Paraguay: cuando la Constitución llega antes que la calle

En menos de cinco días, Paraguay pasó de intervenir un banco a destituir a su presidente y detenerlo en su casa. El lunes 2 de noviembre el Banco Central resolvió Ueno Bank. El jueves 5, Santiago Peña renunció y el Congreso no le aceptó la renuncia. El viernes 6, el Senado lo destituyó por 44 votos sobre 45, y esa misma noche la Fiscalía lo imputó y ordenó su detención domiciliaria. Pedro Alliana juró como presidente.

Mi posición es clara, y la sostengo en términos constitucionales: Paraguay acaba de dar una lección institucional a la región. Frente a una crisis financiera que dejó sin acceso a sus ahorros a casi tres millones de clientes, cada órgano hizo lo que la Constitución le manda. El Banco Central intervino, Diputados acusó, el Senado juzgó y destituyó, la Fiscalía actuó y la sucesión se produjo sin vacío de poder. En una región acostumbrada a que las crisis se resuelvan en la calle, eso no es poco. Lo que sigue no le quita mérito a ese funcionamiento, pero obliga a anticipar cuál será, previsiblemente, la estrategia de Peña en las instancias que vienen.

Primera cuestión

¿Podía juzgarse a un presidente que ya había renunciado? Sí, y el Congreso hizo bien en hacerlo.

El artículo 202 de la Constitución paraguaya le atribuye al Congreso la facultad de aceptar o rechazar la renuncia del presidente. La renuncia, entonces, no produce efectos por sí sola: necesita un acto del Congreso. Ese acto nunca existió, porque la sesión que debía tratarla se quedó sin quórum cuando los legisladores oficialistas se retiraron. Peña siguió siendo presidente, y el Senado conservó su competencia para juzgarlo.

Pero el argumento decisivo no es procesal, es sustancial. El artículo 189 convierte a los ex presidentes electos democráticamente en senadores vitalicios, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y hallados culpables. Si la renuncia se hubiera aceptado antes del veredicto, Peña se habría ido con una banca vitalicia asegurada. La renuncia habría funcionado como una amnistía autoconcedida. Con la condena, esa puerta quedó cerrada.

Nuestra Constitución llega al mismo lugar por otra vía: el artículo 60 permite al Senado, además de destituir, inhabilitar al acusado para ocupar cargos de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. En ambos sistemas, el juicio político sobrevive a la vacancia porque tiene efectos que van más allá del cargo.

Segunda cuestión: ¿había causal?

También sí. El artículo 225 admite el juicio político por mal desempeño de funciones, y el mal desempeño no exige un delito ni un acto firmado. Es responsabilidad política, no penal.

La defensa sostuvo que el libelo no identificaba una sola decisión de Peña a favor del banco y que la maniobra investigada se armó después de que él vendiera sus acciones en Ueno Holding, a fines de marzo de 2025. Es un argumento atendible en un juicio penal.

En un juicio político, no alcanza. Designar al frente del Banco Central a quien había presidido la financiera que dio origen al banco controlado, y tolerar que la caja de los jubilados superara durante meses el límite legal de concentración en esa entidad, son decisiones de gobierno. Exactamente lo que el artículo 225 permite juzgar.

Y la mayoría no deja dudas: 78 votos en Diputados y 44 en el Senado, sobre un umbral de dos tercios. No hubo una minoría circunstancial imponiéndose; hubo un consenso que incluyó al propio partido del presidente.

Tercera cuestión: el debido proceso como teoría del caso de la defensa

Si Peña busca cuestionar su destitución en otras instancias, su teoría del caso probablemente se construirá sobre el debido proceso. Conviene anticiparla, porque tiene apoyo normativo, pero también respuestas sólidas.

Desde mi opinión, los hechos sobre los que se apoyaría son estos. El Senado abrió el juicio el jueves a la noche y votó la destitución el viernes a las 18.51. Antes había rechazado, por 39 votos contra 3 y 2 abstenciones, el pedido de 72 horas que hizo Peña para preparar su defensa, y le concedió media hora para presentarse. Peña no fue; lo representaron sus abogados, y el Senado lo juzgó en ausencia.

Con esa base, la defensa invocaría el artículo 17 de la Constitución paraguaya, que garantiza, en el proceso penal o en cualquier otro del cual pueda derivarse pena o sanción, la comunicación previa y detallada de la imputación y los medios y plazos indispensables para preparar la defensa (inciso 7). Su premisa sería que la destitución es una sanción.

Buscaría apoyo en dos antecedentes. El primero, el juicio a Fernando Lugo en 2012, que duró menos de cinco horas en el Senado, con dos horas para la defensa, y derivó en la suspensión de Paraguay del Mercosur durante cerca de un año. El segundo, el caso "Ríos Avalos y otro", en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2021 al Estado paraguayo por el juicio político que en 2003 destituyó a dos ministros de la Corte Suprema.

