Aranda aclaró que el Sindicato de Judiciales era el nexo entre adjudicatarios y Vivienda
Graciela Aranda, secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (Sejch) fue denunciada en la Fiscalía Nº 1 a cargo de Liliana Lupi junto a Miguel Ramos, dirigente de Sáenz Peña, y Eduardo Vargas por supuesta estafa contra unas “100 familias que compraron terrenos donde se iban a construir viviendas”, según expone la denuncia.
Según consta en la misma, “jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción”.
Ayer, en conferencia de prensa en la sede de la CGT, Aranda aclaró que el Sejch se encargaba de las “gestiones” entre los aspirantes a las viviendas y el Instituto de Vivienda. La titular del Sejch expresó al respecto: “Como sindicato, desde 2009 gestionamos viviendas para los afiliados. Hemos adjudicado 252 viviendas, cuya ubicación son 112 en Resistencia, 50 en Sáenz Peña, 50 en Villa Ángela, 20 en Charata y 30 en General San Martín. Se terminaron de entregar en 2014, pretendíamos la misma operatoria a través del programa Techo Digno y por ello tras un convenio entre Vivienda, entonces presidido por Domingo Peppo, y el sindicato se comprometió a la construcción de 100 viviendas en Sáenz Peña”.
Aranda aseguró que las documentaciones están disponibles para la fiscalía y que los aspirantes compraron los terrenos. La cuestión pasa porque nunca se escrituraron las mismas, y nunca comenzaron las obras.
Por su parte, la titular del Sejch aclaró que no depende de ella esa situación y que “los planos están presentados y están visados por el municipio de Sáenz Peña con fecha 13 de agosto de 2014”.
Además “el contrato prevé un convenio de reserva de adjudicación, firmado por los adjudicatarios de viviendas, no es el sindicato el dueño del terreno, Sejch hace la gestión, se cede el terreno al Instituto de Vivienda para la construcción de vivienda”, indicó.
Asimismo, se requiere para la construcción de las viviendas relevamientos de Sameep y otras áreas del Estado, así como la factibilidad para luego recién iniciar las viviendas, según explicó Aranda, cuestión que no es potestad del sindicato.
