Las tensiones con los mapuches
Las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel pusieron el foco varios conflictos sin una solución a corto plazo. Un complejo campo de disputas por el territorio incluyen a la región petrolera.
Las disputas en la Patagonia por reclamos mapuches, que ya se cobraron dos vidas son muchas y diversas, pero tienen un origen común: la reivindicación ancestral de los territorios por parte de los indígenas.
Con Vialidad Nacional disputan trazas de circunvalaciones y la construcción de las represas Kirchner y Cepernic en yacimientos arqueológicos, que los originarios solicitan, de acuerdo a la ley, una consulta previa.
También apuntan a la reivindicación de bosques nativos de los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín. Las 17 comunidades históricamente instaladas allí exigen una mayor participación en la gestión (comanejo), además de un reparto ‘más equitativo’ de la recaudación por visitas.
La recuperación de franjas de costa del lago Correntoso y cerros aledaños también es un tema caldeado, con posiciones divididas entre los locales de Villa La Angostura.
En el Lof Paichil Antriao argumentan que unas 500 hectáreas de bosques nativos les fueron arrebatadas con engaños. Veinte de esas hectáreas están ubicadas en un enclave paradisíaco y fueron adquiridas en 2004 por Emanuel Ginóbili.
La mayoría de estos reclamos se tramita vía judicial, aunque con un despliegue de medidas de fuerza y de protestas más o menos álgidas. Ninguna de esas comunidades reivindica la violencia. Todas rechazan los métodos de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y califican a sus activistas de ser instrumentos perfectos para que el Estado promueva y legitime una política represiva.
Un caso
En Loma Campana, corazón de Vaca Muerta, donde las petroleras extraen gas mediante técnicas no convencionales de fracking, exigen que la provincia reconozca el uso ancestral de 11.000 hectáreas para pastoreo. Y una vez garantizados sus derechos, que las petroleras paguen por la explotación.
La provincia de Neuquén se opone de forma sistemática.
La misma tierra también es disputada en la Justicia por otro particular que reclama la titularidad de una parte de ellas.
Los reclamos territoriales mapuches en Vaca Muerta suman unas 20.000 hectáreas de tierras fiscales y privadas con reservas hidrocarburíferas estratégicas. Toda el área, equivalente a la superficie de la ciudad de Buenos Aires, se convirtió en un campo minado de conflictos cruzados.
Interpretación de la ley
El líder Jorge Nahuel agrega: “No somos un pueblo fosilizado, sino uno que crece. Las tierras que ocupamos hoy no son suficientes. De allí nuestra tarea organizativa de articular y buscar los mecanismos de resolución de conflictos a través de una lucha que es jurídica, política y cultural”.
Para él la prórroga de la ley 26.160, de tierras de pueblos originarios, los habilita a reclamar territorio en lugares ociosos con ocupaciones previas a esa prórroga. La interpretación explica en parte la toma en Villa Mascardi, junto a la responsabilidad del Estado por haber incumplido el mandato constitucional. “Las leyes argentinas incorporaron el derecho mapuche y queremos hacerlo valer. Por otro lado, cortar un acceso a un yacimiento u ocuparlo son también acciones legítimas de protesta, como tomar una oficina pública”, afirma.
Otra perspectiva
En el país existen 34 pueblos aborígenes agrupados en 1.417 comunidades registradas, de un total de 1.596 identificadas, según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Son unas 955.032 personas, de ellas 205.009 se reconocen mapuches.
“Existen nuevas comunidades que no reclamaron por vías institucionales su derecho ancestral de tierras con una ocupación actual tradicional, pública y fehacientemente acreditada”, explica Jimena Pasathakis, titular del INAI.
La funcionaria sostiene que el concepto de ‘actual’ se refiere al momento previo a la sanción de la ley 26.160, en 2006.
La identidad
Productores y propietarios privados denuncian a crianceros con ascendencia indígena que de un día para el otro dejaron de vivir como gauchos para reconocerse como mapuches.
En respuesta, Diego Rosales, de la comunidad Futá Xayén, sostiene que sus antepasados resignaron la cultura mapuche para sobrevivir. Hubo entonces mestizaje y se acriollaron. “Retomamos una cultura para recuperar una identidad que habíamos perdido; también, para pelear por nuestros derechos”, sincera. Inocencia, de 80 años, cuenta que cuando era joven todo era campo fértil. Vendían cuero, lana, pieles de zorro y nutrias que transportaban en burros, y subsistían con las cosechas de quinta y vendiendo animales. “He visto mi vida arrinconarse; el campo se va terminando y los animales no tienen qué comer. La vida debería ser más pareja”, dice.
Fuente: La Nación
Una solución no violenta
Por Andrés Malamud y Martín Schapiro
Los pueblos indígenas reclaman por derechos que permanecen incumplidos, por eso es más eficiente canalizar la protesta que reprimirla.
La "cuestión mapuche" es social antes que policial. La Constitución manda "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano". Estos derechos permanecen incumplidos. Y no son un capricho chavista: los países que reputamos serios también los reconocen.
En Estados Unidos, las reservaciones indígenas ocupan 80.000 kilómetros cuadrados, el 1,3% de la superficie del país (y 400 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). En Canadá, unas 2.300 reservas ocupan 28.000 kilómetros cuadrados. Australia otorga a los pueblos indígenas más de la mitad de los territorios del norte del país y son los nativos quienes negocian con las empresas mineras los permisos para que operen en sus tierras. En Nueva Zelanda existen tribunales especiales con jurisdicción sobre las tierras ancestrales de los maoríes; una de sus ventajas es que empoderan a los aborígenes individualmente, liberándolos del yugo de los caciques.
La protesta social es indisociable de la democracia. Cuando desborda, recanalizarla es más eficiente que reprimirla: ahí reside el arte del acuerdo. En la Argentina la tarea es delicada porque pocos confían en la imparcialidad de las instituciones. Entonces, cada actor reivindica sus intereses con los medios de que dispone: los sindicatos hacen huelga, los estudiantes toman colegios, los empresarios cierran las fábricas y todos hacen piquetes. El politólogo Samuel Huntington definía una sociedad así como pretoriana y el jurista Carlos Nino llamó a la Argentina "un país al margen de la ley". Al movilizarse por sus derechos y desconfiar del Estado, la comunidad mapuche se demuestra bien argentina.
A diferencia de los Estados Unidos, que se integraron hacia el oeste otorgando parcelas de tierra a los colonizadores, y de Brasil, donde el rol de ocupación y desarrollo territorial fue cumplido por las fuerzas armadas, la Argentina obvió la tarea integradora tras consolidar su soberanía a finales del siglo XX. Hoy sobra tierra y falta gente. Gobernar sigue siendo poblar, pero también integrar.
Seamos claros: ningún individuo u organización tiene derecho a violar la ley. Pero el problema histórico del Estado argentino no fue tanto quiénes lo desafiaron como quiénes lo gobernaron. Cambiemos.
Malamud es politólogo e investigador en la Universidad de Lisboa. Schapiro es abogado administrativista y analista internacional.
