La industria del juicio goza de buena salud
La comúnmente llamada “industria del juicio”, que hace referencia a la alta litigiosidad en el ámbito de las relaciones del trabajo, también ha afectado al mercado de los seguros laborales, con una onda expansiva que hizo subir el precio de las coberturas.
Según estimaciones realizadas por empresas aseguradoras que lideran el mercado local, de cada 100 siniestros que ingresan, cerca de 40 son juicios laborales, lo que da una idea de la magnitud que ha alcanzado este problema que no es nuevo y que, por supuesto, afecta a todos los que de una u otra manera intervienen en el entramado del mundo del trabajo. En los últimos meses, la preocupación estuvo centrada en el hecho de que esta mayor ligitiosidad ha provocado una suba de las alícuotas, con porcentajes del sueldo que van entre 0,5 y 25%, según el caso que se trate. En ese sentido, especialistas del sector advierten que en el caso de algunas pequeñas y medianas empresas que destinan buena parte de su masa salarial a la cobertura de riesgo del trabajo, los precios hacen la diferencia entre continuar produciendo o bajar las persianas. La distorsión del sistema es tal que, a largo plazo, termina perjudicando fundamentalmente a las compañías con menos margen de maniobra que se ven obligadas a trabajar con costos laborales indirectos, en un marco que agrega una mayor imprevisibilidad al horizonte del empleador pyme.
Por otra parte, si bien la nueva ley de riesgos de trabajo surgió como una posibilidad de reducir los altos índices de litigiosidad registrados en forma ininterrumpida en los últimos años, uno de los puntos débiles de la norma es que las jurisdicciones provinciales tienen que adherir a ella para que sea válida; y con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde automáticamente se adhirió, hasta ahora sólo la provincia de Córdoba se sumó formalmente al nuevo marco normativo. Quienes aseguran que, efectivamente, la nueva ley permitió reducir los preocupantes niveles de litigiosidad, advierten que todavía falta mucho camino por recorrer ya que siguen surgiendo casos fraudulentos y muchos de ellos son incluso más sofisticados. Mientras tanto, desde el sector de seguros se apuesta a que la lucha contra este flagelo se sostenga en el tiempo a fin de reducir la cantidad de juicios y que esto a la vez permita optimizar la actividad de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).
Para tener una dimensión de esta seria problemática que afecta con mayor dureza a los pequeños y medianos empleadores, vale como ejemplo lo que ocurrió en la provincia de Córdoba donde el escenario de alta litigiosidad deriv ó en un duro golpe contra la competitividad de las empresas pymes ya que el costo de las pólizas de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo llegó a ser hasta un 30 por ciento superior al que se pagaba en otras jurisdicciones. En el resto del país la situación no es mucho mejor para las pymes, que además vienen soportando una fuerte presión fiscal que atenta contra el crecimiento y buen desempeño del sector.
Vale recordar que con la nueva ley se crearon comisiones médicas jurisdiccionales que son las encargadas de evaluar las dolencias de las personas y que deben pronunciarse en cada caso antes de pasar a una instancia judicial. La norma vigente también establece que la regulación de honorarios de los peritos sea en función del trabajo realizado y no de un porcentaje del resultado del juicio y fija una tabla de evaluación de incapacidades para establecer el porcentaje de incapacidad correspondiente a cada daño. El sistema, en su totalidad abarca a diez millones de trabajadores y a 1,5 millón de empleadores, y comprende también a las 450.000 empleadas domésticas registradas. Frente a este panorama, es necesario que las provincias adhieran a la ley nacional a fin de poner un límite a los juicios que recaen sobre las aseguradoras de riesgo de trabajo, dado que a mayor cantidad de demandas, mayor será la alícuota que deberán pagar las empresas sobre su plantel de trabajadores.
