El rechazo social a la violencia contra la mujer
La violencia contra las mujeres es un fenómeno que está presente en todo el mundo. El maltrato físico, así como el abuso y el acoso que sufren las mujeres son delitos que desde hace bastante tiempo son penados por la ley en una larga lista de países, pero recién ahora comienza a verse que a la protección normativa existente se suma una fuerte condena de la sociedad a esos delitos.
En un mundo donde las noticias corren a la velocidad de la luz y que hace rato se ha transformado en la “aldea global” —término acuñado por el canadiense Marshall McLuhan ya en los años 60—, el escándalo que se desató en Estados Unidos por los casos de acoso sexual que tienen contra las cuerdas al magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, parece haber generado un sismo que se replicó con distintas intensidades en distintos puntos del planeta. En Argentina las denuncias por acoso también escribieron sus propios capítulos con escándalos protagonizados por figuras de los medios, como un conductor de TV al que una microfonista denunció por acoso sexual, o por el funcionario de la Anses en Mendoza que fue despedido de ese organismo luego de que tomara estado público un video en el que se lo ve golpeando a una empleada que trabajaba en un comercio de su propiedad.
No es que la violencia de los hombres hacia las mujeres haya aumentado exponencialmente en los últimos años. Lo que sucede es que ahora cada vez son más las mujeres que se animan a denunciar porque no se sienten solas y saben que tienen el acompañamiento de la sociedad y de organizaciones civiles que las respaldan y velan por sus derechos. La relación desigual de poder que, históricamente, jugó a favor de los varones en la justicia, la administración pública, en la actividad privada, el deporte y en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana ha comenzado a cambiar. Algunos estudiosos del fenómeno hablan de un cambio de época, otros de la mayor conciencia que existe en la comunidad sobre la necesidad de equilibrar la balanza entre uno y otro sexo y de dejar de naturalizar situaciones de violencia que, claramente, configuran delitos.
En nuestro país está vigente la ley 26.485, promulgada en el año 2009, que aborda de manera integral el problema de la violencia hacia las mujeres por motivos de género. Esta norma marcó un cambio de paradigma en el enfoque de esta serie problemática incorporando una perspectiva de derechos humanos, tomando como punto de partida la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, también conocida como Convención de Belém do Pará. El arduo trabajo realizado desde el regreso de la democracia por distintas organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos de las mujeres abrevió en el movimiento Ni Una Menos, definido por las propias protagonistas como “un grito colectivo contra la violencia machista” y que surgió de la necesidad de hacer visible los altos índices de asesinatos de mujeres (seg ún esta organización, en Argentina cada 30 horas asesinan a una mujer sólo por ser mujer). Ni Una Menos, y también las diferentes agrupaciones que trabajan la temática, tuvieron el mérito de instalar en la agenda pública y política el debate sobre la violencia que tiene como víctimas a las mujeres, marcando de alguna manera un punto de inflexión. Así, de a poco, los medios de comunicación dejaron de hablar de “crímenes pasionales” para hablar de femicidios, dando otro enfoque a la manera de describir las situaciones de violencia. Otro tanto ocurrió en los organismos públicos relacionados con la temática donde el término “violencia doméstica” (que hacía referencia a algo que ocurría en el ámbito privado y que por lo tanto no debía tener interés social) dej ó de utilizarse para hablar de “violencia de género”. Como un río subterráneo que movió lo que parecía inamovible, los principios sobre los que se apoya la estructura de la organización social comenzaron a mutar para dar paso a este presente donde hay conductas, como las agresiones violentas contra las mujeres, que ya no son toleradas por la sociedad.
