La sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) en Resistencia sirvió para reunir ayer por la mañana a los principales referentes de las cámaras de la construcción que agrupan a las empresas chaqueñas, a trabajadores de varios sectores vinculados a esa industria, autoridades provinciales y precandidatos a diputados por el oficialismo. La movida se agrupó en torno al proyecto de ley presentado por el diputado nacional Juan Manuel Pedrini (Frente para la Victoria), para restringir en forma absoluta durante un año la importación de viviendas prefabricadas y sus componentes por parte del gobierno nacional.

Estuvieron presentes, el anfitrión Tiburcio Fernández (Uocra-Chaco); el ministro de Industria de la Provincia, Gustavo Ferrer; Francisco Aleman (Centro de Empresas Constructoras – CEC), Héctor Chaquires (Cámara Argentina de la Construcción), César Claris (Apymec); Miki González, por la Asociación de Consorcios de Productores Ladrilleros; Graciela Aranda, titular de la CGT Chaco; representantes del sector maderero y fabricantes de aberturas de aluminio; el diputado Enrique Paredes, también referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); y varios precandidatos a diputados provinciales por el Frente Chaco Merece Más.

Junto con González estuvieron presentes también ladrilleros de toda la provincia, que llegaron para exponer una angustiante situación producto de la falta de producción (por razones climáticas) y la escaza demanda, dada la baja actividad en la construcción. Entre ellos Carlos Blanco (Margarita Belén), Adolfo Martínez y Ramón Báez (Las Garcitas), Gregoria Santa Cruz (General San Martín), Jesús Franco y Leopoldo Aibar (Castelli), Gabino Méndez (Isla del Cerrito), Manuel Gómez (Quitilipi), Antonio Ponce y Lila Quintana (Makallé) y Ana Alfonso (Machagai).

En la apertura de la rueda de prensa, Francisco Aleman, desde el CEC, presentó a la “alianza estratégica de trabajadores y empresarios”. Luego, Tiburcio Fernández resaltó que las tres cámaras de empresas constructoras y la Uocra “están de pie siempre, defendiendo la reactivación de la industria”.

Una máquina de perjudicar

El líder de los obreros de la construcción habló de una aguda situación en el sector por la paralización de la actividad. “Quieren imponer algo que no es novedad. Este gobierno neoliberal es una máquina de pensar cómo descapitalizar al trabajador, a su familia y cómo perjudicarnos”, señaló.

Mientras dijo que primero los trabajadores percibían la situación como “una pelea de pobres contra pobres”, luego reconoció que hoy predomina la voluntad de unión con el sector empresarial. “El gobierno quiere sacar ventaja para sacarnos cada día algo más a los trabajadores. Su objetivo es economizar a costillas nuestras”, graficó, y recordó que los gremios están “organizados para defender a la industria”.

Fernández enfatizó que esta unidad de sectores empresariales y de trabajadores es una oportunidad para mostrar al gobierno nacional la férrea defensa las fuentes laborales. “Este gobierno se va en proyectos y promesas, que nunca cumplió. Del puente Chaco-Corrientes se viene hablando desde hace mucho tiempo. Lo escuché decir a José Cano (titular del Plan Belgrano) que la obra era una realidad, pero no le creo nada”, tiró.

En otro punto, pidió que las cooperativas que construyen viviendas –que resultan competencia para el sector constructor y la fuerza laboral- hagan los aportes laborales. “La forma en que trabajan perjudica al empresario que aporta y al trabajador”, sostuvo. También deslizó que esas organizaciones pueden hacer trabajos conexos a la construcción como “cloacas, mantenimientos de escuelas, pero no construir (viviendas)”.

Los peores en 15 años

“El 2017 no pinta mucho mejor que el 2016”, trazó Aleman, para considerar luego que esos dos años “fueron los peores en los últimos 15 en la industria de la construcción”. Al “achicamiento” que expulsó de sus puestos laborales a miles de obreros en la provincia, producto de la falta de actividad, alertó que se agrega la intención del gobierno nacional de importar casas hechas en otros países.

“Tenemos más de 7000 viviendas paralizadas y recién ahora, con un sistema de goteo, está arrancando (la actividad). Ahora nos ponen en discusión un sistema de viviendas que impactará negativamente en la industria de la construcción”, marcó. Por eso valoró la mirada del diputado Pedrini hacia los sectores afectados, elaborando el proyecto de ley mencionado. “No estamos en contra del sistema constructivo prefabricado, sino de la importación que achique la industria local”, resaltó el titular del CEC. 

Prohibición por un año

El diputado Pedrini apuntó contra “el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de importar de China un millón de viviendas”. “Nos parece que es de una irracionalidad absoluta y muy preocupante la decisión del presidente Macri”, sentenció, y argumentó que esas casas pueden producirse perfectamente en el país. “Necesitamos hacerlas acá porque generan mano de obra y activan la economía”, acotó.

De concretarse la iniciativa, Argentina estaría “importando mano de obra china cuando lo que necesitamos es consolidar nuestras fuentes de trabajo”, subrayó. Dijo al respecto que traer casas prefabricadas impactaría en toda la cadena industrial de la construcción nacional. “Habrá miles de obreros afectados pero también las empresas que producen cemento, aberturas, mosaicos, pinturas, etcétera”, enumeró.

