Niremperger.
Los detenidos, tranquilos y con vigilancia especial
Las primeras jornadas de Horacio Rey, Roberto Lugo y los hermanos Susana e Ismael Fernández como detenidos estuvieron marcadas por un estado de tensión y tranquilidad tras las rejas, en el marco de una orden superior de mantener vigilancia constante sobre todos ellos.
De acuerdo a fuentes consultadas por NORTE, más allá de los matices los cuatro arrestados aceptaron hasta ahora resignadamente su estadía como reclusos a disposición de la justicia provincial, que hoy por la tarde los llevará al edificio de tribunales de la avenida 9 de Julio para que sean sometidos a declaración indagatoria.
Los principales protagonistas –hasta ahora al menos- de la historia están en lugares diferentes de la ciudad. Horacio Rey ocupa una celda en la Comisaría Undécima, del barrio Provincias Unidas, que tiene un flamante edificio desde el año pasado.
Roberto Lugo, por su parte, está detenido en la Comisaría Segunda, en la avenida Rivadavia, mientras que la esposa de Rey, Susana Fernández, está alojada en la Comisaría de la Mujer, situada en la primera cuadra de la calle Colón. Su hermano Ismael, cuñado de Rey, se encuentra en la estación de bomberos de la avenida Wilde.
La directiva común que recibieron las cuatro unidades es que haya una vigilancia constante sobre ellos, para evitar cualquier tipo de incidente que agregue un elemento explosivo más al caso. También por eso las visitas se circunscribieron a los familiares más directos, y las guardias policiales “rebotaron” a otras personas que se acercaron a tomar contacto con los detenidos, entre ellas un conductor radial.
