Estafa inmobiliaria: se espera la decisión de la Cámara de Apelaciones y surgen nuevas pruebas

El trabajo de Lupi también alcanza por estos días a empleados del juzgado Civil y Comercial Nº 1 quienes brindaron su testimonial y aportaron datos fundamentales para desentrañar cómo funcionaba el juzgado en relación a las causas en las que intervenía el cuestionado estudio jurídico. Entre los últimos avances que ha tenido el expediente también se encuentra el testimonio de un oficial de justicia que a criterio de la fiscalía “narró la manera irregular en que se tramitaban las notificaciones en el marco de algunas de las causas investigadas”.

Sobre la situación de los últimos detenidos que tuvo el proceso, la fiscal indicó que “tanto el doctor La Regina como el ciudadano de apellido Krohmbolz continúan en condición de detenidos”.

En el caso del profesional “le hemos fijado fianza en dos de las causas en las que se encuentra imputado, de 900 y 400 mil pesos respectivamente. Hasta el momento no se ha dado cumplimiento a las mismas por lo que continuará detenido, a pesar de tener la libertad bajo fianza, hasta tanto cumpla con el depósito de la misma” y agregó “él está involucrado también en la causa de las tierras de Mburucuyá en la provincia de Corrientes” adelantando que “con todo el material probatorio obrante, que resulta más que suficiente, en los próximos días se le va a imputar el delito de asociación ilícita”.

Respecto al caso de Krohmbolz,  la representante del Ministerio Público Fiscal comentó que la situación es distinta “porque no encuadra en el típico caso de actor intelectual de maniobra alguna. Compró una porción del campo correntino y luego las vende cuando se inicia la investigación de estos casos, cuando se destapa la olla y por eso es detenido”.

Agregó que “no puede justificar la compra de un campo de esas dimensiones, puesto que gana 8000 pesos como trabajador de APA y ocasionalmente hace trabajos para el imputado Michlig, ya que vive frente al campo que posee este en jurisdicción de Quitilipi y tienen una vieja relación con la familia”. En ese marco recordó la declaración de dos mujeres que residen en el mismo lugar que el imputado quienes manifestaron que “en ocasiones Michlig lo iba a buscar y se lo llevaba” y consultadas sobre que decía Krohmbolz sobre esa situación dijeron “el manifestaba que el doctor le estaba por poner a nombre una casita”.

En el expediente quedó determinada que la firma del supuesto vendedor del campo de Corrientes “es falsa, la firma estampada no pertenece al supuesto vendedor” apuntó.

“El todavía no declaró, pareciera estar muy influenciando o presionado para no hacerlo, lo siento temeroso, como que alguien lo está presionando” indicó la fiscal. 

Sobre la situación de este, Lupi manifestó que “se le ha concedido la libertad bajo caución, consistente en solicitar al Juzgado de Garantías un embargo sobre la porción de campo de la cual es propietario por parte del Registro de la Propiedad Inmueble, si se logra esa autorización y cumplido el trámite recuperará la libertad”.

Un predio de 20 millones de pesos   

Al referirse al valor del predio de tierras en el interior de la provincia de Corrientes, la fiscal sostuvo que “respecto a la fracción de Krohmbolz no tenemos una cifra certera, pero a través de una inmobiliaria pudimos averiguar que la valuación total del predio ascendería a unos 20 millones de pesos”.

“Así que imagínense el daño que se le provocó a la firma correntina propietria del mismo que es la perjudicada en esta maniobra. Es algo grave, porque le puede pasar a cualquier ciudadano” sostuvo.

Indicios contundentes

La fiscal Lupi confirmó que, mientras se espera la resolución de la Cámara de Apelaciones de Resistencia sobre la situación de Michlig y García y el expediente principal se encuentra en poder de esta, hemos conformado “un expediente provisorio del que surgen muchos elementos más que involucran a Michlig, García, La Regina y los otros imputados” remarcó Lupi.

“Si bien el expediente se fue de la fiscalía a mediados del mes de diciembre, hemos confirmado los provisorios que nos permitieron seguir trabajando aún durante el receso” agregó.

Además confirmó que existen otros dos expedientes “en los que está imputado La Regina” pero no descartó que “sea declarado a indagatoria el doctor Michlig” y en ese marco apuntó al testimonio de una persona de apellido Medina “quien puso las cartas sobre la mesa y comentó en detalle como operó Michlig con el” y añadió “esta persona fue engañada y resulto perjudicado, vamos a estudiar su situación”.

En este caso testificó un oficial de justicia quien dejó claro cómo se operaba con el caso de las notificaciones. “Esta persona señaló que en ocasiones el propio Michlig o García lo buscaban y lo llevaban para cumplir la diligencia a un campo del primero en vez de hacerlo en el domicilio legal o comercial de la familia Alberto que era la que demandaba la escrituración”.

