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No convertir a los chicos en enemigos sociales

Desde hace años se debate en la sociedad qué hacer con los menores que delinquen, si bajar o no la edad de imputabilidad de los 16 años a los 14 o incluso a los 12.

En 2009, el Senado le había dado media sanción a una ley para bajar esa edad, pero la Cámara de Diputados rechazó la propuesta. La ley 22.278, creada en 1980 durante la última dictadura militar, fija que no es punible el menor que no haya cumplido los 16 años.

El crimen del adolescente asesinado por otro de 15 años en Flores, Buenos Aires, en la víspera de Nochebuena, reavivó el debate por la baja de la edad de imputabilidad.

Rápidamente el Gobierno, en el inicio de un año electoral, busca tomar la iniciativa y adelantarse a la oposición en un tema que fue la vedette elegida en las últimas campañas.

Así, cuando vuelva de sus vacaciones, uno de los primeros decretos que firmará Mauricio Macri será para oficializar la convocatoria a una comisión especial que se encargará de analizar y confeccionar un anteproyecto para reformar el régimen penal juvenil y reducir la edad de imputabilidad a 14 años con distintas escalas según el delito cometido: la pena de prisión sería sólo para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas.

La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió que el proyecto del Gobierno nacional para bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años “no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática”. Además, pidió no convertir a los chicos infractores a la ley penal en “enemigos sociales”.

Desde el Episcopado remarcaron que dicho proyecto no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones “Ni un pibe menos por la droga”, que hicieron en noviembre pasado y que fue asumido por el Gobierno nacional por decreto en diciembre.

Mediante un comunicado, enfatizaron que no alcanza con reducir la edad de punibilidad ni aumentar las penas si no se garantiza el cumplimiento del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

“No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil convirtiendo a los chicos infractores de la ley penal en casi enemigos sociales.‘

También recordaron la postura de Jorge Bergoglio, hoy papa Francisco, que cuando era cardenal y arzobispo de Buenos Aires se manifestó en contra de la institucionalización de los chicos y dijo que los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados.

“No podemos mirar solamente la fotografía del hecho que han cometido sino que debemos mirar la película de su vida para atrás y así seguramente advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares, que también habrá que considerar y hacer cumplir”, sostuvieron en el texto.

En ese marco, advirtieron que el Estado no puede desconocer que la mayor parte de los chicos que cometen delitos son pobres, varones en su mayoría, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización y que provienen de familias desintegradas y de baja calificación laboral.

Los obispos volvieron a recordar las palabras de Bergolgio de 2005 cuando dijo: “Frente a esta realidad, aparece una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización”.

Cada vez que sucede un hecho grave, como el de Flores, protagonizado por menores, la dirigencia suele apelar a la reforma de la ley; pero las soluciones no pasan por el sistema penal ni por la prisión, sino por atender situaciones sociales que deben ser atendidas por el Estado.

Bajar la edad no es la respuesta. Cada chico marginado, abandonado, sin acceso a la educación y la salud, y que puede encontrarse involucrado en una cuestión penal, es la expresión cabal no sólo de una injusticia sino de un fracaso institucional. Fracaso que incluye tanto a la familia como también a sus vecinos, a las instituciones barriales, a su parroquia y a los distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones.

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