El proyecto que impulsa Pedrini para la “protección de la industria de la construcción nacional”, lleva también las firmas de los diputados Axel Kicillof, Liliana Mazure, Carlos Rubín, Silvina Frana, Sandra Mendoza y Lautaro Gervasoni. El legislador explicó que la prohibición que promueve la iniciativa es para viviendas prefabricadas y para sus componentes. “Si se importan los paneles, nuestros ladrilleros se quedan sin trabajo. Hay 160 mil familias ladrilleras en el país”, alertó, y dijo que el Congreso de la Nación debe expedirse “ante tamaño desatino”.

“No queremos que los recursos públicos estén destinados a generar trabajo en China o en cualquier otro país”, subrayó. Y contó que la iniciativa del gobierno nacional trascendió primero como una versión, luego confirmada a través de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), que expresó su preocupación ante la posible compra en el exterior de las viviendas. “El proyecto es importar un millón, pero ante la reacción que hubo comenzarían con unas 50 mil. Importarían en principio paneles prefabricados”, puntualizó. Por eso reaccionó también la Unión Obrera Ladrillera de la Argentina, dado el perjuicio que significaría para las familias que tienen como sustento esa actividad.

“Nos sorprendió que aparecieron agrupaciones de profesionales no vinculados a la construcción. Por ejemplo, técnicos del Instituto Balseiro. Ellos nos dijeron que hay unos préstamos chinos por 10 millones de dólares, que ya están en el país porque llegaron en el anterior gobierno, que debían ser asignados a la construcción de centrales nucleares y a las represas de Santa Cruz. Pero este gobierno quiere hacer casas”, advirtió finalmente.

Ferrer: “No hay señales que

nos lleven a ser optimistas”

El ministro de Industria, Gustavo Ferrer transmitió la adhesión del gobierno provincial a la iniciativa generada por las cámaras empresariales y los trabajadores en defensa de la industria nacional. “Observamos desde hace 16 meses la paralización de gran parte de la obra pública. Estamos viviendo una reactivación muy lenta, pero con costos absolutamente desfasados”, definió.

Destacó que durante el último año fue intenso el “peregrinar del gobernador Domingo Peppo en busca de sensibilizar al gobierno nacional sobre la necesaria reactivación de la obra pública, por el impacto en la generación de trabajo y en la vida de las comunidades”.

Recordó que la provincia había generado “una importante industria” en torno a la construcción, con la fabricación de los materiales necesarios para la actividad. “Con dolor, debemos decir que en 16 meses no hay desde la Nación las señales necesarias que nos lleven a ser optimistas”, lamentó. Luego, resaltó el rol de las empresas y de los trabajadores para contribuir a la paz social. “Aguantaron pese al fuerte quebranto de la actividad”, concluyó.  

10 mil trabajadores en la calle

Son unos 10 mil los obreros de la construcción los que hoy no tienen trabajo en el Chaco y entre 3500 y 4000 están empleados en distintos emprendimientos públicos y privados. Así lo reveló ante NORTE Tiburcio Fernández, quien además expuso su preocupación por la mano de obra que quedará desempleada al finalizar grandes obras, como el Gasoducto del NEA.

Aranda advierte el derrumbe de la industria nacional

La secretaria general de la CGT Chaco, Graciela Aranda, alertó que “el gobierno nacional está pulverizando la industria nacional”, y dijo que para la concepción ideológica gobernante “el salario privado y público representan un gasto, y por eso no los valoran”. “Se pretende agregar otra importación de algo que ya tenemos, lo que significa menos trabajo, mano de obra y derrumbar la industria nacional”, acotó.

“Acompañamos el rechazo a este tipo de políticas y ojalá muchos diputados y senadores de la Nación apoyen el proyecto, teniendo en cuenta que si ingresan en forma indiscriminada las viviendas chinas estamos muertos”, señaló la líder del movimiento obrero. Por eso convocó a la unidad y a seguir impulsando la defensa del trabajo y la industria argentina.

Desesperante situación de ladrilleros

La Asociación de Consorcios de Productores Ladrilleros de la provincia agrupa a unas 1900 familias dedicadas a la actividad en todo el territorio chaqueño. La grave situación que afecta al sector tiene dos puntas: por un lado, el impedimento para producir, dadas las condiciones climáticas adversas; y por otro lado, la falta de demanda producto de la baja actividad en la construcción.

Bajo una ley provincial, fue establecido un precio que en general –aseguraron- se cumple y satisface a buena parte de los trabajadores: 2000 pesos cada 1000 ladrillos de 0,15 centímetros; y 3000 pesos cada 1000 ladrillos de 0,20 centímetros.

“No queremos salir a cortar calles”, dijo Carlos Blanco, quien advirtió que “muchos compañeros no tienen siquiera para comer cada día”. En tanto, Miki González, presidente de la asociación provincial, celebró la invitación a la convocatoria de la Uocra. “Tenemos la misma preocupación que los demás sectores”, resaltó.

Desde Las Garcitas, donde hay unas 60 ladrillerías, contaron que esa resulta la actividad productiva más importante, hoy “bajo agua” y sin poder producir.