Allí este testigo declaró “se cumplía con el diligenciamiento ante una persona que la describió como de tez morocha, quien recibía las mismas”.

Inconvenientes en otra de las causas 

La fiscal admitió que el camino investigativo no resulta fácil “es una causa compleja” afirmó, y en ese sentido comentó los inconvenientes que surgieron en una de las causas nuevas que investiga.

Se trata de una propiedad ubicada en calle 10 entre 37 y 39 del barrio San Martín Oeste por la que se busca para una testimonial a quien sería el supuesto propietario. “Tenemos una plancheta del año 1945 y no logramos dar con el señor Aniceto Ojeda supuesto titular, por lo que hemos librado oficios para verifica información sobre el a distintos organismos”.

“Este señor, de acuerdo a nuestros cálculos tendría 95 años, tal vez ya falleció pero si por ahí existe algún familiar por ahí podamos tener alguna firma o carta para hacer una prueba de cuerpo de escritura con la firma que figura en el boleto de compraventa en ese caso”. Pedimos la colaboración a la comunidad y quien pueda aportar algún dato sobre “esta persona acercarlo a la fiscalía”.

“Vemos como aquí al igual que en otros casos que venimos investigando aparece el mismo patrón, personas de avanzada edad firmando esos boletos” sostvo Lupi quien remarcó “con una simple fotocopia, así se tramitaban expedientes en el juzgado del doctor Juárez”.

Empleados del Juzgado Civil aportaron datos reveladores    

La fiscal Liliana Lupi informó que en los últimos días comenzaron a tomarse testimoniales a empleados del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 quienes “aportaron datos de relevancia que permitieron conocer cómo funcionaba ese fuero en el trámite de causas relacionadas con el estudio jurídico cuestionado.

En el caso de Ojeda “en el boleto de compraventa no figuran los número de documento ni del comprador ni vendedor, y así y todo el doctor Juárez le dio trámite y pronunció una sentencia” lo que constituye “un hecho grave que podría haber perjudicado a cualquiera”.

Las declaraciones de los empleados judiciales que testificaron hasta el momento “nos dieron la pauta de como operaban en el juzgado” describiendo como “el abogado García le daba órdenes a los empleados que tramitaban los expedientes, las órdenes no las daba el juez las daba un simple abogado” describió Lupi al tiempo qué remarcó “apuraban el diligenciamiento de esos expedientes que salían en tiempo muy acelerado teniendo en cuanta los tiempos de los juzgados colapsados de expedientes”. “Es obvio, no podemos pecar de ingenuos, que el propio juez indicaba a quienes dirigirse y que hacer” subrayó.

Estos trabajadores explicaron cómo se advertía al juez “sobre las irregularidades en la documentación pero igualmente el trámite continuaba”.

Del mismo modo la fiscal señaló que quedó debidamente certificado en esas testimoniales como se procedía para la tramitación realizándose de “modo reservado, modalidad que si bien está prevista en el Código Civil y Comercial, este deja en claro cuales con las causas que se pueden tramitar de esa manera y estas precisamente no encuadraban”.

“Las causas de trámite reservado están relacionadas con medidas cautelares, expedientes donde existe riesgo que alguna de las partes pueda tomar conocimiento de algunos movimientos y una de las partes pueda enajenar bienes o cualquier otra debidamente fundamentada”. “En las causas en cuestión se pedía trámite reservado “en una línea, sin fundamentación y era criterio del juez proveer ese pedido”.

A modo de síntesis la fiscal entendió que “los testimonios de los empleados judiciales han sido comprometedoras”.

Expediente devuelto con irregularidades

Lupi hizo referencia también a un caso relacionado con el préstamo de documental, una práctica habitual donde se provee de la misma a las partes intervinientes en un litigio.

Para ello se debe seguir un protocolo donde el pedido, el retiro, el tipo de documental que se retira por escrito. Una vez que se autoriza se deja constancia de las condiciones en que se retira la documental y firma el profesional que la retira”.

“Pero hemos advertido un caso donde el doctor García aparece retirando una documental cuyo préstamo no se solicitó, no fue autorizado por decreto pero aparece asentado que se presta a ese profesional una documental”.

Se trata de un boleto de compraventa que “vuelve adulterado” porque no tenía “certificación de firma ni sellado de rentas, pero al regresar observamos que tiene el sellado”.

“Descubrimos esa situación porque teníamos fotocopia de la documental cuando se hace la presentación de demanda, algo gravísimo” lo que demuestra que “el trato con este estudio jurídico era de una inseguridad jurídica para los litigantes, un desmanejo total”.

Adelantó finalmente que “es una investigación sencilla” y lejos de estar cerca de elevarse a juicio tras el retorno del expediente original la fiscal advirtió que “seguramente vamos a pedir un prórroga a Garantías para continuar investigando esta causa compleja” e insistió en la necesidad que “el Superior Tribunal de Justicia ponga a disposición de fiscalía una persona más para reforzar el trabajo”.