Peppo debe recuperar la iniciativa política cuando la justicia avanza por dos carriles comprometedores
A mediados de diciembre el gobernador Peppo trajo desde Villa Ángela a un hombre de su confianza, Aldo Almirón, para designarlo subsecretario de Prensa y poner en sus manos todo el manejo de los compromisos de la publicidad oficial, y de hecho lo desmarcó a Horacio Rey, pero éste continuó dos meses más en la Secretaría General de la Gobernación hasta que se dispuso primero su separación del cargo y enseguida la aceptación de su renuncia y las de otros funcionarios de su entorno.
Eran los momentos en que se desataba la tormenta de allanamientos de la justicia federal ordenados por la jueza Niremperger y ejecutados por el fiscal de Primera Instancia, Patricio Sabadini. En fuentes confiables se asegura que dos meses antes Peppo tuvo señales de una meteorología adversa y no fueron pocos los interlocutores que le advirtieron sobre excesos en su entorno, más allá del revuelo que causó el caso de la exsubsecretaria Legal y Técnica Nadia García Amud, convertida en diputada pero enfrentada con Rey y los suyos.
(Desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se supo que el extitular Eitor Lagos dejó documentación incriminatoria para el subsecretario de Comercio, Roberto Lugo, quien no tuvo limitaciones para viajar a China con Rey y el presidente de ECOM). Pero lo más impactante, cuando se hablaba de que el destacado penalista correntino Manuel Pezoa aceptó asumir la defensa de Rey y su esposa, fue el estallido del bombazo de la justicia provincial, donde un equipo de fiscales revisó documentación citada en las investigaciones de Sabadini y disparó, en una operación fulminante, la orden de detención para los cuatro sospechados que ya no eran funcionarios del gobierno pues los decretos de sus respectivas remociones los había firmado el vicegobernador Capitanich por orden de Peppo que regresaba de su viaje a Washington. Y el informe al periodismo encabezado por el procurador Jorge Canteros destacó la colaboración del propio Peppo en facilitar el acceso a expedientes y documentaciones en ese lapso tan corto.
Las órdenes de detención y la explotación periodística de las mismas, como las redes sociales implacablemente encendidas, se pudieron haber evitado, opinaba ayer un penalista consultado, porque los seis delitos imputados a velocidad de un rayo no encerraban el riesgo de una fuga del país cuando la justicia federal ya había dictado una medida cautelar en ese sentido, después de intimar al Ministerio de Desarrollo Social a presentar documentación de operaciones desde el año 2015 a la fecha.
Lavado de dinero y evasión
Se estima que en esta semana la jueza federal Nº1 armará la causa con el caudal de elementos de juicio acopiados por Sabadini, que hasta viajó a Buenos Aires para confirmar lo que inició la investigación con la Prefectura Naval: la adquisición de lanchas de alta gama por parte de Rey y Lugo. Hasta el viernes se localizaron y secuestraron diez embarcaciones.
En 2014 el Centro Mandela hizo denuncias que la fiscalía tuvo en cuenta cuando esas lanchas aparecían a nombre de Claudia Soledad Varela, ligada a la gestión de Lugo como ministro de Desarrollo Social y con acusación de irregularidades. Sabadini, en resumen, estima que los delitos de lavado de dinero agravado, asociación ilícita y evasión tributaria agravada serán la base de la causa donde considera involucrados a Rey, Lugo, Ariel Retamozo, Walter Retamozo, Mónica Yaczuk, Alejandro Chávez, Ismael Fernández, Gustavo Katavich, Susana Fernández y algo que inquieta al gobernador, porque incluiría al ministro Ocampo y Alicia Vázquez, pero la lista se podría extender.
Un testimonio contundente habría sido el de Facundo Gil, publicista cuyas oficinas fueron allanadas y está ligado a la FM Libertad. La investigación abarcó gastos de Rey en vuelos de primera clase y datos de sus tarjetas de crédito. Se dice que una empresa que recibió fuertes montos en pautas publicitarias, hubo una sin declaración de personal ni liquidaciones ante la AFIP, que intervino en el operativo.
Una denuncia anónima dirigida a la jueza Niremperger, por ejemplo, llevó a ingresar en el centro de computación montado frente al Tribunal de Cuentas, un organismo vecino e indiferente, como se mostró en todo el proceso de las irregularidades determinadas y que sólo esperan la apreciación del departamento de Delitos Económicos de la Prefectura Naval.
Pero, además, podrían ocurrir otros episodios en un nuevo frente de investigaciones más allá del plano gubernamental.
El impacto institucional
Más allá del aprovechamiento por parte de legisladores provinciales y alguna nacional de la oposición -como si pudieran hacer leña del árbol caído-, el impacto institucional es potente y sitúa al gobernador en la obligación de recuperar el centro de la escena con determinaciones más fuertes de sus expresiones del viernes, del apoyo unánime del frente de intendentes, de los legisladores del oficialismo y del prudente aplazamiento del congreso partidario de ayer en Machagai, hasta que las aguas se calmen.
Desde San Luis, donde participó de un encuentro nacional multitudinario de la militancia justicialista, que avanza en la resistencia al macrismo, Jorge Capitanich evidenció enorme preocupación y deberá involucrarse, necesariamente, en un mano a mano con Peppo, reclamado por los intendentes, sin dejar afuera los roces constantes de Coqui con Gustavo Martínez.
