La Defensoría del Pueblo llevará el reclamo de adultos mayores a la Justicia
Representantes del consejo provincial de adultos mayores quieren que las autoridades consideren su opinión en la elaboración de políticas públicas.
En reclamo del cumplimiento de la ley 7.942 de “Protección y ayuda integral a las personas de la tercera edad”, se reunieron con el defensor del Pueblo. Gustavo Corregido respondió que analizará el reclamo y adelantó que se realizarán los planteos judiciales que correspondan para evitar el avasallamiento de la ley.
Decreto y ley
El vicepresidente primero Rubén Acosta denunciar una situación anómala: “El 31 de enero el subsecretario de Gestión y Articulación Néstor Fantín impulsó un decreto que se superpone a la ley 7.942. Queremos que se anule porque un decreto no puede jamás modificar la naturaleza de una ley”, remarcó.
En respaldo al cuestionamiento Corregido señaló que es necesario tener en cuenta la voluntad de las personas que no sólo están listas para sesionar, sino que además participaron de la redacción de la norma para mostrar la realidad de las personas de la tercera edad.
Funciones propias
El sector pide a Desarrollo Social poner en funcionamiento el consejo creado en 2015. En 2016 el defensor envió una recomendación al Ministerio aunque sin lograr cambios.
El consejo cuenta con el mandato otorgado por un plenario provincial el año pasado, nunca fueron convocados como lo indica la ley. Los integrantes cuentan con mandato desde 2015 hasta 2018.
“Sin recursos para dar a conocer nuestros derechos, denunciamos la interferencia de una subsecretaría que se arroga funciones que competen exclusivamente a este consejo”, agregó Oscar Salinas, vocal titular.
“Buscamos que la sociedad reconozca que los adultos mayores quieren participar en las acciones diarias de la familia y la comunidad. No queremos que por nuestra edad nos descarten”, insistió Acosta.
