Fiscal pidió la indagatoria de De Vido y directivos de Odebrecht por sobreprecios en ampliación de gasoductos
El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy la indagatoria del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y directivos de la brasilera Odebrecht, a raíz de pago de sobreprecios y sospechas de pago de coimas en la ampliación de gasoductos por parte de Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur.
Se trata de una de las causas por el escándalo Odebrecht en el que la propia empresa reconoció haber pagado 35 millones de dólares en sobornos en la Argentina, para ganar licitaciones en varias obras públicas.
El pedido de indagatorias hecho por Delgado es por el delito de defraudación a la administración pública y en tanto, evalúa acusar por el de cohecho aunque reconoce Delgado que ‘hay certezas‘ por los propios dichos de Odebrecht pero no prueba firme al respecto.
En ese sentido, además de De Vido pidió citar al exsecretario de Energía Daniel Cameron; al extitular del Ente nacional del Gas Fulvio Madaro; exvicepresidente de Cammesa Luis Beuret; Néstor Ulloa de Nación Fideicomisos, de directivos de Transportadora de Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur; y de Márico Faría Silva, apoderado de Odebrech: en total unas 16 personas.
En 2005 y para el período 2006 y 2008, Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) lanzaron concursos abiertos para hacer las ampliaciones en la distribución de gas que comprendían cañerías paralelas y la instalación de plantas compresoras.
Según consta en el expediente, los costos de las obras fueron previstos en 924 millones de dólares para TGN y 1422 millones de dólares para TGS.
Ambas firmas contrataron a las empresas Albanesi SA y Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) para realizar las obras y a su vez éstas subcontrataron a Odebrecht.
El fiscal Delgado evaluó que en el 2004 la administración de fondos públicos para realizar obras fue delegada al entonces Ministerio de Planificación Federal cuyo titular era De Vido, y el cual ‘se caracterizó por actuar sin ser vigilado por órganos de control eficientes, lo que le permitió contar con un margen de actuación muy amplio‘.
En ese sentido, el fiscal explicó que fue el decreto 180 del año 2004 firmado por Néstor Kirchner que creó el régimen de Inversiones de Infraestructura Básica de Gas durante el Proceso de Normalización del Servicio Público y del mercado eléctrico la herramienta.
El decreto creó un nuevo sistema para el gasto de fondos públicos en obras y que el mismo -según el fiscal- ‘disolvía cualquier tipo de control, concentraba el poder ‘constituyente‘ en el Ministerio de Planificación; establecía ingeniosos mecanismos para conseguir financiamiento y evitar las restricciones del default; abría la obra pública a actores privados que funcionaban como brazos ejecutores de las autoridades públicas; y también inauguraba el sistema de fideicomisos‘.
Incluso Delgado evaluó que el sistema de fideicomiso ‘garantizó‘ controles limitados más aún y que permitió realizar licitaciones arregladas con participación de pocas empresas.
‘Se disfrazó un gran segmento de la obra pública en privada. Por tal razón, no se trató de negocios entre privados, sino que el Estado fue creador y partícipe de la puesta en marcha de toda la maquinaria de funcionamiento de las contrataciones de la obra pública en el país‘, según la fiscalía.
En síntesis, para la fiscalía fueron tres pasos de la maniobra: el armado de una estructura legal de la administración de fondos públicos para obras, con escasos niveles de control; las contrataciones privadas que en el caso comprendieron a Cammesa y Albanesi SA, y a su vez a Odebrecht; y los posibles sobornos pagados por parte de aquellas para acceder a las licitaciones así como pago de sobreprecios.
‘Estas responsabilidades hay que pensarlas como eslabones de una gran cadena. Desde los escritorios de los edificios públicos se deslizaron hacia abajo y hacia los costados órdenes preñadas de ilegalidad porque eran parte de un plan para apropiarse de fondos públicos‘, según el dictamen del fiscal presentado ante el juez federal Daniel Rafecas.
En ese sentido, la fiscalía consideró que el Ministerio de Planificación Federal en cabeza de De Vido ‘diseño el marco legal‘ en la administración de fondos públicos, que la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Combustibles, Enargas y Nación Fideicomisos fueron organismos encargados de ejecutar el plan, y que la materialización de las obras con sospecha de sobreprecios tiene en la mira a las empresas Cammesa, Albanessi S.A y la Constructora Norberto Odebrecht.
Es el segundo pedido de indagatorias que realiza Delgado: pues en otra causa donde se sospecha de coimas pagadas por Odebrecht fueron en obras para plantas potabilizadoras de AySA y por la cual reclamó al juez Sebastián Casanello cite a varios exfuncionarios.
Delgado había pedido las indagatoria del exviceministro de Economía Roberto Feleti, del extitular de AySA Carlos Ben; del extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner; de Benito Roggio e Hijos SA, y de directivos de Odebrecht.
