Procesados y detenidos por alta traición a la patria
Mientras en el territorio de las Provincias Unidas de América del Sur (así las denominó el acta de la Independencia de 1816 en Tucumán) se desangraban en una cruenta guerra contra sus enemigos externos, y hacia el interior de las mismas, las armas dirimían los intereses del centralismo porteño y los de los caudillos federales, en secretas sesiones y en reservadísimas instrucciones, había sectores sociales que pretendían entregar estas tierras a algún príncipe europeo.
Por Eduardo Barreto
¿Por qué lo hacían? ¿Era justa y necesaria esta entrega, lisa y llana, a los representantes de alguna familia noble de Europa? Es necesario entender el contexto histórico interno, para lograr una comprensión de estos contubernios, lo que de ninguna manera constituye una justificación.
Desde el mismo momento de la Revolución de Mayo de 1810 (aunque el conflicto de intereses de clases y sectores económicos ya se había perfilado mucho antes), surgieron intereses económicos y sociales que abrieron una profunda grieta, entre quienes eran abanderados del libre comercio, y por otro lado, los sectores que pretendían defender los intereses de las economías regionales. Mariano Moreno pagó con su vida el pretender establecer un modelo que defendiera la soberanía nacional y popular.
Cada cual atiende su juego
José Gervasio Artigas defendía con su paisanaje las tierras orientales, pretendidas por los portugueses que estaban entrando por el norte de la Banda Oriental. Sin presupuesto, con su tropa mal alimentada y casi desnuda, salió “a chuza y bola”, a enfrentar a los lusitanos, ignorando que en Buenos Aires y en Tucumán, se tejían oscuros intereses que tenían como objetivo de máxima, coronar como monarca de estas tierras a la princesa Carlota, a la sazón, hermana de Fernando VII, el Rey de España destituido por Napoleón.
Estas gestiones contaban con el aval del Congreso de Tucumán. En su sesión secreta del 4 de setiembre de 1816, en la casa de Tucumán, se decidió enviar nuevos delegados para sumarse a los que ya operaban en Río de Janeiro (José M. García y Nicolás Herrera). En las instrucciones reservadas se les asignaba la función de “proponer la coronación de un infante del Brasil en estas provincias o de cualquier otro infante extranjero, con tal que no sea de España, para que enlazándose con algunas de las infantas de Brasil, gobierne este país”.
Ya hemos relatado en un artículo interior las misiones de Manuel García y Pedro Medrano, enviados por el director Posadas para gestionar la llegada de un príncipe de Gran Bretaña para asumir como Monarca de estas tierras “que con sumo placer se entregaban a los designios de su majestad británica”.
Pero no todo concluye ahí. El 23 y 24 de octubre de 1818 (el Congreso ya deliberaba en Buenos Aires) se maneja otra tentativa monárquica: la de entronizar a un soberano francés (el príncipe De Luca). Fue un intento que murió antes de nacer. Esta propuesta fue analizada nuevamente en la sesión secreta del 3 de noviembre de 1819 y en la del día 12 del mismo mes.
La batalla que pudo cambiar la historia
No sólo Artigas abrazó la causa federal, los generales Estanislao López (Santa Fe) y Francisco Ramírez (Entre Ríos) fueron sus lugartenientes, y fuerzas de avance en la lucha contra el centralismo porteño. Los pueblos que comandaba Artigas (la Liga de los Pueblos Libres), no concurrieron al Congreso de Tucumán, porque sostenían que estaba viciado de nulidad.
Los caudillos federales del litoral avanzaron sobre Buenos Aires y derrotaron a las fuerzas porteñas en la batalla de Cepeda (1820). Era el momento de poner en práctica otro modelo de país. Estaban dadas las condiciones objetivas para llamar a un congreso nacional que sentara las bases de una república representativa y federal. Pero la habilidad política de los grupos dirigentes de Buenos Aires hizo retroceder a las tropas de López y Ramírez (lo que ocasionó la ruptura con Artigas), y posibilitó la prolongación en el tiempo del sistema centralista porteño.
Luego de la batalla de Cepeda, López, Ramírez y el gobernador de Buenos Aires Sarratea firmaron el Tratado de Pilar, que establecía que los miembros de la gestión de gobierno anterior (director supremo) y los miembros del Congreso que había declarado la Independencia (y que ahora sesionaba en Buenos Aires) debían ser juzgados por el delito de alta traición a la patria. La intención de coronar a un príncipe extranjero en estas tierras, era el argumento mayor para las detenciones y procesamientos. Además se “había pretendido inutilizar la sangre derramada en diez años” (POLastrelli, S, 2017, UNP).
Los testimonios fundamentales fueron las actas secretas del Congreso de Tucumán (nombradas anteriormente), algunas de las cuales se perdieron. Juan B Villegas fue el fiscal acusador y la sentencia definitiva “caería en manos de los pueblos del interior”, ya que fueron éstos los que otorgaron los mandatos a los congresales.
Argucias judiciales
No bien se conocieron las órdenes de detención, comenzó una verdadera batalla judicial. Hubo problemas de jurisdicción, de atributos legales, “de potestad judicial”, etcétera, tratando de agilizar o dilatar los procesos. Algunos imputados pidieron arresto domiciliario, por razones de salud (Manuel Acevedo, diputado por Catamarca), otros fueron extraditados a su provincia para ser juzgados allí (Benito Lascano, de Catamarca).
Según un parte de Domingo French a Sarratea, del 20 de mayo de 1820, se encontraban presos ya en el cuartel de CUNA Juan José Paso, José T. Bustamante, Esteban Gascón, Benito Lascano, Manuel Acevedo, Pedro Gallo, el Dean Funes, Luis Chorroarín, Pedro Medrano, Vicente Echeverría, y el canónigo Santiago Figueredo.
El exdirector General Pueyrredón alcanzó a huir, ayudado por Juan Pedro Aguirre, que también fue detenido. Las circunstancias políticas posibilitaron el derrocamiento de Sarratea, quien posteriormente volvió al cargo, pero debió ceder a la presión de los grupos dominantes y liberar a los detenidos, prometiendo continuar las actuaciones “hasta las últimas consecuencias”.
Todo continuó como era entonces. Artigas desmoralizado por la traición, las derrotas y las confabulaciones porteñas se exilió en Paraguay hasta su muerte. Los sueños de un país más justo, sin desigualdades económicas, murieron con él. La grieta social y económica se profundizaba, y los problemas que afloran hoy, enraízan en aquel proyecto de país, sin detenidos ni procesados.
