La Justicia Federal busca acercar a las partes en disputa por el tarifazo eléctrico
A partir de las 8.30 de hoy, representantes de la Defensoría del Pueblo del Chaco, del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y de la empresa Secheep se verán las caras en la audiencia convocada por la jueza Federal, Zunilda Niremperger, con el objetivo de conciliar en la fuerte disputa desatada tras la implementación de los últimos aumentos de la energía eléctrica en la provincia.
La magistrada adelantó que el objetivo de encuentro es que las partes establezcan los mecanismos que implementarán para cumplir con la medida cautelar que suspendió los efectos de la Resolución 06/2016, que dispuso aumentos en los costos de la energía comercializada por Cammesa, y que debería reflejarse en las boletas.
La audiencia implicará en este sentid un esfuerzo de conciliación en la disputa por el tarifazo eléctrico que fue argumento de presión electoral y que también fue omitida en la resolución del Ministerio de Energía de la Nación, dándole pie al recurso de amparo presentado por el defensor del Pueblo del Chaco y que prosperó, a tal punto que se considera que el cobro a los usuarios es ilegítimo.
Conciliar es el objetivo
Cabe recordar que Niremperger hizo lugar a la cautelar y ordenó al Ministerio de Energía que cumpla con la resolución 06/2016 suspendiendo el aumento tarifario. La decisión fue apelada y está en manos de la Cámara Federal que debe resolver la cuestión de fondo, aunque difícilmente lo haga con un criterio distinto.
En este derrotero de marchas y contramarchas, Cammesa, después de varios meses, comunicó a la Justicia que puso a disposición de Secheep créditos por la diferencia tarifaria. Secheep, que no es parte de la causa pero le toca llevar adelante la medida, se presentó argumentando que no sabe “cómo imputar las notas de crédito”.
La justicia considera que no le corresponde determinar cómo se aplican los créditos. Se ha llegado al punto que el gobierno nacional está en mora y se le pueden imponer astreintes al no efectivizarse el cumplimiento de la medida cautelar.
Por su parte, Secheep teme que el crédito se convierta en débito si la mayorista lograra revertir la cautelar. Pero en los hechos la empresa provincial debería aprestarse a la habilitación de créditos a los usuarios que pagaron y confiarle a su área comercial la engorrosa tarea de revisar un padrón de 380.000 usuarios, de los cuales 130.000 tenían el beneficio de la tarifa social.
La justicia sabe que muy bien que el complejo problema fue agitado con fines electorales y a la confusión se sumó que la propia defensoría del Pueblo no aportó pautas claras. Por lo tanto, las normas constitucionales llevan a que se celebre la audiencia pública omitida para considerar los fundamentos del fuerte aumento, es decir al cumplimiento de lo estipulado.
Es obvio que si el Estado llama a audiencia pública y en ella se dan los mismos valores, la gente va a tener que pagar lo que imponga el ministerio de Aranguren.
Una disputa que lleva meses
Han transcurrido cuatro meses sin que la distribuidora mayorista y la empresa chaqueña se pongan de acuerdo. Es probable que la justicia federal decida promover una conciliación para poner en vigencia la suspensión de los créditos. Al respecto, el gobernador Peppo ordenó suspender la facturación de mayo y se han leído declaraciones de Aranguren, muy molesto por los fallos provinciales. Sigue diciendo que las tarifas deben ser las mismas en todo el país y para alcanzar ese objetivo habría que revertir la realidad que viene de arrastre y se profundiza: las zonas alejadas del eje central del país, como ocurre con el NEA, con los ingresos más bajos carga con los costos de electricidad y del gas en garrafas más altos.
