Alerta por aumento de delitos informáticos
Una serie de ataques informáticos detectados alrededor del mundo con un virus que encripta la información y restringe el acceso al sistema infectado ha encendido las alarmas en empresas de distintos países. Se trata del llamado “ransomware”, término conformado por las palabras en inglés ransom, que significa rescate, y ware que hace referencia a software.
Si bien no son nuevos los incidentes denunciados a nivel global con este tipo de programa dañino que permite a los cibercriminales pedir un rescate a cambio de quitar la restricción al sistema infectado, la novedad está dada por la creciente preocupación de gobiernos y empresas que comienzan a acusar recibo del incremento de estos ataques. Según el último informe global sobre fraude y riesgo elaborado por la consultora especializada Kroll, el 86 por ciento de las empresas sufrió un problema de seguridad informática en el último año, de los cuales un 18 por ciento fueron víctimas de estos programas maliciosos que infectan los sistemas y encriptan sus datos, y que solo a través del pago de un rescate vuelven a ser accesibles.
Según expertos en seguridad informática de un posgrado de la especialidad que se dicta en la Universidad de Buenos Aires, en la Argentina fueron varias las instituciones del Estado que han sido atacadas por cibercriminales que operan con esta modalidad y que incluso tuvieron que pagar un rescate para poder recuperar los datos. Es que, al parecer, los delincuentes han puesto la mira en los sectores con mayor probabilidad de pagar, como los gobiernos, la salud y las pequeñas empresas. No es casual que, en este escenario, haya aumentado la demanda de especialistas en seguridad informática en el país, aunque el problema es que la oferta de expertos no alcanza a cubrir las necesidades de los distintos sectores afectados en este nuevo escenario.
El sondeo elaborado por la consultora Kroll, que se llevó a cabo con consultas a empresarios de los cinco continentes a quienes se preguntó si fueron víctimas de algún tipo de fraude o de ataque informático, confirma que el problema es mundial. El informe anual de la consultora reveló que en el último año hubo un récord de denuncias a nivel global por parte de las empresas que sufrieron estos ataques. Con este escenario como telón de fondo, expertos de distintas nacionalidades destacaron la importancia clave de la Convención de Budapest, el primer tratado internacional sobre ciberdelincuencia que propone la cooperación mutua entre los países firmantes para obtener evidencia digital de usuarios, empresas y servidores que estén en otros países, que entró en vigencia el 23 de noviembre de 2001. Esta convención estandariza criterios, protocolos y legislaciones de los distintos países que adhieren a la misma con el fin de avanzar en la lucha contra los delitos cometidos con la ayuda de redes informáticas. En nuestro país, en noviembre del año pasado la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la adhesión de la Argentina a esta convención. También el año pasado, en el mes de julio más precisamente, el gobierno nacional resolvió poner en marcha el Comité de Ciberseguridad, integrado por representantes de los ministerios de Modernización, Defensa y Seguridad con el objetivo de desarrollar una estrategia nacional de seguridad informática.
La medida fue comunicada a través del decreto 577/2017, que fue publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Andrés Ibarra (Modernización) y Oscar Aguad (Defensa). En los fundamentos, el Ejecutivo nacional señala que “al considerar la ciberseguridad a nivel nacional, surge la necesidad de hacer referencia a distintos aspectos, entre los cuales se encuentran: capacidad para responder a incidentes de seguridad de gran escala, legislación en la materia, la protección de infraestructuras críticas, capacidad para colaborar con otros países, así como la cultura de seguridad desarrollada por los ciudadanos‘.
El notable incremento de los delitos informáticos denunciados en todo el mundo confirma la necesidad de prestar urgente atención a las medidas de seguridad que se deben adoptar en el uso de dispositivos electrónicos con información sensible y posibilidad de ser conectados a la red internet. El Estado, las empresas y también los ciudadanos deben estar convenientemente preparados para protegerse de las amenazas y las distintas modalidades de ataques de los ciberdelincuentes.