La sugerencia de designar un jefe de Gabinete como punta de lanza de la reorganización sustancial de su equipo no cuajó porque el actual presidente del Banco del Chaco, Rafael González, tuvo dudas en hacer pie y resultar verdaderamente útil.
Hay apreciaciones del riesgo de que las raudas investigaciones por dos vías, la federal y ahora la sorprendente provincial, rocen la investidura del gobernador, acaso por exceso de confianza, y eso lo llevó a traer a una de sus hijas para que trabaje a su lado.
La consulta de Peppo a un equipo de juristas profundiza en dejar mal parados a los organismos de control de la provincia como el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Contaduría y la Tesorería que no intervinieron para frenar las irregularidades en danza. ¿Qué duda cabe de que también serán como un disparador para una nueva semana de conflictos con el frente de sindicatos estatales, sumado a la presión constante de los movimientos sociales?
El Justicialismo tiene conciencia de que debe acompañar a Peppo y que éste debe saber escuchar para mejorar la solvencia de gestión de su numeroso gabinete cuyas renuncias están a su disposición, del mismo modo que estaba listo un compendio de contención de gastos en todas las áreas.
Pero a decir verdad, el banco de suplentes es escaso y, al mismo tiempo, el compromiso de gobernabilidad sin sospechas de corrupción debe ser transversal para destapar lo que se deba destapar y someterlo a la justicia, donde tampoco cabe la especulación partidista ni la obsesión mediática.
Lo cierto es que en un año de limitaciones fiscales muy serias para el Chaco, las complicaciones políticas hoy son mayores y exigen actuar sin titubeos, tomando al toro por las astas y no escondiendo nada bajo la alfombra.
En este escenario, las chances peronistas del 2019 pueden esfumarse inexorablemente si no se produce con capacidad e inteligencia un golpe de timón.
Un ingeniero chaqueño con peso en el BID
En las entrevistas que el gobernador y su equipo mantuvieron en el Banco Interamericano de Desarrollo uno de los funcionarios de mayor rango, aplicado precisamente a inversiones de infraestructura y al financiamiento vial que busca el Chaco, fue el ingeniero Luis Alfredo Uechi, nacido el 23 de enero de 1961 en General San Martín, donde viven su madre y parte de su familia. Es hijo de un inmigrante japonés muy apreciado que prestaba el servicio de tintorería. Hizo una gran carrera académica con tres títulos de ingeniería y lleva años radicado en Washington después de haber trabajado en empresas de Buenos Aires y algún paso por el Ministerio de Economía. Por supuesto, habló de su identidad chaqueña con la delegación encabezada por Peppo y prometió los mayores esfuerzos en activar respuestas positivas. Lo que sorprendió en la programación de estos contactos con el BID es que siendo Jorge Capitanich amigo personal del presidente Luis A. Moreno, el intendente de Resistencia no fue consultado para ayudar en esa agenda en la capital de EEUU.
¿Ventaja de Formosa en la autovía de la 11?
Sorprendió que el tramo casi terminado de la autovía de la ruta 11 entre Formosa y Tatané motivara una visita presidencial a esa provincia donde el peronismo ganó siempre desde la recuperación democrática. Unos 30 kilómetros, por supuesto, contrastan con el retardo de la misma obra en Resistencia, donde se acortó el trazado original, se acaba de transferirle el contrato de la provincia a Vialidad Nacional, pero la contratista Decavial no resuelve todavía el cruce frente al aeropuerto internacional y eso lo verá Macri, seguramente, si viene el 6 de abril al Centro de Convenciones para relanzar el Plan Belgrano con los gobernadores del NEA. Podríamos citar otro detalle como los cruces del río Negro o el paso de alto nivel sobre vías cada vez más inactivas, pero lo cierto es que el agotamiento de la ruta 11, que tiene rango internacional, debe asumirse en todo un trayecto no inferior a 500 kilómetros, pero si se descartó la autopista Santa Fe - San Justo no caben ilusiones después de tantos años de desidia en esas inversiones del gobierno kirchnerista y éste que confía en el sistema PPP donde los inversores no aparecen.
Como remate, el jefe de Gabinete sinceró esta semana ante la consulta de un diputado nacional correntino que el segundo puente viene en el tercer lote de prioridades, que no será ferrovial como lo necesita la vecina provincia y solo se habla de un acuerdo para el trazado de la circunvalación del Gran Resistencia que estará disponible para la UTE de consultoras de Buenos Aires que elaboran el proyecto y determinarán la magnitud de la inversión.
Un nuevo informe de la Fiscalía de Estado
La Fiscalía de Estado insiste en que la decisión judicial de la jueza Comercial y Civil Nº7, Lidia Márquez, no se encuentra firme, pero no obstante ejecutó la sentencia basada en la inconstitucionalidad de la ley de emergencia económica y transfirió a las cuentas particulares del estudio Claudiani, compuesto por seis profesionales del mismo apellido, la suma de 49.729.598,39 pesos, después de las retenciones correspondientes a la AFIP, ATP, 10% adicional y Caja Forense, aplicadas a la planilla.
