Ni Macri ni Peppo conmueven por el nuevo jaque a la escuela pública. El Chaco sigue y apunta al crédito
Ni los llamados del mensaje presidencial de Macri como el del gobernador del Chaco instando a un año escolar normalizado cuajaron en los criterios, algunos muy duros, de la dirigencia docente que hasta ayer solamente aseguraba la apertura normal del ciclo en cuatro de los 24 distritos del país, reeditando una película dolorosa y arrinconada por una realidad de limitaciones fiscales propias de un año ajustado como será 2018.
Por lo menos en lo que al Chaco respecta, el equipo económico afinaba el lápiz y aseguraba ayer que la propuesta no aceptada por el conjunto de sindicatos docentes es lo mejor que las disponibilidades de recursos permiten: cada punto de aumentos docentes cuesta 138 millones anuales para atender a una plantilla de 38.000 recibos. Además, con la tendencia que se acentúa en todas las provincias, la escuela pública, con tantos altibajos entre aulas abiertas y cerradas, vino perdiendo matrícula en detrimento de las privadas, pero el incremento de los cargos docentes en cambio fue sostenido y solo hablar de un régimen de estímulo al presentismo es como tirar un rompeportones contra las concesiones acumuladas por el estatuto que es un gato al que ningún gobierno se atrevió a ponerle el cascabel.
Definiciones claves
El gobernador sinceró una posición incómoda para el facilismo del acomodo partidista y justamente en la Cámara de Diputados al sostener que el Estado ya no puede ser la alternativa laboral de los chaqueños. Adquirió tal dimensión de una situación límite, como también destacara sin tapujos el ministro de Hacienda, al alertar que de cada diez pesos que entran, nueve van a pagar sueldos.
Y aquí aparece el compromiso colectivo con el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, con la base de que el 85% de los ingresos coparticipados más lo que obtiene la recaudación propia de la provincia, que se destinan a esos gastos corrientes.
Los ejercicios fiscales de los dos primeros años de Peppo fueron deficitarios y se cubrieron con endeudamiento. Hoy resulta imprescindible contener el gasto público comenzando con los costos de producción de las empresas públicas, dentro de parámetros de economía y eficacia (Secheep, Sameep y otras no son superavitarias).
Se impondrá el apego al presupuesto 2018 para que la Legislatura, por ejemplo, no gaste sin financiamiento como ha pasado con el volumen de expropiaciones impagas. Se adoptarán medidas para que las autoridades superiores no perciban viáticos viajando dentro de la provincia y menos en fines de semana. Se bloquearán las horas extras, salvo en seguridad y sanidad. Se controlará el gasto en pasajes aéreos y es todo un gran capítulo lo que se gasta en alquilar edificios, fotocopiadoras, maquinarias y equipos. Las autoridades superiores tendrán que controlar el costo de las designaciones, promociones, contrataciones, becas y sobre todo, el efectivo cumplimiento de tareas si existen bonificaciones asignadas. Esto conlleva el estricto cumplimiento de horarios, tanto en el ingreso como en la salida del personal.
Si no hacen contribuciones efectivas, en un escenario donde las finanzas chaqueñas están tan atadas a los avatares del contexto nacional que por cierto no mejora en la presión inflacionaria, el Estado provincial tendrá las manos atadas para generar los espacios de inversión que necesita para generar mayores inversiones que fortalezcan el empleo privado y capitalicen las oportunidades que exhibe el potencial productivo primario.
Rumbo a Washington
El presupuesto nacional incluye obras esenciales para el Chaco pero no ha concedido el aval correspondiente, a través de un decreto, para salir a negociar el financiamiento de estos objetivos concretos en materia de pavimentos de rutas: la conexión entre Miraflores y Nueva Pompeya, ruta Juana Azurduy en el corazón de El Impenetrable, implica 131 kilómetros con presupuesto de 39 millones de dólares para ejecutar en 24 meses cada una de las tres secciones. El enlace entre Las Breñas con el límite de Santiago del Estero, de 80 kilómetros, cuesta 56 millones de dólares; el demorado acceso al puerto de Las Palmas en avanzada construcción de su muelle, son 14 kilómetros y cuesta 13 millones de dólares.
