Un perfil federal para Arsat
La firma de una carta de intención entre la empresa estatal argentina Arsat con la compañía estadounidense Hughes, para avanzar en la construcción del satélite Arsat 3, así como la sorpresiva disolución del Ministerio de Comunicaciones han generado todo tipo de suspicacias en torno al papel que asigna el gobierno nacional al desarrollo de la industria satelital.
Si bien desde la Casa Rosada se aseguró que el nuevo satélite será fabricado por la empresa estatal rionegrina Invap, continuando con el trabajo realizado con la construcción de los dos satélites anteriores que Argentina logró colocar con éxito en órbita (Arsat I y II), el ingreso de Hughes con promesas de aportar inversiones privadas para el desarrollo y la comercialización de los satélites nacionales despertó desconfianza en sectores que consideran que, por un lado se está cediendo soberanía, y por otra parte que se podría haber avanzado con un esquema distinto para sostener e impulsar la tarea desarrollada hasta aquí por la industria nacional de fabricación de satélites, considerado un sector estratégico para el desarrollo del país.
En ese sentido, algunos expertos en la temática como el investigador Martín Becerra, plantearon la necesidad de que en áreas estratégicas, como la satelital, la institucionalidad trascienda los gobiernos de turno de manera tal que se pueda dar continuidad al desarrollo del sector. En otras palabras, que las líneas directrices de empresas estatales claves como Arsat no adopten un sentido diametralmente opuesto cada vez que se inicia una nueva gestión gubernamental de signo partidario distinto al gobierno que lo precedió. Para que eso no ocurra, se propone por ejemplo que, así como el Estado nacional delegó en su momento el manejo del sistema de salud y de la educación en las provincias, (transfiriéndoles competencias, pero no necesariamente recursos, observa Becerra) los Estados provinciales también puedan participar en la gestión de Arsat, otorgando así un perfil más federal a la empresa satelital. La idea no es descabellada, aunque debe reconocerse que la sola mención de una mayor intervención estatal no pone muy contentos a quienes promueven un achicamiento del Estado.
De todos modos, la idea sobre la federalización de Arsat tiene muchos adeptos entre quienes consideran que si se avanza en ese sentido el Estado nacional podría compensar parte de sus deudas históricas con las jurisdicciones provinciales a través de una participación de estos en el capital accionario de la compañía satelital.
Debe tenerse en cuenta que son pocos las naciones que tienen el conocimiento y las herramientas tecnológicas que hacen posible la fabricación satélites y ponerlos en el espacio. Sólo siete países tienen en órbita un satélite propio (Estados Unidos, Rusia, Japón, China, Israel, India y Argentina) y 11 los que poseen la capacidad para construir estos sofisticados equipos. La Unión Europea también tiene satélites propios, pero no pertenecen a un país sino al conjunto de naciones del viejo continente que forman parte de ese bloque económico. Entonces, si Argentina ha logrado con mucho esfuerzo transformar a Arsat en un activo estratégico que posibilitó, mediante importantes inversiones en la construcción de redes troncales de fibra óptica, llegar a los rincones más alejados de la geografía nacional, la mejora en las conexiones e incluso la baja de los precios que fijaban operadores mayoristas hasta la llegada de la empresa estatal, sería un despropósito que se niegue una participación más representativa y federal en Arsat, mientras que se facilita el ingreso de compañías privadas extranjeras a un negocio que se logró poner en marcha gracias a recursos de todos los argentinos. Si Argentina demostró que tiene la capacidad de fabricar y poner en órbita satélites propios, la sociedad debe reclamar a los gobiernos de turno que demuestren la madurez suficiente y comprendan que el país no se puede dar el lujo de dejar en manos extranjeras el manejo de proyectos de envergadura de este tipo.
