Sucesión de allanamientos de la Justicia federal para investigar a funcionarios de la provincia
“Esto no va contra el gobierno, se trata de casos puntuales en los que pudieron cometerse delitos de nuestra órbita” dijo la jueza Zunilda Niremperger.
El fiscal federal de primera instancia Patricio Sabadini condujo personalmente en los últimos dos días más de siete allanamientos vinculados con la investigación de lavado de dinero, evasión fiscal y fraude en perjuicio de la provincia, donde se incluyeron intervenciones en comercios y guarderías de lanchas, oficinas de la Fiduciaria del Norte, dependencias de la Secretaría General de la gobernación y departamentos de residencias de funcionarios.
Al respecto, se acopiaron documentaciones en una sucesión de episodios que causaron gran revuelo en la opinión pública mientras el gobernador Peppo estaba en Buenos Aires desde donde partió anoche rumbo a Washington.
Desarrollo Social
Los requerimientos judiciales incluyeron que la delegación de Inteligencia Naval de la Prefectura Argentina y con la asistencia de personal de la AFIP realizara los pedidos concretos de información en la Dirección de Administración y la Secretaría General del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia con oficinas en avenida 25 de Mayo y calle 1 de esta ciudad.
Se supo que en el lugar, los agentes solicitaron detalles de los expedientes y pagos sobre operaciones desde el año 2015 hasta la fecha abarcando una lista de proveedores bajo sospecha y ordenando el secuestro de toda esa documentación.
Niremperger precisa
Mientras tanto, la jueza federal número 1 sostuvo que se evaluará toda la documentación y se requerirá más testimonios para arribar a un dictamen sobre la intensa actividad del fiscal Sabadini, quien anoche afirmaba que se intentó borrar información en computadoras de manera remota, en una empresa dedicada a servicios publicitarios, considerando que las pruebas acumuladas hasta el momento dejan ya un marco de imputación que no baja de ocho personas.
Brandon disponible
La empresa publicitaria comunicó, con la firma de su director Facundo Gil, que sus oficinas “fueron allanadas esta mañana (viernes) por la Policía Federal, por orden de la jueza Zunilda Niremperger”. El señor Gil manifestó que “oficiales de Justicia se encuentran trabajando junto a todo el personal de la agencia” con el fin de “ayudar a esclarecer lo antes posible” las denuncias que se investigan, y que Brandon SRL “se encuentra a disposición” de la Justicia para colaborar.
El gobernador Peppo dispuso una amplia
colaboración y la separación de funcionarios
Desde Buenos Aires, el gobernador no solo ofreció plena colaboración para satisfacer los requerimientos de la justicia federal, sino que destacó que la Subsecretaría legal y Técnica entregó documentación y resoluciones de los años 2016 y 2017 que corresponden a su gestión. Agregó que todas las áreas administrativas quedaban a disposición de la investigación de la denuncia formulada y la determinación de eventuales responsabilidades.
Separación de funcionarios
Después del retorno desde Asunción del Paraguay del vicegobernador Daniel Capitanich, que se hizo cargo del Poder Ejecutivo y tomó contacto con el ingeniero Peppo en Buenos Aires, se emitió una importante comunicación que precisa la separación de sus respectivos cargos y funciones de cuatro integrantes de su equipo. El texto es el siguiente: “Por instrucciones explícitas del gobernador Domingo Peppo, el Gobierno de la Provincia del Chaco decretó la separación de sus cargos a funcionarios que están siendo investigados por la Justicia Federal, a través del decreto N° 393/2018, firmado por el vicegobernador Daniel Capitanich. Con esta medida se busca garantizar el esclarecimiento de la investigación preliminar por supuesta evasión de activos”.
Continua señalando que “De esta manera, quedarán apartados de sus cargos y funciones el secretario General de Gobernación y Coordinación, Horacio Rey; el subsecretario de Comercio y Servicios, Roberto Lugo; e Ismael Ángel Fernández y Susana Beatriz Fernández, ambos integrantes del personal del gabinete de la Secretaría General”. En el mismo decreto se ordena a todas las áreas del Estado provincial prestar colaboración ante cualquier tipo de requisitoria judicial; en tanto que se comunica que quedan suspendidos los pagos y la ejecución de contratos de pautas publicitarias. También, mediante el decreto, el Gobierno confirma la conformación de una unidad de control, gestión y auditoría para verificar los contratos en vigencia. Finalmente señala el comunicado que “Desde el Gobierno provincial, por instrucciones del gobernador Domingo Peppo, se brindará colaboración con la Justicia para esclarecer el hecho y brindar tranquilidad a la comunidad”.