Y, por supuesto, el sueño de Peppo de pavimentar la ruta 13 con salida desde Villa Angela a la ruta 11 a la altura de Colonia Baranda y Cote Lai, implica 175 kilómetros y la inversión se estima, sumando cuatro secciones, en unos 180 millones de dólares.
El decreto de aval de Macri sería un logro esta semana en que el sábado partirá el gobernador para disertar el lunes en la capital de EEUU en un seminario sobre estrategias electorales que promueve la Universidad George Washington, reconocida por su labor en favor del fortalecimiento de la democracia en todas las latitudes. Pero el viaje servirá para visitar las sedes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de Estados Americanos, vislumbrando en los dos primeros casos, perspectivas de asistencia financiera para esos emprendimientos viales fundamentales para el Chaco que viene y nos merecemos.
Antes, Peppo estará en Pilar, donde la gobernación y empresarios de Ñeembucú están interesados en un puente sobre el río Paraguay que capitalice operaciones en el futuro puerto palmeño, cuyo calado no sufrirá los altibajos de Barranqueras que obligan a perseverar en el dragado.
Esta incursión rumbo a Washington en un viaje corto también sondeará posibilidades de la colocación de las letras chaqueñas autorizadas pero que han sido retenidas por los altos costos de las tasas internas y las mejores posibilidades relativas en el ámbito internacional, pero los vaivenes de Wall Street y la política de puertas adentro de Donald Trump obligan hoy a mantener la cautela en los compromisos de colocaciones de ese tipo.
72 millones para el estudio Claudiani en otra batalla legal
Se recordará que en su mensaje de esta semana ante la Legislatura el gobernador no omitió el procedimiento seguido para afrontar el megajuicio de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, tomando financiamiento externo y estableciendo una base de acuerdo que saldó obligaciones con unos 1.200 beneficiarios. Sin embargo, la Fiscalía de Estado que encabezó la negociación de un mecanismo de pago en el marco de la ley de emergencia económica y con participación de la Fiduciaria del Norte, el Nuevo Banco del Chaco y el propio Ministerio de Hacienda, se topó otra vez con la arremetida del estudio Claudiani, que promovió numerosas demandas y estimaba, se dice, cobrar honorarios cercanos a los 200 millones.
El último episodio se produjo en Juzgado Comercial Nº 7 a cargo de la doctora Lidia Márquez que hizo lugar al planteo de los Claudiani contra la regulación de sus honorarios, planteando la inconstitucionalidad de la ley 7751 y su decreto reglamentario 2092. Esto ocurrió el 15 de noviembre de 2017 condenando a la provincia del Chaco a pagarles a los demandantes 45 millones más intereses de la tasa activa de la mora (tomando el 22 de febrero de 2016) por otros 26 millones de pesos, dictando el embargo contra cuentas de cualquier naturaleza del Poder Ejecutivo, aun de la coparticipación federal.
Se depositaron entonces 72.267.404, 08 pesos en la cuenta del expediente.
La Fiscalía de Estado recién se notificó cuando se diligenciaron oficios en el Ministerio de Hacienda y de inmediato planteó el levantamiento del embargo y en plena feria judicial la jueza Aucar de Trotti hizo suspender el retiro de fondos por parte de los actores principales. Pero el tribunal respondió a la apelación y dispuso la transferencia de los fondos embargados a las cuentas bancarias personales de Carlos, Eduardo Arturo, Luciana y Carlos Emilio Claudiani. La Fiscalía de Estado recordó, al respecto, que se apeló a la Corte Suprema por la constitucionalidad de la ley de emergencia económica, pero el Juzgado Nº 7 no se apartó de la huella: ante el pedido de levantamiento del embargo desestimó el incidente y le cargó costas a la provincia del Chaco de 399.534 pesos para Carlos Emiliano y Luciana Claudiani como patrocinantes y 159.814 pesos a Eduardo y Carlos Claudiani como apoderados.
Ante las dos causas, ejecución de sentencia e incidente de levantamiento de embargo, a Fiscalía de Estado seguirá ejerciendo la defensa procesal porque, al fin y al cabo, se trata de fondos que tendrían otra aplicación en las necesidades financieras conocidas del gobierno.
