“Es criminal recortar recursos a los jubilados”

Para acceder a la cobertura total de medicamentos (100%) el organismo exige a sus afilia­dos un ingreso menor o igual a $8.500, poseer un inmueble como máximo o un vehículo con más de 10 años de anti­güedad.

“Se viola un principio de pro­gresividad de derechos, cuando la necesidad cada vez mayor es por políticas con más y mejores derechos”, declaró Corregido a FM Universidad.

Además de confirmar que en pocos días más presentará un amparo, cuestionó las modifica­ciones en el organismo por an­ticonstitucionales y arbitrarias.

Siguiente paso

Luego de una intimación para que las autoridades modifiquen el acto administrativo, el si­guiente paso son las acciones judiciales para dejar sin efecto la resolución.

“El viernes cuando presenté el reclamo al Pami local, en una hora comunicó por nota que se iba a elevar el planteo a Buenos Aires”, contó.

Corregido recordó que mu­chos jubilados perciben una remuneración por debajo de la línea de pobreza y sin embargo hay quienes consideran que tratan de sacar ventaja por pedir una cobertura del 100% en medicamentos.

“Que se los excluya porque cobran más de $8.500, porque el auto es de la última década o posee una segunda propiedad es injusto y ridículo”, insistió.

Sobre ingreso de extranjeros

Con otros defensores del país el referente chaqueño se sumó al repudio de la política migratoria nacional, “en contra de la criminalización de los ex­tranjeros que vienen a estudiar o trabajar en el país”.

El pronunciamiento fue contra el reciente decreto 70 del Eje­cutivo que modifica la Ley de Migraciones e impone controles más estrictos para delincuentes extranjeros.

Corregido recuerda que los antecedentes delictivos de las personas que pasan la frontera ya están previstos en la ley y consideró que un nuevo decreto para contemplar la situación es absolutamente innecesario.

En cuanto a las poblaciones vulnerables y que ingresan ile­galmente al país, señaló que “si no tienen documentación hay que tratar de que sí lo tengan y evitar de que sean explota­das; en un Estado de derecho se protege a los vulnerables”, agregó.

Además reiteró que las bajas estadísticas de extranjeros en cárceles argentinas, deja sin argumentos a quienes señalan que existe una peligrosidad en lo foráneo. “Es un absurdo total y un decreto para nada contribuye a la seguridad del país”, agregó.