Aquel fallo se apoyó sobre todo en la independencia judicial y la imparcialidad, pero fijó una regla general: las garantías del artículo 8 de la Convención Americana rigen ante cualquier autoridad pública cuyas decisiones afecten derechos, también la legislativa. El camino sería largo: agotar la vía interna con una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema y luego peticionar ante la Comisión Interamericana, la única que puede llevar el caso a la Corte Interamericana.

Pero esa teoría encuentra respuestas firmes. La Constitución paraguaya no fija plazos para el juicio político y deja su regulación al propio Congreso. Peña conoció la acusación desde que se presentó el libelo, el miércoles 4, y su defensa técnica estuvo en el recinto y alegó.

A diferencia del caso Lugo, el resultado no dividió al sistema político: lo votaron todos los diputados y senadores presentes, 78 y 44, incluido el partido del propio presidente. Y a diferencia de "Ríos Avalos", no se juzgó el contenido de sentencias judiciales, sino la responsabilidad política del jefe del Poder Ejecutivo, que es exactamente aquello para lo que existe el juicio político.

La celeridad, además, tenía una razón institucional: un presidente que ya había anunciado su renuncia no podía seguir conduciendo el país en medio de una crisis bancaria.

Cuarta cuestión: la detención

Minutos después de la destitución, la Fiscalía anticorrupción imputó a Peña por lesión de confianza y otros hechos punibles y dictó su detención en su domicilio. La misma orden alcanzó al ex presidente del Banco Central, Carlos Carvallo.

La secuencia es constitucionalmente correcta en su lógica. El artículo 225 dispone que, si hay delitos, los antecedentes pasan a la justicia ordinaria: el juicio político remueve, la justicia penal juzga. No hay doble juzgamiento porque son responsabilidades distintas. Nuestro artículo 60 dice lo mismo.

 Y en la Argentina, la Ley 25.320 resuelve el punto con claridad: un funcionario sujeto a juicio político puede ser investigado, pero no detenido mientras no sea removido. Paraguay siguió, de hecho, esa misma secuencia.

La detención dispuesta por el fiscal tampoco es ilegal en sí misma. El artículo 12 de la Constitución exige orden escrita de autoridad competente, y el artículo 240 del Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público a ordenarla, con una condición innegociable: el detenido debe ser puesto a disposición de un juez dentro de las 24 horas.

Que sea legal no significa que la defensa no vaya a discutirla. Peña estaba en su casa, dijo que se sometía al proceso y la detención es domiciliaria; es previsible que su defensa invoque la presunción de inocencia del artículo 17 y el artículo 19, que reserva la prisión preventiva para cuando sea indispensable. La respuesta está, otra vez, en el diseño institucional: el sistema prevé su propio control, porque obliga a que un juez de garantías revise la medida dentro de las 24 horas y resuelva con fundamentos concretos.

El espejo argentino

En diciembre de 2001, un corralito también derrumbó a un presidente. Pero Fernando de la Rúa renunció, la Asamblea Legislativa aceptó la renuncia y nunca hubo juicio político. La responsabilidad política se diluyó en la emergencia.

Paraguay eligió el camino inverso: no aceptar la renuncia, juzgar y destituir. Desde el punto de vista institucional, es mejor. La responsabilidad política quedó declarada por el órgano que la Constitución prevé, y no por la presión de la calle. Ese es su mérito, y no hay que regárselo.

Y lo hizo sin vacío de poder: esa misma noche, el vicepresidente juró ante el Congreso y asumió la Presidencia hasta 2028. Nosotros, en 2001, tuvimos cinco presidentes en poco más de diez días. Paraguay tuvo uno nuevo en cuestión de horas, por la vía que su Constitución prevé. Las instituciones no se detuvieron ni un día.

Alliana asumió prometiendo resarcir a las víctimas de Ueno. Es la promesa correcta, y la Constitución paraguaya le da base: el Estado responde subsidiariamente por las faltas de sus funcionarios. Pero conviene recordar que Alliana estaba incluido en el libelo original y que la mayoría colorada de Diputados lo excluyó de la acusación.

Peña ya perdió el cargo y la banca vitalicia, y ahora enfrenta a la justicia penal. El ahorrista que quedó por encima del tope de la garantía sigue sin su dinero. ¿Alcanza con castigar a un presidente para reparar a un país, o la destitución terminará siendo la manera más eficaz de no preguntar por todos los demás?

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(El autor es abogado. Profesor de Derecho Constitucional -UNNE – UCP).