Toda América dividida por los hechos de Caracas
Gobiernos y opositores latinoamericanos expresaron posiciones disímiles sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir los poderes legislativos de la Asamblea Nacional.
Bolivia dividida: La Cancillería expresó su solidaridad e incondicional apoyo y habló de “un nuevo ataque y acoso político que intenta fracturar la democracia, desestabilizar al Gobierno del presidente Maduro y desconocer la Constitución. Bolivia hace votos para que los postulados y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el alto nivel de solidaridad entre Estados soberanos sean los que prevalezcan”, declaró el Gobierno boliviano. En cambio, la reacción de miembros de la oposición fue de condena a la situación en Venezuela y a favor de la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA). “La acción del Poder Judicial asumiendo el rol del Legislativo es una grave vulneración de principios democráticos fundamentales”, escribió el ex presidente Carlos Mesa. Otro expresidente, Jorge Quiroga Ramírez, expresó que es partidario en el actual caso de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. “Alberto Fujimori cerró Congreso con tanques en Perú, América Latina respondió con Carta Democrática en 2001. Hoy Venezuela lo hace con jueces, debe aplicarse la Carta Democrática de la OEA”, señaló.
Vacilaciones en Argentina: El tibio llamado a “recomponer el orden democrático en Venezuela” del presidente Macri, y su “preocupación” ante la disolución de la Asamblea Nacional, cayeron mal dentro del propio gobierno. El reclamo contra esa postura llegó de parte de funcionarios, diputados y aliados. El presidente del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri, dijo que “el Gobierno argentino debe liderar la batalla internacional para que el orden democrático y las libertades se restituyan en Venezuela”. Elisa Carrió, que suele chocar con la frecuentemente con la canciller Malcorra, sostuvo que “En Venezuela hay un golpe de estado. Hay que dejar de tener actitudes tibias”. En tanto, Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, histórico aliado del chavismo, aseguró que “son gravísimos los hechos de Venezuela, donde el Poder Judicial está avasallando al Poder Legislativo”. Los diputados Oscar Romero y Diego Bossio, del bloque del PJ, afirmaron que “El fallo es contrario a los principios democráticos. El funcionamiento independiente de los poderes debe ser siempre garantizado”, en tanto fue notorio el silencio de los legisladores kirchneristas.
Unasur: Algunos de los países de la alianza condenaron la situación en Venezuela y consideraron que el Tribunal Supremo atentó contra la democracia al asumir funciones legislativas. La crítica está firmada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, pero no Bolivia y Ecuador. “Causa alarma el anuncio de que el Tribunal asumirá competencias del Legislativo”, señalaron, pero no emitieron resolución alguna.
Mercosur: El bloque comercial convocó a reunión urgente de sus socios fundadores para analizar posibles soluciones a la crisis de Venezuela. La reunión de cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se realizará este sábado en Buenos Aires, a las 15.
¿Por qué la OEA no aplicó la Carta Democrática en su última reunión?
El jefe de la OEA, Luis Almagro, solicitó formalmente este viernes al Consejo Permanente que convoque reunión urgente para evaluar la crisis política en Venezuela, invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. El organismo acababa de reunirse el martes 28 en Washington, donde no tomó resolución al respecto. Almagro dijo que ese artículo de la Carta le atribuye solicitar la sesión del cuerpo de los 34 países miembro para “realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente” en el caso venezolano. El diplomático presentó la solicitud al embajador de Belice, Patrick Andrews, quien preside el Consejo Permanente hasta este viernes, antes de traspasar la dirección a Bolivia. El catalizador de la solicitud es la decisión del máximo tribunal de justicia venezolano de asumir las funciones de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de mayoría opositora y retirar la inmunidad a los parlamentarios, lo que Almagro denunció el jueves como un “autogolpe de Estado”.
La Carta Democrática Interamericana, aprobada por el consenso de la OEA en 2001, establece en su artículo 20 que se puede convocar la sesión del Consejo Permanente en caso de “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” en un Estado miembro, y en un en caso extremo podría terminar con la suspensión del país de la OEA. Esa determinación, reclamada por la derecha continental, quitaría el apoyo legal internacional a todo trámite de préstamo o financiamiento que el gobierno de Maduro pudiera solicitar, y obstaculizaría gravemente sus operaciones comerciales. En los hechos, llevaría a una declaración de default a la crítica economía venezolana. Diversos analistas señalaron en su momento que fue por el peligro de derrumbe económico en medio de la galopante crisis política, que EEUU se abstuvo el pasado martes 28 de exigir la aplicación de la cláusula en la última reunión de la OEA. Esa decisión, apoyada por la mayoría de los miembros, distanció al gobierno de Trump de la oposición venezolana.
Fuentes: afp-na, dpa y Reuters
