Hay señales de más predisposición para preservar el Ministerio Público Federal
Sabadini, en declaraciones radiales, dijo que los cambios de que se viene hablando “generan una preocupación pero se va aminorando con el correr de la información”. Hace dos semanas se viene hablando de un proyecto para modificar la ley orgánica que regula al Ministerio Público Fiscal. Uno de los cambios que se proponen es retocar los mecanismos de remoción y designación del titular de la Procuración General, todo en el contexto de las presiones oficiales para separar a la procuradora Gils Carbó, quien anunció su renuncia a partir del año que viene.
El fiscal dijo que allí se observó una intención de flexibilizar las condiciones para remoción de quien esté al frente de la Procuración, pero hay señales de que los proyectos originales podrían limarse para no generar un conflicto con el Ministerio Público, sobre todo porque el objetivo de alejar a Gils Carbó se concretó en definitiva con el anuncio de la funcionaria de su decisión de renunciar.
“Sabíamos que la idea era la modificación de algunos aspectos de la ley orgánica y la esperanza que tenemos es que pasemos a un sistema acusatorio. Hoy investiga el juez, valora la prueba el juez, el juez tiene que ponerse en el rol incluso (no formalmente pero sí intelectualmente) de acusador o de defensor. Se desvirtúa totalmente el proceso penal. Hay que cambiarlo para que el fiscal sea quien debe investigar y acusar, que la defensa defienda y que el juez decida como un tercero imparcial sin emitir opinión respecto de las pruebas ni valoración, salvo como para dictar sentencia. Debe comportarse como árbitro”, planteó.
El operativo en Sáenz Peña
El fiscal Sabadini también dio su opinión ayer al ser consultado sobre su punto de vista en torno al procedimiento llevado a cabo en Sáenz Peña, donde la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó allanar oficinas de la justicia provincial y un domicilio particular a raíz de una investigación sobre supuestos vínculos de un funcionario judicial con maniobras narcos y lavado de dinero.
“La información fue un poco difusa y no es mucho lo que sé. Esto tiene relación con una causa de público conocimiento. La jueza tiene facultades de hacer una prórroga de su jurisdicción en algunos casos. Habría que ver cómo fue, no tengo los papeles. Habría que consultar al juez o al fiscal federales de Sáenz Peña”, explicó. El procedimiento se realizó el martes y conmocionó el mundo judicial de la termal.
Dilemas de las causas con narcos
El fiscal federal Patricio Sabadini, al referirse a la conmoción causada por los procedimientos ordenados por la jueza Arroyo Salgado en Sáenz Peña, dijo que se trata de un tipo de intervenciones que siempre tienen un impacto por sus implicancias institucionales. Se le citó al respecto lo que ya había sucedido en su momento con las acciones en Itatí contra el avance del narcotráfico. “Son hechos que en su faz delictiva tocan varias jurisdicciones”, explicó.
“Está el origen de la droga, las jurisdicciones por las cuales pasa al ser transportada, el destino de la droga. Es común que esto genere conflictos de competencia”, indicó. No obstante planteó que “habrá que ver después qué acciones genera esto, porque una cosa es allanar un estudio jurídico que defiende a un imputado, y lo digo en el aire no para un caso concreto, como aspecto de la defensa, y otra cosa es allanar el estudio de un abogado que forma parte del engranaje delictivo. Son dos cosas totalmente distintas”, advirtió.
Sabadini dijo que “incluso en el ámbito del lavado de dinero se discute si el abogado es un sujeto obligado de denunciar reportes de operaciones sospechosas. Imagínese una persona que se va a defender de lavado de dinero y su abogado lo tiene que mandar al frente. Son temas de academia, incluso”. En el procedimiento realizado en Sáenz Peña se apuntó a un funcionario que años atrás fue abogado de un supuesto narco.
