Bignone, el que quiso borrar las huellas de la represión

   Buenos Aires, 7 (NA)  - Aquel general de uniforme, que falleció este miércoles, nonagenario y decrépito, había puesto punto final a los casi ocho años que duró la dictadura más sangrienta que recuerde la historia argentina, promulgando de facto la Ley 22.924, o Ley de Pacificación Nacional el 22 de septiembre de 1983, dos meses antes de la asunción de Alfonsín. 

   Con la llamada Ley de autoamnistía, los militares sólo  pretendían impunidad de sus crímenes y, salvo en los ámbitos  castrenses y en las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos y de familiares de las víctimas ante los organismos internacionales. Heredero de Videla y de Viola, desplazados en las luchas  intestinas por el poder de los militares, Bignone ordenó la  destrucción de todos los archivos y las pruebas que los involucrara en la represión que dejaba miles de muertos y  desaparecidos. Sin embargo, sus huellas nunca se borraron del  todo. El cumplimiento de esa orden venía a reforzar el pacto de  silencio que les garantizaba la impunidad.

   Bignone fue condenado a prisión perpetua en tres oportunidades, dos junto a Videla: una al término del juicio por la instrumentación de un Plan Sistemático para la apropiación de bebés hijos de desaparecidos y la otra por el rol que jugó en la instrumentación del Plan Cóndor en toda la región, de persecución  y muerte de opositores políticos, que los hermanaba con Pinochet,  García Meza y Stroessner. También recibió una dura condena por la desaparición de  conscriptos cuando tenía a su cargo la dirección del Colegio Militar de la Nación, entre otras.

   Treinta y cuatro años después, la imagen de aquel general  encorvado dejando la Casa de Gobierno donde se celebraba una  fiesta que no le pertenecía, sea la metáfora de un hombre que  hace mucho tiempo salió por la puerta trasera de la Historia.