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Human Rights Watch advierte que el acoso al juez “amenaza la independencia judicial”

Consideran que el gobierno quiere destituir a “un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”.

Human Rights Watch advirtió este martes sobre la irregularidad de la denuncia que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, presentó contra el juez federal Alejo Ramos Padilla para que se investigue si cometió un “mal desempeño” como funcionario público. 

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BUENOS AIRES, 19 - El juez Ramos Padilla durante su intervención en Diputados. Human Rights precisa que lo que dijo en esa ocasión es información publicada en el portal judicial de la Nacion y no información clasificada (NA).

El magistrado es cuestionado desde el Gobierno nacional luego de que asistiera por una citación al Congreso para exponer sobre la causa por presunta extorsión y espionaje ilegal que el espía y falso abogado Marcelo D’Alessio habría realizado en nombre del fiscal Carlos Stornelli.

La ONG, integrada por profesionales de derechos humanos y reconocida por la investigación y presentación de informes imparciales, asegura que “el gobierno debe retirar su solicitud” para investigar al magistrado de Dolores, ya dicha presentación que pone en riesgo la independencia judicial.

“Cualquier juez puede ser investigado cuando haya una causa que lo amerite; sin embargo, el gobierno no ha presentado ningún motivo convincente para justificar una investigación contra el juez Ramos Padilla”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Lo que dijo el juez era público”

En esa línea, Vivanco apuntó a que pareciera que el gobierno “está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”. En ese sentido, Human Rights Watch señaló que el Ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano, al pedir que se investigue al juez Ramos Padilla, indicó que el juez había violado el Código Procesal Penal argentino al divulgar pruebas al público durante su audiencia en el Congreso.

Sin embargo, plantearon que “la mayoría de las pruebas que presentó el juez ya habían sido divulgadas el 25 de febrero cuando el sitio web del Poder Judicial publicó el procesamiento de D’Alessio”. “Es habitual que el sitio web publique procesamientos en casos de interés público”, argumentó la organización.

“Los jueces de instrucción usualmente brindan información al público sobre investigaciones en curso, pero rara vez las autoridades argentinas han solicitado que se inicie una investigación en su contra, lo cual siguiere que se trataría de un preocupante caso de doble estándar” expresaron. Garavano tildó de “juez militante” a Ramos Padilla y dijo que su exposición fue “irregular”.

El caso de los periodistas rosarinos

Respecto del accionar del juez de Dolores, el artículo considera que Ramos Padilla “se limitó a presentar las pruebas disponibles (...) y aclaró que la prueba podía interpretarse de distintas formas o que el acusado podría haber fabricado pruebas falsas y que el análisis de la Comisión Provincial no era concluyente para la investigación”, en referencia a la acusación del Gobierno que sostiene que en dicha exposición el juez demostró que carecía de ’ecuanimidad’ porque sostuvo por sostener como verdaderos hechos que todavía no han sido verificados.

Por último, en relación con el accionar de los periodistas involucrados en la causa, Vivianco expresó que “cualquiera sea el resultado de esta investigación, ningún periodista puede ser perseguido penalmente solamente por publicar información y proteger a sus fuentes”, en referencia a los profesionales de Radio Dos de Rosario, a quienes se intentó despedir por denunciar la intromisión de D’Alessio en la cárcel donde están detenidos líderes de la banda de narcotraficantes Los Monos y el posible suministro de datos sobre domicilios de funcionarios que fueron objeto de atentados el último año.