El ejemplo del control de personal que aplicará el Senado
A partir del 1 de febrero de 2018, los empleados del Senado de la Nación que pertenecen a la planta permanente de ese poder deberán registrar sus huellas digitales en el ingreso y la salida de sus puestos de trabajo. Son 3.093 los que revistan en esa situación laboral y, según se informó, en los distintos accesos que tiene el Senado ya fueron instalados sensores de huellas digitales.
Es la primera vez que en el Senado se utilizan sensores de este tipo para controlar el presentismo del personal y, sobre todo, el horario que se debe cumplir en cada jornada laboral. La decisión de avanzar con estos controles reabrió el debate sobre una de las mayores debilidades que, históricamente, exhibió el Estado en general -aunque hay excepciones, por supuesto- dado que no todas las dependencias oficiales, ya sean en las jurisdicciones nacional, provinciales o municipales, llevan un seguimiento del ausentismo del personal y las que lo hacen, no lo realizan de la misma manera. De ahí la importancia de poner en marcha sistemas biométricos para asegurar el cumplimiento de una obligación básica con la que nadie puede estar en desacuerdo.
En el caso del Senado, cabe aclarar que si bien el nuevo mecanismo se pondrá en marcha el 1 de febrero del año que viene, recién dos meses después, es decir el primer día de abril, arrancará de manera efectiva el control de presentismo. En esos primeros 60 días los empleados tendrán un plazo para adaptarse al nuevo sistema y registrar, los que aún no lo hayan hecho, sus huellas dactilares. También cabe acotar que estos controles, por ahora, solamente alcanzarán al personal permanente, ya que 1.500 trabajadores que pertenecen a la planta transitoria del Senado seguirán exceptuados, al igual que los 72 legisladores de la Cámara Alta. En la Cámara de Diputados de la Nación, un sistema similar comenzó a funcionar el 1 de noviembre, aunque en este caso la medida alcanza tanto a aquellos que forman parte de la planta permanente como a los que están en la planta transitoria.
En el Senado, en tanto, las autoridades habilitaron en noviembre un plan de retiros voluntarios que tiene como objetivo reducir la cantidad de personal que siempre fue cuestionada por lo numerosa, a lo que deben sumarse las críticas por la ausencia de controles de cumplimiento de horario y presentismo que facilitaron la existencia de los conocidos popularmente como “ñoquis”. Hasta tanto se ponga en práctica el nuevo sistema la responsabilidad de informar la asistencia de los empleados seguirá recayendo sobre los directores de área que son los que deben registrar si el personal cumplió, o no, con su obligación de concurrir a trabajar. Además, se anunció que próximamente se licitará la contratación de un servicio de reconocimiento médico domiciliario, a través del cual los profesionales asignados podrán ir a los hogares del personal del Senado a constatar que, efectivamente, están sufriendo alguna enfermedad como declararon y que además estén cumpliendo el reposo indicado en su domicilio. Este tipo de controles de presentismo, así como el plan de retiros que se puso en marcha en el Senado están en sintonía con la decisión del gobierno nacional de avanzar con un ajuste en el gasto que demanda la actividad política en la gestión de los asuntos públicos. Es que, según trascendió, distintas encuestas que maneja la Casa Rosada dieron cuenta del malhumor que generó en buena parte de la sociedad la reforma previsional y el efecto que tendrá sobre los jubilados actuales y futuros, de manera que en el gobierno nacional decidieron que un buen remedio para contrarrestar ese malestar podría ser la puesta en práctica de medidas concretas para mostrar ante la opinión pública una gestión de la cosa pública más transparente y austera. Pero desde distintos sectores opositores advierten que, en rigor, estas medidas se enmarcan en la decisión de avanzar con un fuerte achicamiento en las funciones del Estado.
En todo el mundo, la gestión eficaz de los asuntos públicos depende en buena medida del sincero compromiso laboral de los funcionarios que se desempeñan en las distintas jurisdicciones del Estado. Por eso, además de asegurar que el número de empleados no sea desproporcionado en relación al servicio que se debe prestar al ciudadano y que se cumpla con las obligaciones asignadas, también es importante velar por una adecuada selección de los que se incorporan al servicio público.
