Rumania: las mayores protestas desde la caída del comunismo

Es que después de la manifestación central de entre 200.000 y 300.000 personas en Bucarest, las protestas se extendieron a otras 40 localidades del segundo país más pobre de la Unión Europea, reclamando la dimisión del nuevo gobierno socialdemócrata en el poder desde hace sólo un mes.

El gobierno socialdemócrata rumano enfrenta las peores manifestaciones en el país desde la caída del comunismo tras la adopción de un controvertido decreto que despenaliza hechos de corrupción. Los manifestantes denuncian la adopción, el 31 de enero, “por la noche, como ladrones”, de un decreto del gobierno de Sorin Grindeanu que elimina penalidades a varios hechos de corrupción, lo que permitiría a los políticos eludir a la Justicia, y condiciona las condenas con penas de cárcel por abuso de poder únicamente si los montos superan los 44.000 euros.

Antes de una reunión programada del Partido Socialdemócrata (PSD) para este fin de semana, el gobierno comenzó a resquebrajarse. El ministro de Negocios, Florin Jianu, independiente, presentó su dimisión e invitó a sus colegas a hacer lo mismo. “Esperaba que la presión de la calle obligara a los que cometieron este error a repararlo”, explicó Jianu. Por su lado, el ministro de Justicia, Florin Iordache, afirmó que no se hizo nada “en secreto, ilegal o inmoral” sobre el decreto. El gobierno dijo que estaba simplemente “armonizando la legislación de acuerdo con la Constitución”.

Los críticos señalan que el principal beneficiado con esta legislación sería el líder del PSD, Liviu Dragnea, juzgado actualmente por presunto abuso de poder, así como otros responsables de la izquierda. Dragnea, de 54, ya está inhabilitado por la justicia que lo condenó el año pasado a dos años de prisión en suspenso por fraude electoral. Su juicio por abuso de poder por un caso de empleos ficticios empezó el martes. Los fiscales estiman que el perjuicio en este caso se eleva a 24.000 euros. Otra iniciativa, que Grindeanu presentará al parlamento, supondría la liberación de unas 2.500 personas que purgan penas inferiores a cinco años.

El gobierno dijo que así reducirá la sobrepoblación carcelaria, pero los críticos insisten en que los principales beneficiarios serían varios responsables y políticos condenados a raíz de las campañas anticorrupción de los últimos años. La Comisión Europea y varias embajadas occidentales expresaron su preocupación frente al proyecto del gobierno. El PSD regresó al poder luego de las legislativas de diciembre tras haberse visto obligado a abandonarlo en 2015 presionado por importantes manifestaciones. Los socialdemócratas hicieron campaña principalmente sobre el compromiso de mejorar el nivel de vida de los rumanos. Según el editorialista Malin Bot, del periódico Romania Libera. “el único objetivo del SPD es resguardar de la justicia a todos los políticos para que conserven las fortunas acumuladas en el Estado”.

Las filas del Partido Socialdemócrata, eje de la vida política desde la caída de los comunistas en 1989, se vieron particularmente afectadas por las investigaciones de la fiscalía anticorrupción, institución que tiene el índice de confianza más elevado del país. Las legislativas de diciembre estuvieron marcadas por la alta abstención, pero ero los rumanos “se movilizaron espontáneamente cuando tuvieron la impresión de que la Justicia y la lucha anticorrupción estaban amenazadas”, indicó el analista político Radu Magdin. El Tribunal Constitucional, ante el que recurrió el Consejo Superior de la Magistratura, podría analizar la validez del decreto.