Para Bonadio, Cristina Kirchner “impartió las órdenes” para beneficiar a los acusados por el atentado a la AMIA

Para el magistrado, Cristina Kirchner “impartió órdenes  personalmente” para lograr que los iraníes obtengan “la  impunidad”.

Por ello, la procesó por traición a la patria, encubrimiento  agravado y estorbo de un acto funcional, y le impuso un embargo de  50 millones de pesos.

Bonadio consideró acreditada “la responsabilidad penal de los  funcionarios y ciudadanos argentinos que negociaron,  participaron, acordaron y coadyuvaron a lograr los objetivos de  una potencia extranjera -Irán-, que está demostrado  judicialmente que ordenó/organizó/financió/ instigó dos actos  de guerra en el territorio nacional, contra ciudadanos  argentinos desarmados e inocentes, y que han sido declarados  delitos de lesa humanidad”.

Según el juez, el excanciller Héctor Timerman ejecutó las  órdenes de la exmandataria, quien “cambió de postura” respecto a  la presidencia de Néstor Kirchner sobre la actitud para con los  iraníes acusados de volar la AMIA.

En ese sentido, remarcó las negociaciones “secretas y oficiales  que mantuvieron funcionarios del Ejecutivo Nacional” con  representantes de Irán, tres en 2012 (30 de noviembre, 27 y 28 de  diciembre) y dos en 2013 (3 y 23 de enero), estas últimas  encabezadas por Timerman.

Según el fallo, el Memorándum fue “el medio elegido para llevar  a cabo el plan delictivo” presentado por el “gobierno de Cristina  Fernández” para favorecer a los iraníes.

“Este plan fue orquestado y puesto en funcionamiento por la  entonces presidente Cristina Kirchner junto con, entre otras  personas: su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor  Timerman, con la colaboración Oscar Parrilli, Carlos Zannini,  Angelina Abbona, Andrés Larroque, Eduardo Zuain, Alberto  D Alotto”, señaló.

Al decretar la prisión preventiva previo desafuero de la  expresidenta, Bonadio evaluó “sus vínculos”, ya que “siendo  Senadora Nacional electa, de continuar en libertad, podrían  entorpecer el accionar judicial, así como el descubrimiento de la  verdad y la posibilidad de que se cumpla una sentencia  condenatoria”.

En ese sentido, evaluó que mientras los imputados  permanecieron durante un prolongado período “en las más altas  esferas de influencia del poder estatal -y/o con nexos con el  mismo”, los mismos “poseían determinadas capacidades que  incrementan su potencial (contactos, información privilegiada,  medios económicos y capacidad de acción) tanto para evadirse,  como para dificultar la producción de pruebas”.

Fuente: NA.