El intendente destituido sigue "atrincherado" en el municipio de Quitilipi
Ahora se disputa la gobernabilidad de la ciudad con el intendente interino, designado por el Concejo municipal. Casalboni emitió un comunicado donde informa que continúa siendo el jefe comunal y trabaja con normalidad junto a su gabinete. Además anticipó sanciones. Aún no se presenta el fiscal.
En Quitilipi continúa la tensión política tras la decisión del Concejo municipal de destituir al intendente Sergio Casalboni tras una investigación por tres cargos que observó la Fiscalía Administrativa. El jefe comunal destituido permanece en su despacho y emitió un comunicado donde se ampara en la Ley Orgánica de Municipios y asegura que “no se emitió acto jurídico válido para la destitución”.
Casalbonis sostiene que la Justicia no ordenó su desalojo, afirma que continúa siendo el intendente y que trabaja con absoluta normalidad junto a su gabinete. En paralelo, el Consejo municipal, ayer realizó una denuncia policial para tomar posesión del gobierno y notificó su decisión “por debajo de la puerta” con una nota remitida a la intendencia.
En la votación nominal, en la que ocho concejales votaron por la destitución y sólo el edil Hugo De Cena se inclinó por la “absolución”, también se proclamó intendente interino a José Barnes.
Por el momento, mientras Casalboni continúa dentro de su oficina y amenaza con sancionar a los empleados municipales que emitieron “agravios contra su envestidura”, las nuevas autoridades designadas por el Consejo esperaban que llegara algún fiscal saenzpeñense. A su vez, los empleados continúan protestando en la plaza de la ciudad.
Peche afirma que es un golpe institucional
En ese marco el diputado de Convergencia Social, Carim Peche, consideró que la destitución “es un acto de extrema irresponsabilidad cívica de quienes votaron”.
“Si hay cuestionamientos hacia el intendente deberían haber presentado las denuncias penales correspondientes y dejar actuar a la Justicia, no se puede destituir por conjeturas, no hay denuncias formales y mucho menos resoluciones judicales que respalden la decisión adoptada por esos 8 concejales, lo que han hecho no es otra cosa que un golpe institucional que afecta gravemente la paz social de los quitilipenses y de todos los chaqueños”, remarcó.
Internas
Peche también remarcó que de los cuatro concejales radicales que legislan en Sáenz Peña, solamente el concejal de Convergencia Social votó contra la destitución, los tres restantes del movimiento UCR Somos Parte votaron a favor junto a los 5 concejales del kirchnerismo. Sobre esto dijo: “me duele y sorprende que concejales que dicen representar los ideales y principios de la UCR, por más diferencias que existan, no apelen a la instituciones de la democracia y estén a favor de lo que a mi entender, constituye un golpe a la institucionalidad no solo de Quitilipi sino de toda la provincia y el país”.
