La UE, entre la democratización y la desintegración
“Estamos ante una violación grave y persistente de los valores de la UE, como son la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, el pluralismo, la prohibición de discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. Recordamos a este tribunal que la Unión está obligada a garantizar la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y libertades fundamentales, y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional” (Párrafo final del recurso de nulidad presentado ante el Tribunal de Justicia Europeo para derogar el acuerdo de expulsión de refugiados entre la UE y Turquía).
Por Rubén Tonzar
Todas las reivindicaciones y derechos citados ante el tribunal son parte de los objetivos originales de un gigantesco experimento político-económico que el 25 de marzo de 1957 tuvo uno de sus hitos fundacionales. Ese día, Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos firmaron en Roma dos tratados de trascendencia universal. El principal de ellos establecía la Comunidad Económica Europea (CEE), y el otro, la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). Ambos, junto con el de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA, de 1951), serían la base de la confluencia económica en el camino de la creación del bloque que hoy conocemos como Unión Europea (UE).
El tratado de la CEE fue modificado muchas veces y, complementado por otros varios acuerdos, es hoy el Tratado de Funcionamiento de la Unión. En aquel mismo momento fueron propuestas otras dos comunidades: una Comunidad Europea de Defensa (CED) y una Comunidad Política Europea (CPE). Curiosamente, ninguna de las dos prosperó en su momento, y hasta la actualidad son sujetos subsidiarios de la OTAN, en el primer caso, y de la circulación de capitales al interior de la UE, en el segundo.
Ambas cuestiones están hoy en el candelero, sea por las exigencias del nuevo gobierno de EEUU acerca de los aportes europeos al presupuesto de la alianza atlántica, sea por la pérdida de soberanía de los gobiernos comunitarios a manos del Banco Central Europeo. Esto se refleja en la mordaz definición que suelen citar los politólogos del continente: “La UE es un gigante económico, un enano político y un gusano militar”. La certera humorada apunta a que el eficaz acuerdo para crear un bloque de negocios comunes no tuvo la misma validez para promover el derecho político --ahora obstaculizado por nuevas vallas, muros y alambradas-, ni para dotar al continente de una política de defensa independiente de los EEUU.
Logros
En el espacio continental sobre el que más guerras se han librado, incluyendo las dos más grandes de la historia, la Unión Europea ha garantizado 70 años de paz, dicen los entusiastas. Es cierto que la llamada Europa occidental se las ha arreglado para evitar conflagraciones en territorios que no habían conocido paz tan duradera. Aunque para afirmar tal cosa debemos dejar pudorosamente a un lado los varios conflictos balcánicos y la actual guerra en Ucrania, y ni considerar las crecientes intervenciones europeas en África y Asia, con o sin OTAN, con o sin consenso comunitario.
Los europeos pueden utilizar la misma moneda en una región muy amplia, la Zona Euro, que abarca a 19 de los 28 países miembro (pronto 27), con 338 millones de habitantes. El euro, sin dudas, es el logro más tangible. Surgido del trascendental Tratado de Maastricht, que en 1992 creó la unión económica y monetaria, circula desde el 1º de enero de 2002. De los 19 miembros que abandonaron sus monedas nacionales y comparten una unión monetaria, la mayoría encuentra a esta altura más problemas que beneficios. Es que para tal logro fue necesario que todos resignaran el control de decisivas variables de su economía, como los déficits y la política fiscal, en los que Estados con diferentes recursos, productividad y desarrollo debieron someterse a parámetros comunes.
Los ciudadanos nativos o con residencia legal pueden circular sin trabas (en algunos lugares casi siempre, en otros a veces) por el espacio Schengen. Este fue un pacto entre 5 de los 6 países fundadores en 1985, ampliado luego a 26 países, 22 de la UE -salvo Bulgaria, Rumania, Reino Unido, Irlanda, Croacia y Chipre-, cuyos ciudadanos pueden circular, como norma general, sin necesidad de mostrar documentación en las fronteras internas. Esta disposición intentaba dar a la circulación de personas las mismas facilidades que al tránsito de mercancías y capitales. Pero en los últimos años, la crisis humanitaria que implicaron las guerras de Libia, Irak, Siria y Afganistán, con sus millones de desplazados, llevaron a muchos países a volver a cerrar fronteras y establecer vallas muros y obstáculos legales que inviabilizan seriamente el espacio Schengen.
