Causa Caballero II: con la exposición de la querella comenzaron los alegatos

Esta declaración formó parte del alegado unificado de las querellas y que continuará el 22 dado que el TOF, presidido por Eduardo Ariel Belforte, resolvió pasar a un cuarto intermedio cuando concluyó Brest. 

Brest fue el primero de los abogados querellantes que alegó describiendo los hechos. Para ellos durante este juicio se probó el funcionamiento de un centro clandestino de detención en la Brigada de Investigaciones durante la última dictadura militar.

Aún resta que hagan la valoración jurídica y el pedido de la pena. Esta tarea recaerá en Silvia Canteros y Paulo Pereyra, representantes del gobierno chaqueño que durante la jornada de ayer ratificó que solicitará una condena con prisión efectiva contra los imputados.

La jornada

Brest comenzó su alegato asegurando que en este proceso, denominado Caballero II, hubo 11 víctimas pero durante el mismo se pudo demostrar que en realidad hubo un gran operativo para eliminar a parte de la dirigencia del PRT-ERP.

A su vez mencionó que también se están juzgando las violaciones, algo normal en la Brigada de Investigaciones contra las expresas políticas, que padecieron Nora Valladares y Sara Ayala de Morel.

Como las violaciones eran una constante, quienes las perpetraban eran los mismos y así lo resaltó Brest que se apoyó en los innumerables testimonios que dieron cuenta de los abusos cometidos por los guardias.

Estos testigos, muchos de ellos también presos políticos, padecieron los golpes cada vez que querían protestar, como podían, para que sus compañeras de militancia no padezcan los abusos.

Acciones contra el PRT

Al tiempo que el abogado destacó también la desaparición del matrimonio conformado por Pedro Morel y Sara Ayala. Ambos fueron detenidos en la provincia de Buenos Aires y trasladados a Resistencia.

Antes de llegar a la capital chaqueña fueron vistos en el centro de detención Club Hípico ubicado en Goya. En esa ciudad estuvieron un tiempo mientras trataban de huir de las autoridades que los perseguían. 

Pero no llegaron solos porque con ellos también estuvieron José Oviedo, un periodista de La Rioja; Abel Arce, un conscripto, y Enzo Lauroni y Mónica Almirón, arrestados en Neuquén pero que en 1974 habían militado en el Chaco dentro del PRT.

Y si bien parte de las desapariciones no están dentro de este juicio se demostró que en realidad lo padecido por el matrimonio Ayala-Morel formó parte de un plan para aniquilar al PRT y al ERP.

Por lo tanto las violaciones y las desapariciones le dan a este juicio ingredientes extras que justifican lo ayer presentado por Brest: no es un juicio más y por lo tanto se pedirán condenas por desaparición de personas.

Curiosamente, la exposición de las querellas no comenzó, como es tradicional para estos casos, con una argumentación histórica sobre la dictadura militar sino que directamente aseguraron que está probado que los hechos ocurrieron.

Las víctimas

Brest expuso dividiendo a las víctimas por grupos que se conformaron de acuerdo con las fechas de detención. En tal sentido, el primero está conformado por Eduardo Saliva, Nora Valladares, Graciela de la Rosa y Juan Carlos Goya. Ellos fueron arrestados de abril a junio de 1976.

En el segundo grupo aparece Ángel Berger que fue detenido en octubre de 1976. Ese año pero en noviembre arrestaron a Carlos Aguirre, Roberto Greca y Julio Aranda.

Finalmente en el cuatro grupo aparece el matrimonio Ayala que fue detenido en Buenos Aires pero los últimos que los ven con vida son quienes estaban detenidos en la ex Brigada de Investigaciones.

Sobre los imputados

También apoyándose en varios testigos relató que el imputado Gavino Manader, condenado en otros procesos, era quien comandaba el grupo de operaciones. En realidad, quien mejor describió el papel que tenían en la red de represión es Rodolfo Sobko que ante los magistrados aseguró que pese al rango que tenía se desempeñaba como jefe porque era idóneo para esa tarea.

A su vez disparó contra el exmilitar Luis Patetta, a quien le dio un rol preponderante en la Brigada de Investigaciones pero que respondía ante los mandos del Ejército. Es decir, era el representante de esa fuerza.

Sobre el expolicía santiagueño Antonio Muza Azar resaltó varias pruebas que hay en su contra y señaló que hace varios años atrás el represor pagó una solicitada para atacar a Valladares, que lo denunció por los padecimientos que sufrió.