Una deuda histórica con los pueblos indígenas
En todo el territorio nacional no se podrán realizar en los próximos cuatro años desalojos en las tierras habitadas por comunidades indígenas. Así quedó establecido luego de que, por unanimidad, la Cámara de Diputados de la Nación convirtiera en ley la iniciativa que fija ese período de prórroga que, en la práctica, permite descomprimir conflictos. Pero el problema de fondo estará resuelto solo en la medida en que se avance con la regularización de las tierras en cada una de las provincias.
Cabe recordar que la ley 26.160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas en distintas regiones del país fue sancionada en el año 2006 y debió ser prorrogada en dos oportunidades porque no se cumplieron los plazos establecidos para la realización del relevamiento catastral de pueblos originarios. Dado que dentro de dos semanas vencía el plazo que establecía la norma como paraguas de protección a las comunidades contra los desalojos, los legisladores -del Senado primero y luego los de la Cámara Baja- entendieron que no podían dejar la cuestión librada al azar. A su vez, los fuertes reclamos y movilizaciones realizados por integrantes de pueblos indígenas remarcaron la necesidad de evitar desalojos pero también de avanzar con una solución de fondo a este complejo problema que viene de lejos y que demostró muchas veces la falta de una política de tierras coherente en todo el territorio nacional.
En los reclamos que oportunamente hicieron las comunidades se hizo notar que en ocasiones se les había otorgado títulos supletorios que no tenían garantía jurídica de propiedad definitiva sobre la tierra, lo que impedía avanzar hacia una solución de fondo del problema. La prórroga aprobada ahora tampoco da respuesta a todas las demandas, pero al menos suspende los desalojos en tierras habitadas por familias de los pueblos originarios hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral. Según este organismo nacional, son 1532 las comunidades identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el procedimiento culminado, es decir, apenas el 30 por ciento.
El debate en la Cámara de Diputados de la Nación estuvo atravesado por el polémico operativo de desalojo que realizó Gendarmería Nacional contra el corte de ruta que realizaron integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof, en la provincia de Chubut, antes de la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado, cuya muerte avivó las discusiones en distintos sectores de la sociedad argentina sobre la actuación de funcionarios del gobierno nacional en el conflicto por las tierras indígenas en la Patagonia. Pero la problemática de los distintos pueblos originarios que viven en diferentes zonas del país va más allá de la propiedad de las tierras, aunque ésta es sin dudas una cuestión central. En el Foro sobre el Acceso a la Tierra y al Agua en Poblaciones Rurales del Chaco Trinacional (argentino, boliviano, paraguayo), que se realizó esta semana en la ciudad de Buenos Aires se expusieron las duras condiciones de vida que llevan las comunidades indígenas del Chaco salteño. En ese sentido, se explicó que en la provincia de Salta, por ejemplo, familias de los pueblos originarios y también campesinos se ven obligados a recorrer varios kilómetros para poder a acceder a agua potable segura ya que viven en una zona donde casi la mitad de los hogares no tiene acceso a ese servicio básico y elemental.
Frente a la injusta situación que sufren los pueblos indígenas es necesario que la agenda pública incorpore como punto central el reconocimiento de sus derechos. Además, y como se dijo al comienzo de esta columna, también es importante que en cada una de las provincias se regularice la situación de sus tierras a fin de saldar la histórica deuda con las comunidades originarias.
