Jornada en Resistencia con distintos especialistas en el crimen organizado
La capital del Chaco sirvió de encuentro de abordaje de temas tan actuales y vigentes como son el crimen organizado y la violencia de género en el marco de la actividad organizada por la Asociación de Mujeres Argentinas -Amja, el Ministerio de Justicia de la Nación y el Centro de Estudios Judiciales del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.
La jornada se realizó en el marco del convenio suscripto entre Amja –entidad que integran las ministras María Luisa Lucas y Emilia Valle- y el Ministerio de Justicia de la Nación para el desarrollo del Programa Narcotráfico, Narcomenudeo, Criminalidad y Género.
El acto de apertura estuvo a cargo de la ministra del Superior Tribunal de Justicia María Luisa Lucas y la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger.
En primer término, Lucas manifestó su satisfacción por la calidad de los expositores, y la gran asistencia de público a la actividad.

Señaló que los temas que se tratarían son de enorme interés y adelantó que la AMJA, entidad “de la que soy fundadora”, cumplirá 25 años en 2018, y que su presidenta, Susana Medina, quien también preside la Asociación Internacional de mujeres jueces del mundo, estuvo con el Papa Francisco, quien le encomendó que recogiera las inquietudes de las juezas de su organización.
“El año que viene se hace la bienal 2018 en Buenos Aires y Amja va a recibir a mil juezas del mundo para tratar entre otros, uno de estos temas”, anunció Lucas, e informó que en mayo de 2018 “70 mujeres van a hablar de crimen organizado, de cómo sufren en sus lugares y qué soluciones les dan”.
Luego se refirió a la ley de narcomenudeo “que involucró a los jueces provinciales en colaborar en este delito”, que el STJ local asumió la responsabilidad que implicaba el envío de fondos nacionales para afrontarla.
“Todavía el STJ está esperando estos fondos”, lamentó Lucas, y recordó que desde el año 2015 se está disponiendo de parte del presupuesto previsto para el Poder Judicial chaqueño para los gastos que requiere esta problemática. En tal sentido, comentó lo que le encomendó la presidenta del STJ, Isabel Grillo, en relación con el pedido realizado en marzo de este año al gobernador Domingo Peppo con los reclamos que la dirección del IMCIF realizaba al Alto Cuerpo, en cuanto al uso de los recursos de ese organismo del Poder Judicial. Informó, al respecto que, desde la implementación del fuero especial antidrogas, “más del 85 por ciento de la actividad (del IMCIF) está destinada a las pericias del fuero antidrogas, lo que implica un notable desbalanceo de los recursos que también deben utilizarse para otras problemáticas.
Política antidroga “miope”, dijo Niremperger
La jueza federal inició su disertación recordando que la ley de lucha contra el narcotráfico tiene 30 años de vida. “Podríamos decir que no ha cumplido con los objetivos que se ha propuesto”, opinó.
Señaló que a diario advierten el crecimiento del narcotráfico y del consumo de sustancias, que se diseñan drogas sintéticas.
“Se podría decir que deberíamos comprender que el prohibicionismo ideológico que subyace a la ley de estupefacientes no está dando resultados”, señaló la magistrada para hacer hincapié en que se debe trabajar más allá de la eliminación de la oferta.
“La guerra declarada contra las drogas ha sido unidireccional desde un único frente, el represivo, y ha consistido en que el punto fundamental ha sido atacar la venta de drogas para disminuir el consumo por su costo. Paradójicamente los resultados no fueron los esperados”, insistió.
“Existe persecución y estigmatización de los consumidores, el narcotráfico lidera en los barrios, tomando y afectando a estos sectores que son los más vulnerables”, analizó luego.
Niremperger criticó ampliamente esta política antidroga a la que consideró “miope” e ineficaz. “Al haberse mirado al narcotráfico como un todo homogéneo, dejó de mirarse la complejidad del problema. Así se reaccionó de una forma igualitaria ante todos los elementos de la cadena: ante el narcotraficante y el consumidor, y se perdió de vista la complejidad del fenómeno”, reiteró, para luego entender que “la mirada y la reacción no puede ser la misma. No es lo mismo el consumidor que el narcotraficante, una persona con problemas con las drogas debe ser vista desde el problema de la salud. Esto no fue así y se ha estigmatizado a los consumidores y se los ha puesto como víctimas del sistema represivo”.










