La venta de terrenos para construir un barrio terminó con denuncias penales por presunta estafa

Según la denuncia a la que tuvo acceso NORTE, los pagos se habrían efectuado entre fines de 2014 y fines de 2015 e incluso el último habría sido vendido en el transcurso de este año, cuestión que se habría dado a raíz que algunos postulantes se bajaron de la operatoria, liberando cupos lo que derivó en ventas posteriores pero siempre dentro del marco del convenio, variando la fecha referida al inicio de la obra. Pero, según consta en la denuncia, “jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo”.

Los denunciantes hacen referencia a Ramos como el representante formal del sindicato y califican a Vargas como “la persona que recibía y contaba el dinero”.

terrenos Sejch.jpg — En una fracción del gran espacio de tierra que se ve en el centro de la imagen, se encuentran los terrenos vendidos a potenciales beneficiarios para la construcción de un barrio mediante una operatoria que llevaba adelante el Sejch, pero todo terminó en una denuncia por estafa presentada en la justicia.

Ambos eran quienes informaban e instruían sobre la operatoria en las reuniones a las cuales los potenciales beneficiarios ante la posibilidad que se les presentaba de adquirir una casa mediante el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda conociendo las facilidades que “el organismo ofrece para el acceso a la vivienda”.

Las pruebas presentadas

En la presentación patrocinada por el abogado Marcelo Verbeek, los damnificados presentaron una serie de documentales como elementos de pruebas para sostener la acusación y certificar la presunta estafa.

Entre ellas se encuentran las 23 copias certificadas de los convenios de reserva de adjudicación de cada uno de los denunciantes, copia simple de la nota firmada por Miguel Ángel Ramos del 20 de abril de 2017 remitida al intendente municipal Gerardo Cipolini y la respuesta de este último de fecha 27 del mismo mes, copia certificada de nota remitida por los postulantes al Sindicato el 3 de agosto de 2016, de la nota remitida por los postulantes al Ipduv ingresada mediante actuación 2016-8132-A, del acta notarial volcado en el protocolo de fecha 15 de agosto pasado confeccionada ante escribana Silvana Sáez, copia simple del Plano de Mensura y Subdivisión 3-112-14 del Folio Real Matrícula 16.872, departamento Comandante Fernández (mayor extensión).

Y copias simples de los Folios 16.872, 27.937, 27.938, 27.939 y 27.940 todos del Departamento Comandante Fernández.

No habrían aprobado operatoria

En otro orden, los denunciantes y su patrocinante destacan que “se tomó noticia que el Ipduv no habría formalizado ni aprobado respecto al caso puntual que se trata ninguna operatoria para posibilitar la adquisición de viviendas de dicho organismo bajo los términos del Convenio celebrado en el caso de marras, y por cierto sin la alternancia de ninguna otra operatoria”. “Así transcurrió el tiempo hasta el día de la fecha, sin los inmuebles, sin las viviendas y sin el dinero de nuestros ahorros totalmente depositados en esta operación y en el marco fáctico que se trata”, agregan.

Resaltan que a pesar de haber pedido explicaciones desde agosto del año pasado al Sindicato sobre el retraso en la construcción y cursar nota al Ipduv “se tomó conocimiento que el Ipduv no habría formalizado ni aprobado respecto al caso puntual que se trata ninguna operatoria para posibilitar la adquisición de viviendas de dicho organismo bajo los términos del convenio celebrado en el caso”, y por cierto “sin la alternancia de ninguna otra operatoria. Así transcurrió el tiempo hasta el día de la fecha, sin los inmuebles, sin las viviendas y sin el dinero de nuestros ahorros totalmente depositados en esta operación”.

Importantes dividendos

Los damnificados aseguran que en representación del Sejch, Aranda y Ramos llevaron adelante “una operatoria con jugosos dividendos y que el dinero recaudado iba a parar a las arcas del Sindicato lo que perjudica a cada uno de los afiliados”.

Lo cierto y concreto es que a casi tres años del inicio de la operatoria los damnificados no cuentan con su vivienda, terrenos y desfinanciados y con “nuestros ahorros en manos de estos personajes, quienes utilizaron instituciones y sus representaciones para engañar y determinar la voluntad de maniobras que generan un gran daño patrimonial”, destaca la denuncia.

Indican también los denunciantes en la presentación que “Vargas y Ramos no actuaron solos “lo hicieron bajo el sello del Sejch presidido por Aranda y la intervención de esta es muy clara; cuando los denunciantes tomamos conocimiento que la compradora de los terrenos es una “Fundación Movimiento Obrero Solidario que también es presidida por Aranda”. Estas tres personas “engañaron a cien personas, mintiéndoles sobre la aprobación del barrio y el comienzo inminente de la obra que tenía fecha supuestamente para los primeros meses del año 2015” y obtuvieron una importante cantidad de dinero en representación del Sejch, y ofreciendo un inmueble que en definitiva nunca fue propiedad del Sejch ni tampoco fue adquirido por la entidad y mucho menos por los postulantes, lo que significa lisa y llanamente una operatoria sobre bienes ajenos”.

¿Cómo era la operatoria?

En la denuncia, también se hace referencia a cómo era la operatoria para llegar al sueño de la vivienda propia. En definitiva para ingresar en la operatoria el Sindicato a través de su representante.

Ramos formalizó con cada uno de los supuestos beneficiarios o postulantes (engañados) un convenio marco que lo denominó convenio de reserva de adjudicación, el instrumento fue suscripto por esta persona indicada en el carácter de secretario del interior y representante del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, denominándose supuestamente la entidad intermedia, y por el otro de manera individual y particular cada uno de los distintos postulantes, por cada operatoria un instrumento legal certificado.

“Entre las cláusulas se estableció que el Sejch en su carácter de entidad beneficiada (supuestamente) en el otorgamiento de cupos de créditos para la construcción de viviendas en el marco de las operatorias del Ipduv y Programa Techo Digno, ofrecían los terrenos, cada uno con distintas medidas y distintos precios, que oscilaban entre los $95.000,00 y $240.000,00 los que debían abonarse de contado” pudiendo según los casos “fraccionarlo en no más de dos o tres pagos, pero debían estar cancelados antes del inicio de la obra, prevista como máximo para los meses de enero y/o febrero del año 2015”, según lo que expresaron verbalmente a cada uno de los postulantes tanto Ramos como Vargas, indica la denuncia.

Por otra parte, deja en claro que “teniendo en cuenta que habían trascurrido los primeros meses del año 2015 sin que se inicien las obras como tampoco la adquisición formal y real de los terrenos supuestamente adquiridos, de lo que no se tenía ningún tipo de noticia, comenzaron a generarse distintas inquietudes y preocupaciones por parte de los postulantes, básicamente teniendo en cuenta que a través de distintas averiguaciones en la Dirección de Catastro de la comuna local, sobre los inmuebles aludidos no existía ningún tipo de mensura, lo que significa lisa y llanamente que cada uno de los postulantes, a pesar del instrumento legal referenciado, no adquirió, de ningún modo lote alguno en lugar preciso”.