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Mejorar el nivel de transparencia legislativa

Según los datos arrojados por el Índice Latinoamericano que elaboró la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, la Argentina se mantuvo en esta última medición por debajo de la media regional en lo que respecta al acceso a la información pública y la rendición de cuentas de los Congresos de la región en base a estándares internacionales.

El trabajo que realiza esta red tiene como objetivo sistematizar y analizar información relevante sobre los poderes legislativos y monitorear las tareas que desempeñan los Parlamentos de la región desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a la información pública desde una perspectiva ciudadana. En esta última medición, que se realizó en base a datos del año que acaba de concluir, los países cuyos Congresos lograron mejor desempeños fueron Costa Rica con un 72%, Chile con el 64% y Paraguay con el 62%. En esta edición fueron monitoreadas las actividades de los Congresos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Republica Dominicana, y de los resultados publicados por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa se desprende que los Parlamentos de Latinoamérica todavía están lejos de cumplir con la apertura y transparencia que son esperables de estas instituciones fundamentales para el sistema democrático dado que los resultados arrojaron un promedio del 50% de transparencia legislativa.

Argentina se ubicó en el undécimo lugar de este ranking con un 39% y de esa manera se posicionó apenas por encima de República Dominicana (37%) y Venezuela (20%). Si se compara el desempeño del Congreso argentino con los datos que arrojó la medición anterior, es decir la que se realizó en 2014, el aumento del nivel de transparencia del Congreso Nacional no llegó al 5%. Según observó la Asociación por los Derechos Civiles, una de las organizaciones civiles miembros de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, mientras que los aspectos relacionados con lo normativo resultaron los más transparentes del Congreso argentino, al establecer una norma o garantías escritas que faciliten la publicación de información, los aspectos relacionados con presupuesto y gestión administrativa, al igual que en 2014, fueron los que presentaron menores niveles de transparencia. Por otra parte, en lo relacionado con la transparencia en el proceso legislativo y de formación de leyes, se ha retrocedido un 1,73% respecto de la medición anterior. Lo que más llama la atención es que mientras que el promedio de mejora de la región fue del 12%, el de Argentina fue sólo del 3% respecto del sondeo realizado en 2014. El informe advierte que el nivel de transparencia legislativa de Argentina resulta aún insatisfactorio tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados de la Nación y plantea que la imposibilidad de superar el umbral del 50% deriva de la existencia de una normativa que es insuficiente y, además, está desactualizada, a lo que debe sumarse el incumplimiento de la misma y la existencia de altos niveles de discrecionalidad.

En lo que se refiere a la labor del Congreso nacional, el trabajo de la Red Latinoamericana sostiene que el nivel de transparencia resulta deficitario principalmente por la inexistencia de un registro de obsequios a los legisladores, y también porque el seguimiento del trabajo en comisiones resulta dificultoso debido a la imposibilidad de acceder fácilmente al registro de asistencias, versiones taquigráficas de dichos encuentros en su totalidad y textos correspondientes a los dictámenes de comisión.

El Congreso Nacional debe mejorar los niveles de transparencia, y para eso debe promover medidas que permitan al conjunto de la ciudadanía conocer los mecanismos que hacen al funcionamiento legislativo, saber cómo se ejecutan los presupuestos y cómo cada ciudadano puede involucrarse en la toma de decisiones parlamentarias. En las conclusiones del informe de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa se recomienda además que el Congreso nacional cumpla en forma efectiva con la normativa ya existente, incorpore en ella cuestiones relacionadas estrictamente con la transparencia, estandarice procesos y disminuya los altos niveles de discrecionalidad existentes actualmente, todo lo cual contribuirá sin dudas a consolidar la calidad del sistema democrático.

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