El Salvador: ambientalistas festejan prohibición de megaminería
El país más pequeño de Centroamérica, de apenas 21.000 km cuadrados y 6,3 millones de habitantes, prohibió de manera definitiva la minería metálica, cuya industria transnacional quería reactivar desde hacía años, lo que despertó celebraciones populares.
Con el voto de 69 de los 82 diputados que componen el legislativo, fue aprobado el proyecto de ley que numerosas iniciativas, civiles y gubernamentales, conjuntaron para llegar a un consenso. “El asecho de una industria mundial poderosa que busca extraer metales preciosos es grande. Sin embargo, importantes sectores sociales consideran que ello llevaría a El Salvador al suicidio colectivo”, dijo Alfredo Carías, de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica.
Los pobladores de las zonas mineras, ambientalistas y defensores de derechos humanos recordaron que la explotación de tal industria implicó la destrucción de bosques, contaminación de humedales, daños a la flora y fauna, y a la vida de la población. La ministra de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, se mostró alegre y entusiasmada: “¡Estamos contentísimos!”, y reconoció que sólo el trabajo y persistencia de diversos movimientos sociales hizo posible la aprobación de esta ley. “Fue una verdadera lucha social... si el pueblo se une es posible tomar grandes decisiones para beneficio del país”, comentó la ministra, y agregó que “éste es un paso enorme para evitar la degradación ambiental del país”. La ley de 11 artículos define la prohibición de las “actividades de explotación, extracción, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo”.
Hace varias décadas se verificaron graves estragos ambientales en el país. Uno de los lugares en los que se evidencian las huellas dañinas de la labor minera es el río San Sebastián, en el oriental departamento de La Unión. El drenaje ácido proveniente de la actividad minera en el Cerro de San Sebastián, explotado desde 1968 por la multinacional Commerce Group, hizo que las aguas del río se volvieran no aptas para el consumo humano, de calidad pésima, color marrón y pestilentes. Actualmente uno de los municipios con mayor amenaza es San Isidro, Cabañas, lugar donde ambientalistas son víctimas de hostigamientos y amenazas de muerte por su lucha contra la minería y otros proyectos que degradan el medio ambiente. Igualmente, la Mesa Nacional contra la Minería Metálica denunció que los asesinatos de cuatro ambientalistas que se oponían a la minería, tres en 2009 y el otro en 2011, siguen impunes.
