Abigeato, el enemigo en el campo del que pocos hablan y no para de crecer
Un viejo y conocido enemigo de los productores sigue acechando los campos chaqueños. El abigeato goza de buena salud, no para de crecer y pocas son las acciones que se llevan adelante para parar de una buena vez el hurto de ganado mayor que tantos sinsabores y pérdida de rentabilidad acarrea a los chacareros de la zona.
Tanto en el este como en el centro de la provincia, son reiterados los reclamos que se escuchan en distintos ámbitos, sin que por ahora nadie tome el toro por las astas y se decida a resolver el flagelo. Los que viven en los pueblos saben quiénes son y dónde comercializan lo robado, así que no pareciera ser tan difícil la lucha contra esta epidemia si es que existe verdaderamente la decisión de frenarla.
Es por demás triste observar los rostros de los productores cuando el esfuerzo de años se esfuma en un segundo y sólo el cuero y los restos de los animales muertos (osamenta) yacen en el piso. No pocos son los que apelan al llanto o a tomar medidas extremas por mano propia ante la impotencia que le acarrean este tipo de delitos.
La mira en la Justicia
Tampoco son pocos los ganaderos que directamente apuntan a la Justicia por esta situación. Y tienen sus fundamentos: por Ley 6096 se crearon las Fiscalías de Investigación Rural y Ambiental, a partir de la iniciativa del entonces diputado provincial Oscar Dudik; pero hasta ahora no se implementaron. La excusa desde el Poder Judicial es que no cuenta con presupuesto. “Mientras, a un productor le robaron 14 vacas y resulta que el que le robó llevó los animales para faenar en La Palmas. En el frigorífico no pudieron hacerlo porque no coincidían las marcas y el hecho fue denunciado ante la justicia. Cuando actúa el fiscal en turno, caratula la causa como ‘encubrimiento’ y no como abigeato, por lo que el delincuente al rato estaba libre”, aseguró a NORTE Rural una de las tantas fuentes consultadas en este tema y que desde hace mucho tiempo viene denunciando este tipo de delitos rurales.
Así agrega: “La situación es tremenda y se agrava con el paso del tiempo”. Es que en Formosa, los cuatreros ya mataron a un peón de campo que se resistió al robo.
En cuanto a la actitud del gobierno provincial, la misma fuente dice: “Mira para otro lado y se ampara en la Justicia”.
En tanto, el Poder Judicial se excusa que no tiene presupuesto para instrumentar las Fiscalías Rurales, una instancia creada por ley. Los Fiscales de Investigación Rural y Ambiental tendrán como función esencial promover la investigación de los hechos delictivos rurales y la defensa de los derechos colectivos o difusos ambientales, dice la normativa.
“Ahora pedimos por nota que haya un secretario (ayudante) del fiscal para delitos rurales. Estamos pidiendo solamente cinco personas, porque son cinco las circunscripciones en la provincia. ¿Cuánto puede costar eso?”, se interrogó. “Más allá que la policía también esté metida, es el Poder Judicial el que tiene la última palabra”, lamentó finalmente.
La mira en las carnicerías
Por su parte, un grupo de productores centrochaqueños (otra de las zonas rojas en cuestiones de abigeato) que había organizado una reunión con autoridades por el problema en Quitilipi también presentó un proyecto para la modificación de las habilitaciones municipales de carnicerías. Así, buscan mayores controles para evitar la venta de carne de dudosa procedencia que pueda además dañar la salud de los consumidores.
La propuesta se elaboró “por la necesidad de contar con un servicio de bromatología eficiente y eficaz, cuyo fin es el de bregar por la salud de la población y al mismo tiempo reducir el perjuicio económico que le ocasiona el robo de animales a los productores agropecuarios de zonas aledañas a la planta urbana”, según expresan.
Al respecto, sugiere implementar una serie de medidas de carácter urgente para el control por parte de las autoridades sanitarias: “Para la habilitación de una carnicería, además de contar con las medidas de higiene y seguridad, el local para tal fin debe ser totalmente independiente (sin puertas ni ventanas) que comuniquen a otros espacios físicos destinados a otros usos, como ser vivienda familiar, depósitos, etc. No sería el caso de los supermercados donde se conectan varios espacios dentro del mismo local. Requerir a las carnicerías que ya están habilitadas y no cuentan con la norma anterior detallada, que se adecuen a la misma en un plazo perentorio de 30 días a partir de su notificación. En caso de imposibilidad de hacerlo, otorgar 30 días más, con un compromiso escrito del comerciante de permitir a los agentes de inspección bromatológica el acceso a todas las dependencias que se encuentran comunicadas con el local comercial (ya sea por cortinas, puertas, ventanas, etc.).
Eliminar las actividades comerciales que no figuran bajo el rubro de carnicería donde se comercializan productos cárnicos vacunos trozados (milanesas, albóndigas, hamburguesas, embutidos, etc.), ya que no permite un control bromatológico eficiente y facilita la intromisión de carne de dudosa procedencia para la comercialización” detalla el proyecto. Los integrantes del grupo rural consultados coincidieron en la necesidad de avanzar con las distintas cuestiones planteadas en la primera reunión: “de esta manera se simplificaría enormemente el accionar de las autoridades de contralor; por eso consideramos esta petición, una posible solución para el control sanitario y mermar así el problema que está instalado en la sociedad: el abigeato.
Mientras, el abigeato goza de buena salud.
