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El escándalo de la megacausa de asociación ilícita y estafas inmobiliarias sumó nuevos ingredientes

SÁENZ PEÑA (Agencia) - La megacausa en la que se investiga la supuesta organización de una asociación ilícita para concretar estafas inmobiliarias, conocida como la “mafia de las tierras”, sumó en el transcurso de la semana judicial cerrada ayer nuevos y jugosos elementos que terminaron generando una serie de medidas que “sacudieron”, al menos públicamente, el desarrollo de la investigación que desde hace varios meses venía desarrollándose de manera silenciosa y estaba cercana a ser elevada a juicio tal vez antes de fin de año.

En esta causa, conformada por más de una decena de hechos, García junto con su colega Juan Michlig y Germán Correa están detenidos con prisión preventiva, sospechados de haber sido organizadores de la organización para llevar adelante las maniobras de estafas. Además hay una decena de imputados que mantuvieron la libertad mediante el pago de cauciones o fianzas y también se encuentran imputados por el delito de estafa.

Es que la “bomba” que implicó a principios de semana la ruptura del “pacto de silencio” que significó la decisión del abogado Pablo García de patear el tablero y revocar la defensa otorgada a los abogados Juan Carlos Saife y Mario Píccoli que había reemplazado a Martín D’Alessandro, para asumir su propia defensa con la asistencia del Defensor Oficial 1 Ariel Juárez, abrió la puerta para que desista del Hábeas Corpus que habían presentado mientras compartían defensa con otro de los imputados, el también abogado Juan Manuel Michlig, aduciendo condiciones de agravamiento de las condiciones de detención en el Complejo Penitenciario II por lo que solicitaban el beneficio de la detención domiciliaria.

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La consigna policial frente al domicilio de los padres de Pablo García, donde el abogado cumple la detención domiciliaria otorgada por la Fiscalía 1 de esta ciudad que investiga la megacausa por asociación ilícita y estafas.

Confesión sobre los hechos

Luego de consumada la ruptura entre los imputados del “pacto de silencio” que existía, cuyos motivos son una verdadera incógnita y la decisión de jugar, a partir de aquí, individualmente su propia estrategia, García decidió acogerse a la “Ley del arrepentido” que a partir de las modificación de esa norma, la 26.304, también incluye en los extremos al delito de asociación ilícita y aportó ante la fiscalía información de como se habrían pergeñado las maniobras para apropiarse de inmuebles y otros bienes. Si bien hasta aquí el contenido de la declaración prestada por García, que sumó varias horas en los dos primeros días de la semana, se puede inferir de acuerdo al decir de fuentes confiables que el imputado habría brindado valiosa información, por lo que seguramente la semana entrante podrían generar importantes novedades en el marco de la investigación. Obtuvo el beneficio Beneficiado por la “Ley del arrepentido” -26.304- el abogado Pablo García, uno de los principales imputados en la megacausa en la que se investiga una supuesta asociación ilícita organizada con la finalidad de llevar adelante estafas inmobiliarias, accedió al beneficio de la detención domiciliaria que se cumplirá hoy mismo según confirmaron oficialmente fuentes judiciales vinculadas a la investigación. La medida se otorgó luego de que solicitara ser incluido en lo que se conoce como la figura del “imputado arrepentido”.

Fue la misma fiscal de la causa, Liliana Lupi, quien confirmó a NORTE lo que desde horas tempranas era un secreto a voces, el otorgamiento a García de la detención domiciliaria a partir de “la solicitud que presentara para acogerse a ese beneficio en el marco de la Ley del arrepentido y las previsiones de los artículos 41 ter que con la reforma del año pasado amplió los extremos delictivos que alcanzan a esta figura extendiendo al delito previsto en el artículo 210 del Código Penal, la asociación ilícita”, todo en el marco de la “causa principal que se investiga de asociación ilícita y estafas inmobiliarias, no de hábeas corpus presentado oportunamente y al cual este imputado desistió”.

García declaró durante varias horas en los primeros días de la semana y habría brindado abundante información de interés relacionada con la causa que investiga Lupi y en la cual se encuentra como uno de los principales imputados sospechado de integrar una asociación ilícita para cometer supuestas estafas inmobiliarias mediante maniobras fraudulentas y falsificación de documentos.

Posterior a esas ampliaciones de declaración de imputado, revocó el mandato defensivo a los abogados Juan Carlos Saife y Mario Píccoli y decidió en su condición de abogado “su propia defensa nombrando como co defensor a Juárez.

En principio el escrito presentado por su codefensor, Ariel Juárez, defensor oficial 1, “solicitaba el cese de la prisión preventiva y subsidiariamente la prisión domiciliaria. Y decidimos hacer lugar a la detención domiciliaria”, apuntó la fiscal.

Detención en el domicilio de sus

padres y con medidas de seguridad

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La fiscal Liliana Lupi junto con la fiscal de Cámara, María Rosa Osicka, quien coadyuva en la investigación de la megacausa de asociación ilícita y estafas inmobiliarias, confirmaron la prisión domiciliaria otorgada al abogado Pablo García, uno de los imputados.

La fiscal Lupi adelantó que García “cumplirá su detención domiciliaria en el domicilo de sus padres y bajo estrictas medidas de restricción”, y aclaró no es que se va a la casa y listo” explicó.

“Ests restricciones no solo las debe cumplir García que continúa en carácter de detenido sino también todo el grupo familiar conviviente” indicó. Con “consigna policial”.

Las condiciones

En contacto con este diario, la fiscal Lupi dio a conocer en detalle las restricciones a las que deberá someterse García durante el tiempo que dure su detención domiciliaria.

Las condiciones son las que se conocen habitualmente y hay una extensa lista de requisitos que deberán ser cumplidos. “No deberá abandonar el lugar, hay una serie de personas que están enumeradas que pueden acceder a ese lugar, entre ellos, su hijo menor. Habrá un control de asistente social y un médico forense, que deben informar semanalmente a la fiscalía. Además de custodia policial que debe verificar quien pretende ingresar e informar a la Fiscalía”, aportó.

Asimismo consignó que “el personal tiene la obligación de detallar día por día quien ingresa ese domicilio, no es solamente que se va a su casa bajo juramento, se le imponen una serie de obligaciones tanto al personal policial, al imputado y al grupo conviviente”.

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