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Medicamentos: faltas y retrasos en la distribución

La Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) envió una nota al ministro de Salud, Jorge Lemus, y al director de Epidemiología, Jorge San Juan, advirtiendo que en el país existen severos problemas con la provisión de drogas de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis.

Días después, la Sociedad Argentina de Hematología mandó otra comunicación al titular de la Anmat, Carlos Chiale, manifestando su preocupación por la falta de drogas oncológicas corrientes, muchas de ellas de bajo costo.

A esto se sumó el trascendido de una carta interna del Ministerio de Salud que advertía al equipo del plan de Cobertura Universal de Salud Medicamentos (CUS, ex Plan Remediar), que el programa no contaba con 27 de los 68 medicamentos del vademécum, que incluye antidiabéticos orales, antihipertensivos, broncodilatadores, antiparkinsonianos y otros fármacos esenciales que se distribuyen entre alrededor de 15 millones de personas sin obra social ni prepaga.

Por último, medios provinciales informaron sobre una reunión entre las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) con directivos del Laboratorio Industrial Farmacéutico en la que se les habría informado sobre la intención de no dar continuidad al programa de distribución gratuita de medicamentos.

Por su lado, personal técnico del ministerio que pidió no ser identificado destacó que en estos casos se impone una compra de emergencia para agilizar la provisión, pero no se hizo.

María Cecilia Loccisano, que trabaja en el ministerio desde 2002 y recientemente fue designada subsecretaria de Coordinación Administrativa a cargo de esa área, explicó que las compras para todos los programas que reparten medicamentos tardan más o menos diez meses, y afirmó que durante 2015 no se iniciaron licitaciones y tuvieron que comprar en diciembre.

La funcionaria destacó que en 2014 se compraron 334.000 unidades de medicamentos por 44 millones de dólares, mientras que en 2016 se adquirieron 635.000 unidades por 45 millones de dólares, y desmintió reclamos como los realizados por Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que también pidió precisiones por la suspensión de alimentos especiales cubiertos por el plan Incluir Salud.

Sin embargo, de acuerdo con información del propio ministerio, en 2016 se entregaron 155.000 botiquines y 29 millones de tratamientos, lo que representa una reducción del 8% en la cantidad de botiquines y del 27% en la de tratamientos.

Las provincias que más recortes sufrieron fueron La Rioja, Jujuy, Misiones, Chaco y Santiago del Estero.

Los remedios enviados por el Ministerio de Salud de la Nación están destinados a 7934 centros de salud de todo el país. Además, se distribuyen preservativos, dispositivos intrauterinos y anticonceptivos. Pero un análisis del Instituto Isalud realizado sobre la base de datos públicos del Ministerio de Economía y del Sitio del Ciudadano identificó varias áreas de subejecución en el presupuesto de salud.

Este trabajo indica que durante 2016 (excluyendo organismos descentralizados y la atención a beneficiarios de pensiones no contributivas) el ministerio pagó solamente el 59% de lo que originalmente se le había asignado en la ley de presupuesto.

El 102% se destinó a salarios (pese a desvinculaciones de personal de varias reparticiones); y de los 8400 millones de pesos que habían sido asignados a bienes de consumo solamente se pagaron 5900, y 2.225.460 asignados a la compra de bienes del programa Atención de la Madre y el Niño solamente se pagó el 33%: 741 millones de pesos.

Probablemente por no utilizar lo asignado en el anterior ejercicio, la ley de presupuesto aprobada en noviembre de 2016 reduce el porcentaje destinado a salud del 2,4% al 2,0% del total.

También circularon versiones sobre la falta de entrega de medicamentos oncológicos para el PAMI, aunque desde el organismo rechazaron que sea cierto.

Sin embargo, cada vez son más los reclamos de las organizaciones sanitarias preocupadas por las crecientes irregularidades, ya que son muchas las personas que dependen de estos fármacos que no llegan en cantidad o a tiempo, y la suspensión del tratamiento entraña un riesgo vital para los pacientes.