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Eduardo López
Por: Eduardo López

Servicios públicos, derechos humanos

Uno de los principales problemas que se le presentan a los ciudadanos en estos días es el pago de los servicios públicos, en especial los de energía, que además de ser caros, en muchos casos y lugares, son ineficientes. Las movilizaciones que se están haciendo en distintas localidades de la provincia son prueba de ello.

En el Chaco, según el artículo 54 de su Constitución: “Los servicios públicos pertenecen al Estado provincial o a las municipalidades y no podrán ser enajenados ni concedidos para su explotación, salvo los otorgados a cooperativas y los relativos al transporte automotor”. En una palabra, que esos servicios son responsabilidad del Estado. Nos estamos refiriendo a los de energía, agua potable y transporte, sobre todo.

Según las Naciones Unidas: “Los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social. Los servicios públicos de suministro de calidad son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza. Los gobiernos son responsables, en último término, de asegurar el acceso fiable y universal a los servicios en unos marcos normativos que prevean la rendición de cuentas”.

La incidencia de los costos de estos servicios en el presupuesto familiar se ha incrementado notablemente, considerando que un sueldo mínimo está cercano a los 12.000 pesos y una jubilación no llega a 10.000. Hasta fines de 2015, si se comparaba lo que pagaban ciudadanos de Capital Federal y Buenos Aires, de barrios chetos como Recoleta o Norte, por la luz -50 pesos por bimestre- contra lo que se pagaba en el Chaco entre cuatro y seis veces más por mes. El nuevo gobierno prometió subsanar esa diferencia y como tantas otras cosas, no lo cumplió.

Hoy sucede que no hay aumento que no repercuta en nuestras tarifas. De modo que antes y ahora seguimos siendo “los hijos de la pavota”, comparándonos con nuestros connacionales. Como en tantas otras cosas en servicios públicos hemos ido para atrás en vez de avanzar.

Agua y luz: derechos humanos

Hoy, esos servicios, forman parte del núcleo de los llamados derechos humanos. Tener agua potable, luz, energía para las casas, transporte para ir al trabajo o a las escuelas son servicios que tienen que estar al alcance de todos y deben ser garantizados por el Estado, aún a pesar de que represente una pérdida económica. Es cierto que hay hoy una tarifa social, que representa un subsidio y que está a punto de aprobarse por ley provincial. Pero los legisladores deberían también ponerse las pilas para idear una nueva forma de pagar los servicios. Por empezar el Estado -responsable de ofrecerlos- no es una empresa que tenga como objetivo el ganar plata. Sino, como lo dice la palabra, servir a los ciudadanos y sobre todo a los más desprotegidos. Para la fijación de las tarifas de pago debería tenerse en cuenta el nivel de ingresos salariales además del consumo, como sucede en otros países. No se puede quedar con que “siempre se hizo así”. Hay que buscar nuevas formas de financiamiento de esos servicios públicos.

Nadie dice que no se paguen, pero sí que se haga de acuerdo con los ingresos de cada familia y que, además, el Estado cumpla con su cometido de proteger a sus miembros que no pueden estar en continua zozobra para afrontar de esos servicios que constituyen un verdadero derecho humano como el de la Educación, o de la alimentación. Para ello debe vigilar y eficientizar el funcionamiento de las empresas prestadoras con disminución de costos, sobre todo laborales evitando los ñoquis y los amigos, que nada tienen que hacer en esas empresas.

Alguna vez ilusoriamente se teorizó que esos servicios del Estado deberían ser de escasa incidencia en los presupuestos familiares y lo que pasa hoy es todo lo contrario. Una demostración de cuánto se ha retrocedido en ese aspecto es el incremento de la pobreza, que tiene mucho que ver con lo que pasa con los servicios públicos.

Situación de Secheep

Un párrafo aparte merece la empresa generadora y distribuidora de energía Secheep, intervenida en marzo de 2015, por el gobernador Jorge Capitanich, tras el regreso de su licencia para ejercer la Jefatura de Gabinete de la Nación. Se dijo entonces que una intervención fue una decisión extrema. Fue cortar por lo sano algo que andaba mal y que no se podía remediar con cambios superficiales. Si Capitanich tomó esta medida en su octavo año de gestión, y a sólo nueve meses de entregar el poder, debió tener sus graves motivos y fue una manera de reconocer que ese fue un sector deficitario en su gobierno.

Entre lo dicho entonces por el gobernador y el interventor, se sentía que había que refundar Secheep, que estaba haciendo todo mal para afuera, con los usuarios, y para adentro, con pésimo servicio, con derroche de fondos, con exceso de personal no idóneo y con muchos privilegios para la extensa nómina de funcionarios ejecutivos.

Es cierto que las empresas estatales deben funcionar con eficiencia, con conducciones idóneas y cuidando los fondos para no cargar con sus pérdidas el erario público. Pero lo es también que es la prestadora de un servicio, lo que implica inversiones constantes y que, además, es un sofisma pretender que, con la recaudación, además de cubrir los gastos operativos, debe solventar el plan de inversiones, el que debe ser financiado de otra manera y potenciado en el caso de tener superávit. Lo cierto es que desde hace casi un año se busca refinanciar una deuda casi imposible. Es evidente que también aquella intervención fue un fracaso.

 

Copla de Aledo

 

Mala suerte, mala suerte

la del colono del Chaco;

el agua se llevó todo,

menos las deudas del Banco.

Aledo Luis Meloni, “Poesía elegida” (2011)