Trabajo afirma que no tiene facultades para dictar la conciliación en la Justicia

En este sentido, a pesar del pedido de múltiples actores para que las partes involucradas encuentren los caminos de una solución, el funcionario provincial descartó la posibilidad de avanzar en el dictado de una conciliación obligatoria, teniendo en cuenta que las dos entidades que llevaron adelante las medidas de fuerza están vedadas por la ley para sentarse en representación de los trabajadores en una instancia formal.

Esta semana, la Unión de Trabajadores Judiciales, que conduce Walter Bernard, y la Asociación Judicial del Chaco, que comanda Daniel Anton, concretaron medidas de acción directa y anticiparon que continuarán con el plan de lucha hasta que los reclamos de los trabajadores sean atendidos.

El Superior Tribunal de Justicia formalizó a través de sendas notas firmadas por Iride Grillo, los pedidos a la Dirección Provincial de Trabajo para que dicte la instancia de Conciliación Obligatoria y al Gobierno para que designe a su representante en la potencial instancia de diálogo, pero ambos requerimientos resultan improcedentes.

Punto muerto

Desde el punto de vista técnico, la Dirección Provincial del Trabajo no puede avanzar en el dictado de la conciliación. Según sus registros, la Unión Judicial cuenta con inscripción simple, pero no cuenta con personería gremial; mientras que la Asociación Judicial del Chaco, no está siquiera registrada tanto en los libros provinciales como en la Nación.

“En virtud de esta información, tenemos que resaltar que si bien tienen algunos derechos, estas organizaciones no están habilitadas por la Ley 23.551, para representar colectivamente a los trabajadores”, aclaró Trangoni.

Esto abre la posibilidad de instrumentar algún espacio “informal” donde concurran las partes, pero por estas horas no es más que una idea sin muchos adeptos.

En este escenario, es el propio Superior Tribunal de Justicia el encargado de arbitrar los mecanismos para que las medidas de fuerza no sigan resintiendo el servicio de Justicia.

Si bien es cierto que toda negociación que suponga esfuerzos presupuestarios no puede obviar la participación del Poder Ejecutivo provincial, el hecho de que sean dos organizaciones sin personería gremial las que llevan adelante el reclamo saca del ring a la Dirección Provincial del Trabajo.

“Estamos imposibilitados para darle la conciliación que solicitaron las autoridades del Poder Judicial, pero no obstante, vamos a ofrecer toda la colaboración que podamos aportar para que este conflicto se encauce”, cerró el subsecretario de Trabajo.

“Nosotros cumplimos con nuestra parte”, le dicen al Poder Ejecutivo desde el STJ

La jueza Emilia Valle, integrante del Superior Tribunal de Justicia, recordó ayer que fue el propio Poder Ejecutivo el que le recomendó a la conducción del Poder Judicial que solicitara la conciliación obligatoria para frenar la seguidilla de paros en los juzgados provinciales.

“Nosotros cumplimos nuestra parte”, marcó la magistrada, marcando así -de manera tácita- la contradicción del gobierno, que antes había recomendado seguir ese camino y ahora mantiene sin solución el expediente en la Dirección del Trabajo.

Valle, en declaraciones a FM Universidad, dijo que en el STJ se viene trabajando desde hace tiempo con la “mesa salarial” y hubo “dos o tres ofertas del gobierno. Con la última lo que hicimos fue trasladarla a todos los integrantes de la mesa salarial” para que la analizase.

“También les hicimos conocer que nosotros remitidos desde el Superior Tribunal de Justicia, en carácter de colegisladores, un proyecto de ley que pretende no la equiparación federal (de salarios), que es otra cuestión que venimos trabajando desde hace años y requiere fondos nacionales, sino un proyecto para ahora, para la coyuntura, de acompañar el 21% (de aumento) que se dio la Corte, menos el 6 que ya nos dieron y menos esta propuesta del gobierno en caso de concretarse”, explicó.

La propuesta salarial

Sobre la propuesta oficial actual dijo que es un 5% de incremento en la bonificación por mayor dedicación, en julio, y un 5% adicional en agosto, además de aumentar el concepto de “reconocimiento”, que es actualmente de 800 pesos, de tal modo de llevarlo a 2.000.

Ante ese ofrecimiento, uno de los sindicatos (el SEJCH, que conduce Graciela Aranda) levantó la medida de fuerza y aceptó la propuesta del Ejecutivo. Valle insistió en que el único rol que cumplió el STJ fue el de trasladar el ofrecimiento a los gremios, a la Asociación de Magistrados y otros sectores del Poder Judicial.

La juez dijo que cuando los otros dos gremios deciden seguir con los paros y comunican que seguirán con ellos la semana que viene, desde el Poder Ejecutivo se dijo que el Superior Tribunal debía pedir la conciliación obligatoria. “Es lo que hicimos a primera hora del jueves”, marcó Valle, señalando que no hubo novedades al respecto desde la Dirección Provincial de Trabajo.

Luego relató que el jueves el STJ envió una nota al gobernador solicitando que Trabajo se expidiera sobre el pedido de conciliación forzosa, pero sin que hubiera respuesta. “Nosotros confiamos en que la Dirección de Trabajo dará una respuesta a esta situación”, planteó.

Valle dijo que esa dirección “es la autoridad de aplicación de la conciliación obligatoria”, y mencionó que incluso “el ministro de Gobierno (Juan José Bergia) había dicho que el Superior Tribunal debía pedir la conciliación obligatoria. Nosotros cumplimos con nuestra parte”.

“Pedimos la conciliación obligatoria, como espacio de reflexión para que hablemos todas las partes y busquemos una solución a este conflicto”, agregó.