Fin de la tregua de los científicos
Luego del impasse que siguió a la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología por casi cinco días, en diciembre de 2016, las organizaciones de la comunidad científica vuelven al ruedo.
Demandan definiciones sobre cómo se van a integrar al sistema científico los 508 investigadores -según el acuerdo firmado en diciembre- que aprobaron todas las instancias para acceder a la carrera de investigadores del Conicet, pero que por un recorte presupuestario fueron excluidos por el gobierno.
Esta semana todas las organizaciones involucradas en el conflicto realizarán un plenario nacional en el cual se discutirá un plan de acción y una lista de reivindicaciones.
Y según se acordó en diciembre, Lino Barañao, el ministro de Ciencia, debería a su vez abrir una mesa de negociación en los primeros días de febrero.
Un petitorio que ayer entregaron al funcionario y al presidente del Conicet, Alejandro Ceccato, exigen que se fije la fecha de apertura de la Comisión Mixta de seguimiento.
En esa comisión deben tratarse cuestiones que en el acta firmada el 23 de diciembre quedaron inconclusas: cómo será la adaptación al sistema científico de los investigadores que no entraron a la carrera del Conicet, a los que se les otorgó una beca hasta diciembre de 2017 y deben desempeñarse en universidades u organismos descentralizados.
Los excluidos de la carrera del investigador -que no quieren volver a figurar en la lista de los cerebros fugados por políticas neoliberales-, conformaron una red federal integrada por los más de 500 investigadores recomendados que no ingresaron al Conicet.
“El conflicto está abierto”, expresó Silvina Fernández, de la organización Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) y afirmó que la movilización es la única forma de que ingresen a la carrera todos los recomendados. “La plata está remarcó, el mismo gobierno lo reconoce, pero quieren achicar el Conicet”
Pero el gobierno pretende de los más de 500 afectados, algunos continúen en el organismo y los otros en entidades descentralizadas y universidades nacionales, lo cual no ofrece garantía alguna, ya que varias universidades nacionales cerraron 2016 declarándose en emergencia presupuestaria.
El desarrollo de la ciencia y la técnica no debería tener cupos si queremos tener un país desarrollado, sostienen los investigadores, que respondieron también a dichos de Barañao, que expresó que si el Conicet continua expandiéndose al ritmo que lo hacía con el gobierno anterior en pocos años iba a tener que suspender directamente todos los ingresos.
Entre las promesas de campaña, Mauricio Macri explicó que el crecimiento de las actividades de investigación heredado del kirchnerismo iba a sostenerse.
En este caso único y excepcional la “pesada herencia” se reconocía virtuosa.
También afirmó que iba a sostener el incremento paulatino en el sector de ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1,5 %, una proporción semejante a lo que invierte un país como Irlanda.
Sin embargo, a contramano de todas las promesas, en el presupuesto nacional aprobado por el Congreso para 2017, Ciencia y Técnica cayó un 18% respecto del presupuesto para 2016. Irónicamente, los servicios de deuda pública se incrementaron en más de un 85%.
Si además se considera que la actividad industrial cayó un 5% en 2016, hoy la proa del país apunta con esmero hacia una nueva etapa de subdesarrollo.
El primer impacto de estos “números” deja sin trabajo a 500 investigadores jóvenes que, en promedio, llevan siete años financiados por el Conicet con becas de formación doctoral y posdoctoral.
De los aproximadamente 900 becarios, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva solo tiene fondos, dice, para financiar el ingreso de 400. Ahora bien, detrás de los casi 500 becarios que pueden quedar en la calle en 2017 vienen en fila más de 9.000 becarios que hoy avanzan en sus investigaciones doctorales y posdoctorales y que esperan ingresar a la carrera de investigador en los próximos años.
