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Al retomarse la tarea judicial luego de la feria

Asociación ilícita y estafas: se esperan definiciones sobre la situación de los abogados detenidos

SÁENZ PEÑA (Agencia) - Luego de la finalización de la feria y el comienzo de un nuevo año judicial, la investigación de una supuesta asociación ilícita que se habría conformado con el objetivo de perpetrar maniobras de estafa y así apoderarse de inmuebles y otros bienes que involucró a un estudio jurídico, comerciantes y otras personas se encuentra en espera de definiciones.

 Por un lado, la resolución de la situación de los imputados a partir de la apelación presentada por la defensa oponiéndose a la prisión preventiva dictada por la fiscal y ratificada por Garantías y que este mismo juzgado se expida sobre la investigación jurisdiccional planteada por la fiscal Liliana Lupi contra el juez Pedro Alejandro Juárez, titular del juzgado Civil y Comercial Nº 1 hoy suspendido en el marco de otra investigación iniciada por irregularidades por el Superior tribunal de Justicia.

La primera semana de actividad en los tribunales de este año no trajo mayores novedades para la causa y se está a la espera de estas dos resoluciones.

“Por ahora todo está igual, no hubieron mayores novedades la semana que pasó”, dijo a NORTE una calificada fuente judicial agregando “se está a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones respecto al pedido de la defensa de oponerse a la preventiva y que se culmine la investigación jurisdiccional”, agregó la misma fuente.

Respecto del primero de los puntos, el defensor de los abogados Juan Manuel Michlig y Pablo García acusados por la fiscal en su investigación de ser los supuestos organizadores de la asociación ilícita para cometer las estafas, Juan Carlos Saife presentó el recurso apelando la prisión preventiva dictada por Lupi ante la Cámara de Apelaciones, luego del revés que significó la resolución de Garantías avalando el criterio del ministerio público en un primer intento por lograr la excarcelación de sus defendidos.

Ahora será la Cámara con sede en la capital provincial la que deberá pronunciarse sobre si los profesionales deberán permanecer detenidos como hasta ahora en el Complejo Penitenciario II o por el contrario resuelve el cese de preventiva y que recuperen la libertad para seguir en esa condición el proceso.

La investigación jurisdiccional

El otro tema, la investigación jurisdiccional solicitada por la fiscal, está en manos de la jueza de Garantías Mariana Inés Benítez quien deberá resolver la admisibilidad del planteo contra el juez Civil y Comercial Nº 1 Pedro Juárez hoy suspendido en sus funciones en el marco de una inspección realizada por el máximo órgano judicial de la provincia, el STJ, por habérsele detectado irregularidades en la tramitación de 66 causas.

Precisamente el juez también quedó en el ojo de la tormenta en el marco de esta investigación porque la mayoría de las causas investigadas, donde existirían presuntas maniobras de estafa, fueron tramitadas en su juzgado.

Esto valió que al avanzar sobre la pata judicial, en el último tramo del año anterior, Lupi lo acusara de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa y asociación ilícita endilgándole al igual que a los abogados Michlig, García y otro de los imputados Germán Correa el rol de organizador en el marco de esta última figura delictiva.

La causa tiene más de una decena de expedientes, la misma cantidad de imputados bajo distintas figuras legales, tres de los cuales -Michlig, García y Correa- se encuentran privados de su libertad.

La génesis de la investigación

La causa tuvo su génesis en la denuncia presentada por la ciudadana Gladys Núñez, quien en su presentación ante la fiscalía de Lupi señaló que mediante la falsificación de un boleto de compraventa intentaron quedarse con el predio en el que vivió toda su vida, durante más de 30 años.

La mujer refirió en su denuncia que advirtió la maniobra cuando intentó regularizar la situación dominial del predio, quedando vinculado por este hecho el abogado García y un empresario automotriz del medio.

Ese caso fue solo la punta del ovillo para la investigación que comenzó como un caso aislado de supuesta estafa pero derivó en una serie de denuncias que conformaron una causa más compleja que terminó en imputaciones de más de una decena de personas por estafa y la más graves endilgadas al propio García y su colega Juan Manuel Michlig, titular del estudio jurídico investigado y cuyos integrantes habrían tramitado las causas investigadas y a quienes junto con Germán Correa -otro de los imputados- la fiscal los sindicó como presuntos organizadores de una asociación ilícita organizada para perpetrar estafas.

Pero la cuestión no quedó allí ya que el avance de la investigación puso la lupa sobre el juez Civil y Comercial Nº 1 Pedro Alejandro Juárez ante quien se llevaron adelante las tramitaciones de los expedientes.

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