Desafíos que plantea la lucha contra la corrupción
Uno de los problemas que, históricamente, enfrentó la lucha contra la corrupción en el país fue la falta de herramientas eficaces para combatirla. A esa carencia de instrumentos para erradicar el flagelo, se sumó en los últimos tiempos el fenómeno de la espectacularización de los hechos de corrupción de trascendencia nacional que hacen mucho ruido pero que no necesariamente ayudan al ciudadano de a pie a comprender mejor cómo funciona la matriz que permite a unos pocos actuar al margen de la ley y apropiarse de fondos que son públicos.
La decisión del gobierno nacional de crear nuevas dependencias policiales para investigar y perseguir los delitos relacionados con defraudaciones al Estado parece estar en sintonía con el reclamo ciudadano por una mayor transparencia. Se trata de la Unidad Investigativa contra la Corrupción, nombre con el que el Ministerio de Seguridad de la Nación bautizó a una dependencia policial que contará con peritos informáticos y profesionales de la contabilidad, aportados por Policía Federal, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería, que se dedicarán exclusivamente a enfocarse en los pedidos de la Justicia que investiga los casos donde existe una fuerte sospecha de estar ante la presencia de decisiones públicas tomadas en función de beneficios particulares al margen de la ley. Dicho esto, y señalando que es de esperar que esta nueva unidad investigativa funcione como corresponde desenmascarando a quienes están de un lado y otro del mostrador de la corrupción, vale la pena detenerse un momento en algunas de las reflexiones que aporta el reciente informe presentado, por tercer año consecutivo, por la organización no gubernamental Poder Ciudadano titulado “Corrupción y transparencia. Informe 2016/2017”.
El trabajo en cuestión pone énfasis en las reformas que se necesitan para enfrentar lo que los expertos de Poder Ciudadano entienden que es una realidad ineludible en nuestro país: la existencia de una matriz de corrupción. “Esta matriz tiene presencia en el sistema político, judicial y empresarial y cada uno de estos actores participa, de alguna forma, en las causas que la producen”, advierte la organización no gubernamental, para luego recordar que “no existen leyes mágicas, ni funcionarios superpoderosos” y que frente al desafío que plantea la corrupción lo que se necesita son leyes de calidad, funcionarios probos, empresas comprometidas, una Justicia independiente, eficiente y especializada y organizaciones de la sociedad civil demandantes.
El informe también hace referencia a la situación de la Justicia y los organismos de control, advirtiendo que en ambos casos padecen una crisis de legitimidad y sufren la falta de herramientas eficaces para combatir la corrupción, lo que hace que se vean afectados en su rol institucional, abriendo así las puertas de oportunidades para la impunidad. Tras analizar la situación del país frente al lavado de dinero y las deudas institucionales y políticas en materia de ética pública, el documento de Poder Ciudadano pone de relieve también ciertos avances en materia de transparencia y lucha contra la corrupción que se observaron el año pasado, con la sanción de las leyes de Acceso a la Información Pública y del Arrepentido. En ambos casos, plantea la organización que promueve la transparencia, el éxito de las mismas dependerá de la forma en que se implementan y en la capacidad de hacerlas interactuar en el marco de un sistema de integridad.
Los países con los mejores índices de transparencia son aquellos en los que la ciudadanía exigió a sus dirigentes que colaboren con la construcción de un sistema político, judicial y empresarial transparente que se distinga por su integridad. Los resultados obtenidos en estas naciones (Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, son las que encabezan el listado) permitieron lograr una mejor calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía.
