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El Chaco será una provincia pionera en la legislación de protección a los adultos mayores

La diputada peronista Beatriz Bogado sostuvo que “el Chaco es pionera en este tipo de legislación de promoción y protección de adultos mayores”, al anunciar que es inminente la reglamentación de la ley 7.942.

“Significa actualizar toda la normativa en base a un pacto intercontinental que Argentina firmó en 2012 y que está referido a tratar los derechos de ellos como derechos humanos y reconocerlos como sujetos y el Estado deberá garantizar el ejercicio”, agregó la legisladora.

“En la Argentina hubo también un proceso en la que los adultos mayores han podido tener casi acceso universal a la jubilación, un derecho fundamental”, definió. 

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La diputada provincial durante una visita al interior para explicar la normativa junto a otros legisladores y funcionarios.

“Pero esta legislación lo que hace es quitar de manos judiciales las medidas administrativas para la protección de derechos. En principio esto permite que no se judicialicen cuestiones que tienen que ver con la situación social y desde el Poder Ejecutivo se pueden resolver con políticas la falta de viviendas u otras cuestiones que permitan que el adulto mayor pueda resolver su situación”, dijo.

“Básicamente se busca mantener los vínculos familiares para generar una participación activa en lo económico, político, cultural y social. Esto se logra a partir de la formación de redes pero el órgano rector es la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social”, explicó.

“Pero están conformadas redes a partir del Consejo Provincial de Adultos Mayores y a partir de la posibilidad de generar organismos en las comunas que se ocupen de la promoción y protección de derechos de adultos mayores. Estamos recorriendo las localidades del interior para que se conozca la ley pero instando a las comunas locales a conformar los órganos de promoción para garantizar el cumplimiento de la ley”, mencionó.

“A su vez la norma permite que a través de los delegados regionales se articule con el Poder Ejecutivo. Si bien está en cabeza de Desarrollo Social, atraviesa todas las estructuras del Estado. Por ejemplo hay obligaciones en el Instituto de Vivienda que debe destinar el 5 por ciento de las soluciones habitacionales a adultos mayores”, relató.

“Este acuerdo que firman los países para actualizar la normativa tiene que ver con que la expectativa de vida va creciendo. Los adultos tienen mayor prolongación de vida y el contexto familiar no puede o no quiere hacerse cargo de ellos”, indicó.

“En la jornada estuvieron alumnos porque el intercambio generación es muy importante. Hay que recuperar el respeto al adulto mayor y exigir al Estado que invierta más. Ahora el gobierno nacional está avanzando en un feroz ajuste en el Pami que pone en vulnerabilidad a un sector que por su edad padece más patologías que el resto de la población y tiene un enorme impacto en un amplia franja etaria”, denunció.

“Para la plena vigencia de la ley hay tres parámetros que se deben cumplir. Primero la reglamentación, segundo el presupuesto y tercero la conformación de redes, a partir de la reglamentación se pondrá en marcha una línea para denunciar abusos contra los adultos mayores y no tendrá que intervenir la justicia”, afirmó.

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