La operación Lava Jato hace estragos en Brasil
El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó esta semana la apertura de 83 investigaciones contra políticos con fueros en el marco del escándalo de corrupción en Petrobras, el principio de una tormenta provocada por las confesiones de exejecutivos de Odebrecht.
Janot envió los pedidos al Supremo Tribunal Federal (STF), con base en los acuerdos de delación premiada firmados con 77 ejecutivos y exejecutivos de las empresas Odebrecht y Braskem, filial petroquímica de la constructora, precisó la Fiscalía en un comunicado.
El organismo no divulgó la identidad de los sospechosos ni los hechos que se les reprochan, porque los expedientes se encuentran bajo secreto de sumario. Pero por tratarse de un pedido al STF, en cada solicitud hay involucrado por lo menos un político con fuero privilegiado, como ministros y legisladores.
También podrían figurar en la misma causa personas sin fueros, pero estrechamente relacionadas con los delitos investigados, indicó una portavoz del Ministerio Público Federal.
El ministerio pidió además abrir otras 211 investigaciones por instancias que tratan de denuncias contra personas sin fueros.
Algunos testimonios filtrados en los últimos meses a la prensa apuntan directamente a integrantes de la cúpula del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del presidente conservador Michel Temer, quien asumió el poder en el 2016 después de que el Congreso destituyó a la mandataria de izquierda Dilma Rousseff.
El poder de daño de la delación genera tensiones en el Congreso, que concentra su atención en distintas iniciativas para amnistiar delitos ligados a la financiación de campañas, y relega a segundo lugar las tentativas del gobierno de apurar una espinosa reforma de las jubilaciones.
Con la economía sumergida en la peor recesión de la historia, Temer sostiene que su prioridad es sacar al país de la crisis y crear empleos. Pero las filtraciones de algunas delaciones de Odebrecht lo salpican directamente, junto a varios de sus principales asesores.
Después de aclarar que no pretende blindar a ningún miembro de su gobierno de la investigación Lava Jato, el mandatario afirmó que los ministros mencionados en las investigaciones solo serán suspendidos y que esperará a que sean formalmente inculpados para removerlos de sus cargos.
Desde que reemplazó a Rousseff en mayo del 2016, Temer ya perdió a seis ministros por causas vinculadas a la Operación Lava Jato.
La Fiscalía deberá ahora recoger pruebas y testimonios para decidir si hay elementos suficientes para sustentar los pedidos de investigación y formular las denuncias correspondientes.
En su pedido de esta semana, Janot solicitó a la corte suprema levantar el secreto de todo el material, para promover la transparencia y garantizar el interés público.
Unos 116 fiscales tomaron más de 950 declaraciones judiciales a los delatores de la constructora. Las comparecencias fueron filmadas.
El material será divulgado cuando lo ordene el juez Fachin.
Hasta que esto ocurra, los testimonios y documentos permanecerán en una sala-cofre de la corte, a la que solo funcionarios autorizados tienen acceso, informó la asesoría del tribunal.
La Operación Lava Jato (lavadero de autos), lanzada hace tres años, destapó una trama de corrupción en la empresa estatal Petrobras, expoliada por políticos y constructoras para financiar campañas y enriquecer a políticos.
Los desvíos de fondos públicos superaron los 2.000 millones de pesos.
Las condenas ya dictadas en la primera instancia de la Justicia (que juzga a personas sin fuero privilegiado) suman más de 1.300 años de cárcel.
En Brasil, el escándalo ha convulsionado al país con una hiriente sensación de traición.
Los brasileños tienen un dicho cuando son arrestados los ricos y poderosos: “Siempre termina con una fiesta con pizzas”.
Estas palabras pretenden sugerir que el sistema de justicia está amañado a favor de las élites.
Considerado la mayor causa de corrupción de la historia de Brasil, la fiscalía lo definió como un sistema de empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas.
El país carioca ha sorprendido a toda América Latina por el megaescándalo que está hundiendo a la nación en una crisis política y económica.
No sorprende que coimas multimillonarias desviadas de la empresa estatal Petrobras hayan beneficiado a cierta élite gobernante y empresarial.
La sorpresa es cómo se destapó la trama y, todavía más, el hecho de que se está deteniendo y condenando a personas que se encuentran entre las más poderosas del país.
