Arroyo Salgado allanó oficinas judiciales por supuestos vínculos con narcos y lavado
SAENZ PEÑA (Agencia) - Jueces y abogados del medio no lo podían creer: un allanamiento, con gran despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional, a oficinas de una Defensoría Oficial de la justicia local. En la puerta de acceso al edificio, varios gendarmes tomaban nota de cada una de las personas que ingresaban. Adentro, peritos buscaban elementos que les permitan analizar si hay alguna vinculación con una causa sobre narcotráfico pero también, con el lavado de activos provenientes de esa actividad ilícita.
Están buscando papeles y computadoras en la oficina del doctor (Matías) Jachevsky”, dijo una empleada judicial. La sorpresa fue mucho más grande aún. Es que, según pudo saber NORTE a partir de consultas telefónicas a Buenos Aires, la jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 1 de San Isidro, ordenó, a través de su secretaría Penal N°1 en el expediente “Sancho, Gustavo Darío s/infracción Ley 23737” un allanamiento a las oficinas de la mencionada Defensoría ubicada en el edificio donde funcionan los juzgados de la Segunda Circunscripción judicial de la calle 9 de Julio entre Belgrano y Guemes, de Sáenz Peña, y del domicilio particular del funcionario judicial Matías Jachevsky en el Barrio 50 Viviendas Plan Federal, al norte de calle 51.
Arroyo Salgado es una magistrada conocida por el manejo de varias causas resonantes, pero sobre todo por ser la ex esposa del fiscal Alberto Nisman, cuya muerte conmocionó al país (dos días antes de que debiera acudir al Congreso para explicar los términos de su acusación de encubrimiento contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios en la causa AMIA) y aún permanece sin esclarecimiento.
¿Qué quiere saber la jueza?
El operativo fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 1 de Gendarmería Nacional y estuvo presente el jefe la Agrupación XVIII “Chaco” Nacional., Pablo Lezcano Coutiño, junto al titular del escuadrón local Alberto Martín Farías, y demandó casi toda la jornada de ayer.
La magistrada quiere saber varios aspectos de una causa relacionada a narcotráfico, y que podría llevar a determinar que hubo lavado de dinero originado en la actividad narcocriminal del narcotráfico.
Se menciona, a modo de relación, el incidente ocurrido cuando una avioneta que tuvo un desperfecto mecánico años atrás cerca de la localidad de Corzuela, aterrizó en el pastizal. Allí, la avioneta fue encontrada y según el análisis de los peritos, había signos que habría transportado cocaína. La aeronave tenía matricula boliviana.
En esta causa, aparece en escena Gustavo Darío Sancho, que contrató como abogado defensor a Matías Jachevsky. Previo a este suceso, Sancho había sido detenido en un control de la Ruta Nacional 16 cuando circulaba en una camioneta 4x4 y en su interior encontraron dinero en efectivo, pero fue liberado al poco tiempo.
La relación de cliente y abogado defensor habría continuado, a consideración de los investigadores, y en este marco, se avanza en determinar si hubo lavado de activos procedentes del narcotráfico, teniendo en cuenta que Sancho está sospechado de ser uno de los brazos del tráfico de drogas en el país y que al estar de las causas que se lo imputó, se lo detuvo y luego se lo liberó, pasaba a menudo por las rutas del Chaco.
¿Qué se llevaron?
Para ser peritados en el Juzgado Federal de San Isidro, los gendarmes incautaron equipos de teléfonos celulares, carpetas, pendrives, anotadores, computadoras y también incautaron vehículos particulares de la familia.
La jueza Arroyo Salgado, habría ordenado la detención -en condición de incomunicado- del funcionario judicial, pero no habría sido ejecutada esa orden debido a los considerandos de la ley de fueros, lo cual fue asentado en el acta que se realizó al término de los allanamientos, según consignaron a NORTE altas fuentes judiciales.
Sorprendió el operativo
SÁENZ PEÑA (Agencia)- “A la perinola... ¿qué está pasando acá?¿Por qué será?”, preguntó asombrado un abogado del foro local a sus colegas ayer en inmediaciones a la puerta de acceso a los juzgados de esta ciudad. “No sé, pero es de la instancia federal por tanto movimiento de gendarmes”, atinó a responder otro profesional del Derecho.
El juez del Trabajo, Hugo Osicka, también tuvo que identificarse para ingresar al edificio donde cumple sus funciones, porque los controles de los uniformados mientras duró el procedimiento fueron estrictos. El allanamiento en el juzgado, en las oficinas de la Defensoría Oficial, fue algo inédito, sobre todo porque la magistrada interviniente ordenó esta medida a las oficinas del Poder Judicial por una causa de instancia federal, con lo cual marca el grado de gravedad que podría tener y las implicancias que obran en el expediente en cuestión.