Otros logros destacados de la Unión son el establecimiento de normas de protección del ambiente, de consumo energético responsable, de seguridad y control de alimentos, de promoción del intercambio estudiantil, de beneficios sociales que pocos países en el mundo alcanzaron nunca, incluida una política agrícola común y otra de subsidios para el desarrollo de muchas regiones. Toda esta construcción de décadas está siendo sacudida desde sus cimientos por la crisis global del capital iniciada en 2007-2008, y al día de la fecha se muestra extremadamente frágil y en algunos aspectos se ha vuelto directamente impracticable.
Las profundas disidencias entre los estados miembro, el sometimiento cuasi colonial de algunos por parte de instituciones comunitarias regidas por normas estrictamente contables (el paradigmático caso de Grecia), la salida del Reino Unido, el ascenso de nacionalismos xenófobos en varios países, la actitud de rechazo y abandono hacia las víctimas de guerras y persecuciones (en las que las tropas de la Unión tienen destacado papel), entre otros fenómenos, ponen a la UE ante desafíos que son aún más grandes que los encarados en su origen.
Desintegración
En los últimos dos años, dos referendos sacudieron a la Unión: el OXI griego en julio de 2015, y el Brexit en junio de 2016. En el primer caso la voluntad popular rechazaba las feroces normas contables que el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI (la troika) imponían a Grecia, supuestamente con el fin de superar la crisis económica originada por decisiones políticas de la propia UE. Aunque luego el gobierno local optó por obedecer a las instituciones europeas antes que a sus electores, la nueva crisis de la deuda griega muestra hoy la inviabilidad de la política de ajustes sobre el ajuste.
En el caso del Brexit, se considera que los electores repudiaron el papel de centro financiero de la UE que el Reino Unido había ejercido los últimos años, mientras deslocalizaba industrias y abría su economía al capital chino y sus fronteras a los inmigrantes, con el fin de presionar los salarios locales a la baja. La pertenencia a la UE no supuso ningún obstáculo, y por el contrario aportó varios incentivos, a esta política, al punto que los votantes llegaron a identificar la causa de sus problemas con la mismísima Unión. La misma conclusión es alentada por partidos de ultraderecha en varios países como Holanda, Francia, Italia y Alemania (notoriamente, cuatro de los fundadores), y celebrada por el nuevo presidente estadounidense Donald Trump.
Más democracia… ¿cómo?
Otros partidos, como los liberales y los socialdemócratas defienden “más democracia”, “más Europa”, “reformar las instituciones de la UE”. Los analistas observan que el fundamento de tal programa no es practicable: la UE no padece de un déficit democrático que pueda solucionarse con “un poco más de democracia” y algunas reformas. Sostienen que la UE se construyó en forma intencionada como una zona que iba a prescindir de la democracia para mantener la toma de decisiones en manos de un cártel de grandes empresas y bancos europeos. “Hay más oxígeno en la Luna que democracia en el gobierno de los negocios de la UE”, se lamentó el exministro de Economía griego, Yannis Varoufakis.
“Esperar una reforma de las instituciones de la UE mediante el proceso ordinario e interminable de deliberaciones intergubernamentales y cambios graduales en los tratados, supondrá la formalización y legalización de la Unión de la Austeridad Europea. Así, se profundizará la crisis que aflige a los ciudadanos más vulnerables, y aumentará el atractivo de la derecha xenófoba. Eso acelerará la desintegración de la UE”, evalúa el dirigente del ascendente partido español Podemos, y propone “Un enfrentamiento directo con el establishment de la UE, promoviendo un movimiento paneuropeo de desobediencia civil y también gubernamental, creando una oposición democrática contra las élites y contra los neofascismos”.
Amartya Sen, premio Nobel de Economía, había advertido, hace ya diez años, al inicio de la crisis mundial, que no era el euro, sino “la propia democracia de Europa” lo que estaba en juego. Sostenía que era así porque “la gobernabilidad democrática de hoy sale por la puerta trasera de las prioridades financieras, no recibe la atención que merece, ni mucho menos que eso. El gobierno democrático de Europa está minado por el papel hipertrofiado de las instituciones financieras y las agencias de calificación, que mandan sobre gobiernos elegidos democráticamente. La comunidad de la estrategia de ‘sangre, sudor y lágrimas’ de reducción del déficit otorga una aparente plausibilidad a lo que se impone a los países más precarios, como Grecia o Portugal, aunque sus resultados sean desastrosos. Detener la marginación de la tradición democrática de Europa conlleva una urgencia que es difícil de exagerar. La democracia europea es importante para Europa… y para el mundo”.
A 60 años del Tratado de Roma, la Unión Europea reclama, de múltiples maneras, una nueva fundación, donde la democracia política debería establecer entre todos sus miembros la armonía que hasta el momento impone la pura y dura economía del capital. En tanto no suceda, la desintegración asecha.
