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Desarrollo Social explica los motivos del traslado e internación de la mujer buscada por su hermana

Esta semana NORTE hizo pública la preocupa­ción de Ramona Álvez, que buscaba a su herma­na. La mujer cuestionaba a la policía y a un área de Desarrollo Social por haber llevado a la fuerza a Irene. Autoridades de ese Ministerio aclararon que Irene Álvez es una persona con padecimien­to mental que en un estado de descuido general debió ser asistida en una clínica mental. Además se explica que las medidas fueron dispuestas por la Justicia, luego de haber consultado a familia­res, que negaron hacerse cargo de los cuidados.

Ramona, de 73 años, también había denuncia­do ocultamientos en varias oficinas que sabían el paradero de su hermana de 71 años: la Dirección de Adultos Mayores, una clínica y una comisaría, además de maltrato del personal que la atendió.

Descuido general  

Ramona Alvez en el medio de una pesadilla que expone la falta de garantías para derechosciviles elementales.

En un informe al que NORTE tuvo acceso se señala que pese a que Irene contaba con una vivienda, se la veía la mayor parte del día en la zona comercial de avenida Ávalos, entre Rivada­via y Lavalle.

Cuando la contactaron se describe que su aspecto era de descuido general, a la falta de higiene se sumaba la falta de alimento. También había testimonios que la vieron deambular semi­desnuda o desnuda en algunas ocasiones. A la mujer además la acompañaban tres perros, que se describen como hostiles con los transeúntes.

Intervención de la Justicia  

A mediados de diciembre Patricia Sa, a cargo del Juzgado del Menor Nº 2, pidió a las autori­dades de Pami aplicar medidas concretas para evitar que siga deambulando en la vía pública.

La jueza pedía “se arbitren los recaudos nece­sarios para que reciba tratamiento adecuado a su patología, en forma ambulatoria o en caso de ser necesario proceder a una internación, por el menor tiempo posible”.

Para ese fin, el oficio 5.186 además facultó a actuar a la defensora oficial Olga Lockett.

Para evitar su institucionalización se informa que la defensoría oficial citó a dos familiares (hermana y sobrina), ambas personas seña­laron que no podían hacerse cargo de atender a Irene.

En simultáneo la Justicia pidió que intervención del Poder Ejecutivo. En ese trámite el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Adultos Mayores, asegura que intervino para garantizar una atención apropiada.

El 29 de diciembre un equipo del servicio de Salud Mental, del Ministerio de Salud Pública; agentes de Desarrollo Social y policías traslada­ron a una clínica privada. Los pasos fueron bajo responsabilidad de la defensora Lockett.

Versión de familiares  

Ramona Eulogia Álvez y su sobrina, Beatriz Al­vez contaron a NORTE que averiguar adónde ha­bían llevado a su hermana fue “vivir una odisea”.

En la nota publicada el martes mencionó que el grupo de policías y funcionarios de Desarrollo Social que la trasladó no comunicó a los familia­res los motivos ni el sustento legal de la medida. Como demoró varios días para confirmar que estaba internada en una clínica psiquiátrica, tam­bién planteó sospechas de un intento por quitarle dinero o la vivienda en un terreno de un impor­tante valor por su ubicación, por Rioja y calle 1.

Otra mirada 

Por versiones Ramona pasó de la Comisaría Segunda al Ministerio de Desarrollo Social (Di­rección de Adultos Mayores), hasta llegar a una clínica psiquiátrica y finalmente a una fiscalía penal.

La mujer también contó que antes de jubilarse y mudarse a Resistencia, Irene trabajaba como enfermera del hospital Italiano, en Buenos Aires. Hoy tiene una casa vecina a la suya.

Para señalar que su hermana podía vivir con autonomía, a pesar de dar muestras de tener momentos de haber perdido la conexión, Ramo­na asegura que estaba lúcida la mayor parte del tiempo y podía administrar sus haberes previsio­nales, al punto de abrir un plazo fijo en el banco para ahorrar.