Ninguna provincia debe ceder ante la embestida bonaerense
En las primeras reacciones que indudablemente se profundizarán, el gobernador del Chaco y el intendente de Resistencia adelantaron que no se puede conceder ningún recurso ante la intervención de la Corte Suprema de Justicia que citó a todas las provincias para que en quince días se expidan sobre sus derechos en la causa que promovió la gobernadora María Eugenia Vidal para recuperar el Fondo del Conurbano Bonaerense y obtener una enorme suma en concepto de retroactivos.
La decisión del máximo tribunal del país fue firmada por sus cinco miembros y será informada ahora, con un plazo de quince días, a los juzgados federales de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
La provincia de Buenos Aires promovió en agosto pasado una demanda contra el Estado Nacional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de una cláusula de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establece un tope de 650 millones de pesos anuales en la participación del 10 por ciento que la provincia tiene en el producto del gravamen con destino al llamado Fondo del Conurbano Bonaerense.
Puntualmente, Vidal tiene como objetivo que la provincia de Buenos Aires perciba unos 50 mil millones de pesos del Fondo del Conurbano y romper así el límite de 650 millones, que permanece congelado desde 1996, además de cobrar el retroactivo de los últimos cinco años. La demanda ronda los 300.000 millones de pesos, que surgen del reclamo por el retroactivo de los recursos que la provincia no recibió entre 2011 y 2015, que alcanzan los 250.000 millones de pesos, además de los 48.000 millones de pesos que en los últimos meses significará el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias, con el que se constituye ese fondo.
La avanzada judicial se produjo luego de que Vidal se topara con una férrea oposición de los gobernadores y los senadores que les responden ante los proyectos de ley que la provincia de Buenos Aires impulsó en el Senado de la Nación para percibir mayores recursos, puesto que los mandatarios se niegan a ceder dinero de sus arcas.
La demanda de Vidal ya había sido contestada por el Estado Nacional: el Ministerio de Hacienda indicó que el reclamo “responde a un tema que no ha escapado al desequilibrio económico y financiero general que ocurrió en 2001 y que aún hoy requiere de profundas reformas estructurales y de la intervención de la Justicia para encauzar sus impactos dentro del orden constitucional, dado que se trata de los efectos que la política macroeconómica de los últimos 25 años trajo sobre una legislación que, en su origen, buscó compensar a la Provincia de Buenos Aires”. Si bien la Nación reconoció que el tope “ha vuelto inequitativo el reparto por su desactualización, ello no significa que el planteo de inconstitucionalidad interpuesto tenga que ser admitido en los términos en los que lo ha planteado la accionante”.
Advirtió, además, que “el Estado Nacional no es titular de la relación jurídica sustancial que da motivo a la controversia, porque no es beneficiario de los montos que la actora reclama” y que, de prosperar el reclamo, “deberían ser las restantes provincias quienes tendrían que ceder parte de su coparticipación para que la reclamante perciba lo que pretende, y que la misma tesitura resulta de aplicación para las sumas retroactivas que también reclama” Buenos Aires.
“Es decir, que no es el Estado Nacional el que percibió ni el que percibe las cantidades de dinero que la actora demanda”, apuntó la Casa Rosada. En virtud del planteo la Corte convocó ahora a las provincias para conocer su postura: “En mérito a la solicitud formulada por las partes de manera concordante en la demanda, y que de acuerdo a los antecedentes de la causa resulta que la controversia resulta común a los restantes estados provinciales, habrá de accederse a la citación de las provincias”, indicaron los jueces del máximo tribunale en su resolución. El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano se creó en 1992, a través de la Ley 24.073, por lo cual la provincia de Buenos Aires percibía el 10 por ciento de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias, pero en 1996, por medio de la ley 24.621, se estableció el tope de 650 millones de pesos anuales, que se mantiene desde esa época para el principal distrito de la República.
La presentación incluye, además, que se declaren inconstitucionales los incisos b) y d) del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en la parte que excluyen a la Provincia de Buenos Aires: así se solicita la inclusión de Buenos Aires en el reparto del Fondo de Infraestructura Social, que se reparte en base al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, por lo que el distrito deberá percibir un 35 por ciento de un fondo que se conforma con el 4 por ciento del impuesto a las Ganancias.
También se pretende que Buenos Aires se incluya, al igual que las restantes 22 provincias para percibir el excedente previsto en la normativa, que según se estipula en la ley de coparticipación federal le correspondería el 21,5 por ciento: por este concepto se estima que le corresponderían anualmente a la provincia de Buenos Aires unos 15.000 millones de pesos. En suma, una embestida judicial ambiciosa, alarde de centralismo, y desequilibrante para la masa de fondos que se coparticipan entre la Nación y las 24 jurisdicciones provinciales, que resulta inadmisible y el Chaco debe elevar su voz de enérgico rechazo.
